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Un peso por litro: el impuesto más caro del país

Un peso por litro: el impuesto más caro del país
febrero 22
2016

El impuesto a bebidas azucaradas y refrescos se convirtió en un gravamen al que todavía no se le pueden medir los beneficios ni evaluar su efectividad para combatir la obesidad.

Cinco millones de dólares al año. Esa es la cifra que, según la Secretaría de Salud, se pierde en el mantenimiento de la estructura orientada al control, tratamiento y prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas en México, país que ha sido catalogado recientemente como el primer lugar en obesidad a nivel ¿mundial, superando incluso a su vecino del norte. Agregado al gran impacto local, la obesidad es una tendencia global, que daña sensiblemente las expectativas de vida y de producción de los individuos y obliga a las naciones a hacer gastos extraordinarios en su combate.

En vista de esto, los legisladores de los diferentes países han buscado alternativas para combatir el sobrepeso para promover la actividad física o para reducir la ingesta calórica de la población, uno de los controles más recientemente establecido en diferentes países del mundo es el impuesto a los alimentos de alto contenido calórico, así como el gravamen en contra de las bebidas azucaradas y refrescos, argumentando que son la principal causa de obesidad en la población.

En el ámbito internacional hay al menos cinco países que cuentan con algún tipo de impuesto a las bebidas azucaradas, México es uno de ellos gracias a la legislación aprobada en 2014 y ratificada recientemente por el Congreso de la Unión del impuesto de 1 peso por litro de refresco. Otros casos notables son Berkeley, California; Dinamarca y Noruega, entre otros. Si bien la aplicación de controles tributarios a la venta de bebidas azucaradas podría parecer, a primera vista, una acción positiva orientada a controlar el consumo, tenemos que ponderar por una parte los beneficios propuestos por las autoridades sanitarias y, por la otra, la evidencia estadística y empírica sobre las consecuencias reales de gravar bienes de consumo y contextualizar el rol que juegan los refrescos en la sociedad mexicana y, en específico, el impacto que generan en los diferentes estratos socioeconómicos.

En territorio nacional la Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (LIEPS) establece, en su segundo artículo, el impuesto a bebidas azucaradas y refrescos, materializando un costo de 1 peso por cada litro del bien, acción que ha elevado el precio casi 10%, acción que, en teoría, debería reducir su consumo, con esta base se puede pensar que la efectividad de estas políticas es segura, pero al ponderar estos datos contra los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, nos encontramos que el impuesto a las bebidas azucaradas no solo es regresivo en su naturaleza, sino inefectivo y; por lo tanto, injustificable. El presente ensayo se dividirá en tres secciones. Primero, se mostrará un panorama internacional de las legislaciones tributarias pertinentes, después se hará un análisis de dichas medidas y se compararán con la legislación mexicana, ponderando al mismo tiempo su efectividad, equidad y proporcionalidad, para finalizar con una opinión sobre la constitucionalidad del impuesto y sobre su viabilidad como una medida real para el control de la obesidad y el sobrepeso.

PANORAMA INTERNACIONAL

El gravamen de las bebidas azucaradas ha sido una batalla constante entre legisladores, consejos médicos y empresas embotelladoras. Por ejemplo, Estados Unidos de América (EUA) es el segundo país con mayor obesidad del mundo, y solo cuenta con dicho impuesto en Berkeley, California. Esto tiene explicación en la fuerte presencia de las compañías embotelladoras en el país, y a los resultados estadísticos que prueban que el aumento del precio no influye en los índices de masa corporal de una población.

En el caso europeo nos encontramos con Dinamarca y Noruega. Este último es el único país que, al igual que México, tiene un impuesto a nivel federal para los refrescos. Dinamarca fue el primer Estado en imponer una contribución a los refrescos, pero se abolió en 2013 por el poco efecto sanitario que tenía y sobre el daño a la economía nacional. Unos meses previos a la abolición del impuesto, 70% de la población danesa consideraba el impuesto como “malo” o “muy malo”, demostrando que su efecto negativo no solo era estadístico, sino también en materia de bienestar y opinión pública.

EFECTOS, COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Bajo el supuesto de que el impuesto reduce el consumo de refrescos debido al aumento en el precio, se tiene que entender el concepto de elasticidad y enmarcarlo al ámbito nacional.

La elasticidad es un término económico usado para reflejar el grado de cambio que presenta una variable al modificar otra, cuánto disminuye el consumo de un bien al aumentar su precio. Expone la sensibilidad de una variable a la otra y determina si realmente hay afectación entre ellas. En el caso del refresco, un estudio de la Asociación Americana de la Salud Pública muestra una elasticidad de -.79, es decir, por cada 10% que incremente el precio del refresco el consumo debería disminuir 7.9%.

En un estudio similar realizado en México y publicado en Economics and Human Biology, se demostró que el precio de las bebidas azucaradas presenta una elasticidad precio en la demanda de -1.06 para refrescos y de -1.16 para bebidas azucaradas, lo anterior significa que un incremento de 10% en el precio de dichos bienes se debería traducir como una reducción de 10.6% y 11.6%, respectivamente, en su consumo. Como muestra de lo anterior, el sector de embotelladoras de refresco reportó que durante 2014 las ventas de refrescos bajaron, en promedio, 6% en territorio nacional.

Aunque podría parecer que la efectividad de este impuesto está asegurada, se tienen que evaluar, por una parte, los modelos estadísticos, y por otra la evidencia empírica. Desafortunadamente en México no hay estudios concluyentes que relacionen la imposición con la disminución en el índice de masa corporal de la población; por lo tanto usemos como referencia los estudios publicados por el Centro de la Libertad del Consumidor en EUA, así como los publicados en el Diario de Política Económica Contemporánea, que demuestran que el gravar a una tasa de un centavo de dólar por onza de refresco solo disminuiría el consumo de 9 calorías por día en el ciudadano promedio y que dicha reducción presenta un efecto bajo o nulo en las medidas de salubridad del país vecino.

Ningún impuesto establecido a la fecha es tan agresivo como el mexicano, los impuestos a los refrescos se encuentran en un rango de 2 a 7.5%, en México el impuesto asciende a 10%, si se agrega la relatividad al salario mínimo mexicano a la ecuación, el impuesto al refresco nacional es, por mucho, el más alto del mundo; por lo tanto los estudios mencionados solo pueden proveer cierto marco de referencia, mas no explicar o predecir el escenario mexicano en su totalidad. A la fecha no hay ninguna evidencia de que el gravamen de los refrescos tenga efectos reales en los índices de obesidad de un país.

10% asciende el impuesto a refrescos en México, mayor que en otros países.»

La razón de todo lo anterior se encuentra en la premisa básica de combatir la obesidad. La obesidad es la diferencia excesiva entre las calorías consumidas y las utilizadas, en México se han etiquetado a las bebidas azucaradas como las principales causantes del padecimiento, pero después de una revisión y estudios de la Secretaría de Salud se encontró que en la dieta diaria de un individuo promedio la ingesta de refrescos no representa la mayor fuente calórica del menú, ni siquiera la segunda, el pan y otros alimentos basados en harina ocupan los dos primeros puestos de la lista. Datos de la misma dependencia aseguran que la principal fuente de obesidad es el abuso de tortillas, carnes, pan; tacos, tortas, tamales, etcétera.

En la medida que se deje de tratar a ciertos productos como “tóxicos” y se atiendan las verdaderas causas del padecimiento, como lo son la cultura alimenticia mexicana y el sedentarismo, se podrán empezar a ver los efectos deseados en los índices de salud públicos.

Si bien el efecto de sustitución hace que los índices de masa corporal se mantengan al alza, cambiar el azúcar de un refresco por otra fuente de calorías podría contribuir a incrementar otro padecimiento en México: la diabetes. Al momento no se han realizado estudios al respecto, pero podría ser una oportunidad de defender la efectividad de una medida que, a la fecha, no ha demostrado tener el impacto esperado.

Se ha mencionado que, gracias al impuesto establecido, el consumo de las bebidas azucaradas ha disminuido significativamente, pero ¿quién ha dejado de consumir? De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Salud Pública, la mayor reducción en el consumo se presentó en las clases socioeconómicas más bajas, es decir afectó más a los que menos tienen. Un estudio de 2007, publicado en el Forum for Health Economics & Policy, concluye que la utilización de fat taxes o impuestos a alimentos y bebidas con alto contenido calórico es una medida demasiado agresiva y que en términos relativos al ingreso son las personas más pobres las que perciben una mayor afectación a su economía.

En México hay más de 53 millones de pobres, según las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a su vez existen serias deficiencias en la infraestructura que permite el suministro de agua potable en ciertas regiones del país, comúnmente los estados con mayor índice de pobreza son los más afectados, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se encuentran condiciones de nulo acceso a agua potable, hecho que obliga a los individuos a recurrir a las únicas bebidas embotelladas disponibles en la zona: los refrescos. La legislación actual impone una carga tributaria mayor, en relación con su ingreso, a estos individuos, limitando aún más su acceso a fuentes de alimentación y energía, haciendo de este impuesto uno claramente regresivo en su esencia y, por consecuencia, injustificable.

CONCLUSIÓN

El impuesto a las bebidas azucaradas y refrescos en México es una legislación relativamente reciente, cuyos principales beneficios o costos todavía no pueden ser medidos, si bien se entiende que, en teoría, este impuesto no solo disminuirá el consumo de estos bienes, sino que proveerá beneficios que serán usados directamente en la creación de programas de salud y de prevención a la obesidad, el correcto uso y aplicación de estos nuevos flujos de ingreso a la federación se tiene que comprobar a lo largo del tiempo. Por otra parte resulta fácil realizar evaluaciones comparativas y exponer las razones por las cuales este impuesto tiene un margen de efectividad bastante bajo, evidencia empírica y estadística de diferentes aplicaciones a lo largo del mundo respaldan los argumentos presentados en contra de esta contribución.

Los legisladores tienen realmente solo tres formas de controlar el consumo de cierto bien: restringir la mercadotecnia,  reducir la disponibilidad o incrementar los precios, aunque estas tres acciones han sido puestas en marcha en el caso de las bebidas azucaras y muchos otros alimentos, se sigue sin atacar la raíz del problema, la cultura alimenticia mexicana.

La obesidad es y será una simple diferencia entre las calorías ingeridas y las utilizadas, y el marcar ciertos elementos de una dieta como los “villanos de la película” es simplemente querer tapar el sol con un dedo. Esto sin mencionar las claras violaciones constitucionales incurridas por estos impuestos, al evaluar su efectividad, equidad y proporcionalidad, no se encuentran pruebas suficientes como para defender la justificación de dicho impuesto. En estas premisas se expone el verdadero problema de los impuestos orientados a controlar el consumo. Si son impuestos demasiado bajos, no generan suficientes incrementos en los precios como para afectar su consumo, pero si se modifican lo suficiente como para lograrlo, generan un componente regresivo y afectan no solo a la industria, sino a la economía como tal, haciendo a los pobres más pobres, creando inflación y promoviendo mercados negros.

Es necesario cambiar el enfoque de estas políticas, no es sostenible avanzar por la vía de la prohibición o el incremento de precios del producto, el problema está y debe ser resulto en su origen: el consumidor.

PRIMER LUGAR: “Legislación tributaria en México. Un peso por litro: el impuesto más caro del país”, escrito por Víctor Hugo Saavedra Espinosa, estudiante del Tecnológico de Monterrey (ITESM) campus Estado de México, quien obtuvo el primer lugar en el 10º Concurso de Ensayo Universitario “Carlos Pérez del Toro”.

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