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Transparencia en la información, estructuras en el extranjero

Transparencia en la información, estructuras en el extranjero
noviembre 01
08:11 2016

Los contribuyentes tienen la obligación de revelar las inversiones que mantienen en el extranjero, y con el marco actual de intercambio de información, el –fisco mexicano tiene un gran reto en cuanto a su manejo y confi–dencialidad.

Desde hace varios años, las autoridades fiscales han venido incorporando en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) distintas reglas con la intención de que los mexicanos informemos, como parte de nuestra declaración anual, los ingresos que generamos por los recursos mantenidos en estructuras creadas o constituidas en el extranjero (vehículos o entidades que pueden ser sociedades, trusts, asociaciones, fundaciones, fondos de inversión, entre otros), y en consecuencia paguemos los impuestos que derivan de dichos ingresos en el momento en que estos se generan.

Así, en el año de 1997 nacieron las reglas relacionadas  con las Jurisdicciones de Baja Imposición Fiscal (Jubifis), que en el ejercicio de 2005 fueron reformadas y se denominaron Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres). Estas nuevas reglas fueron modificadas para tratar de enfocarse no solo en las jurisdicciones donde tradicionalmente no se pagan impuestos, o bien se pagan impuestos a tasas muy bajas, sino también en todas aquellas estructuras ubicadas en cualquier territorio, jurisdicción o país, que permitan a los no residentes en dichos países tener un tratamiento fiscal preferencial.

Todos estos cambios han tenido una influencia muy importante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que como organismo internacional ha buscado a través de estudios, como los denominados Harmful Tax Competition y Base Erosion and Profit Shifting, evitar que las bases fiscales se erosionen con la migración de ingresos a este tipo de jurisdicciones, buscando que el pago de los impuestos permanezca en aquellos países donde se generaron.

A estos cambios hay que agregar los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) por conocer los recursos que sus nacionales mantienen en distintos países, que dieron lugar a la creación en 2010 de una ley denominada Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA), misma que derivó en una solicitud de reciprocidad en la entrega automática de información respecto de los nacionales de estos países con cuentas en los EUA. Esta regulación evolucionó a nivel internacional, por iniciativa de la OCDE, y derivó en la creación de un programa denominado Common Reporting Standard (CRS), que busca un intercambio automático de información entre todos los países firmantes del acuerdo.

Las reglas aplicables a los Refipres en 2005 establecen la obligación de presentar declaraciones anuales sobre las estructuras de inversión en el extranjero.”

UN NUEVO ACUERDO

A lo largo de la existencia de las reglas aplicables a las Jubifis y los ahora conocidos Refipres, la autoridad fiscal mexicana ha buscado obtener información de las estructuras mantenidas en el extranjero por residentes en México. Las razones para mantener los recursos a través de estructuras extranjeras han variado durante el tiempo. Para las generaciones que vivieron las grandes devaluaciones del peso ocurridas en los años 70 y 80, fue de gran importancia mantener sus recursos fuera del sistema financiero mexicano en moneda extranjera para lograr que el dinero mantuviera su valor; esta tendencia se mantuvo durante varias décadas, y al interés de las personas por mantener sus recursos fuera del país se agregó la necesidad de mantener cierto grado de confidencialidad, seguridad y secrecía, ya fuera para lograr fines de control patrimonial o bien de diferimiento en el pago de los impuestos, esto último bajo concepciones no necesariamente correctas de la aplicación de las normas fiscales. Lo cierto es que en todo este proceso existieron abusos y omisiones, que con el tiempo se ha buscado sean subsanadas, y ha derivado en la necesidad de las autoridades fiscales de hacerse de la mayor información posible.

Con la modificación y publicación de las reglas aplicables a los Refipres en el ejercicio de 2005, la autoridad estableció la obligación de presentar declaraciones informativas anuales en las que se entregara información a las autoridades fiscales respecto de las estructuras de inversión mantenidas en el extranjero. La obligación de información se estableció en tres supuestos particulares:

  • En aquellos casos en los cuales los ingresos generados a través de las estructuras estuviesen sujetos a las reglas de Refipres (ingresos gravados con un impuesto menor al 75% del impuesto que se pagaría en México por esos mismos ingresos, y aquellos ingresos generados a través de estructuras denominadas transparentes);
  • En casos donde se generen ingresos en alguno de los territorios señalados en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta generalmente conocida como Lista negra.
  • En aquellos en los que se realicen operaciones a través de figuras o entidades jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente.

Es importante destacar que en estos dos últimos casos, la obligación de informar existe aun cuando los ingresos generados no estén sujetos a las reglas de Refipres; esto es, puede tratarse de ingresos sujetos al pago regular de impuestos, pero si se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los incisos b) y c) anteriores, la declaración informativa es inminente.

No dejamos de advertir que el propio régimen aplicable a los Refipres contiene distintas excepciones para determinar si los ingresos obtenidos a través de las estructuras son sujetos o no a dichas reglas, como la falta de control, el que los ingresos que se obtengan deriven de actividades empresariales (siempre que los ingresos pasivos no excedan 20% de los ingresos totales), las regalías en algunos casos, entre otros.

Considerando estas excepciones, la autoridad fiscal, mediante reglas misceláneas, igualmente otorgaba facilidades para no presentar las declaraciones informativas, en aquellos casos en que los ingresos no calificaran como ingresos sujetos a Refipres bajo las excepciones señaladas en el párrafo anterior, o bien cuando los ingresos fuesen generados en territorios de la Lista negra, con los que México tuviese en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información.

A estas excepciones se sumaba la posibilidad de presentar las declaraciones informativas solamente con la información de las estructuras (nombre, dirección, territorio, tipo de entidad), sin que fuese necesario informar respecto del patrimonio que se mantenía en dichas estructuras, lo cual facilitaba el cumplimiento de esta obligación con la certidumbre de que el patrimonio de las familias no sería divulgado.

En 2010, el gobierno de los EUA promovió la aplicación del FATCA, lo que derivó en que cada país con quien los EUA tenía la intención de suscribir un acuerdo, negociara con dicho gobierno la posibilidad de obtener la información de las cuentas bancarias y de inversión mantenidas, en el caso particular por los mexicanos, a través del sistema financiero americano. Derivado de esto, en noviembre de 2012 el gobierno mexicano firmó el Acuerdo Interinstitucional para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional con Respecto a FATCA, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que finalmente intercambió información de manera automática en el ejercicio de 2015.

Lo más relevante de este acuerdo fue la obligación de ambos gobiernos de intercambiar información de manera automática sin que mediara la solicitud específica de alguno de los gobiernos como parte de un proceso de auditoría.

La implementación de este acuerdo fue un parteaguas en la divulgación de la información respecto de inversiones mantenidas en el extranjero.

No obstante, en el caso de México, FATCA dejó fuera un gran número de casos al no reportar recursos mantenidos a través de estructuras extranjeras, aun cuando las cuentas bancarias y de inversión estuviesen en el sistema financiero americano, ya que solamente reporta aquellos recursos mantenidos en cuentas bancarias de manera directa por residentes en México, siempre que se cumplan ciertos supuestos.

El fisco mexicano recibe a partir de 2015 y en años subsecuentes, una gran cantidad de información que hasta 2014 no tenía ni siquiera contemplado”.

Sin embargo, esto era solo el inicio. El 6 de mayo de 2014, 47 países impulsados por la OCDE acordaron de manera preliminar el CRS, con el objetivo de lograr un intercambio automático de información entre todos los países firmantes. CRS encontró su base legal en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, y la mayor parte de sus ideas en el recientemente implementado FATCA. Pero no fue sino hasta septiembre de 2014 que el G20 emitió el Plan para la implementación de CRS, aprobado por todos los países miembros de la OCDE y otro tanto que no eran miembros. Sin embargo, a diferencia de FATCA, el CRS busca informar los recursos que se mantengan de manera directa o a través de estructuras, de tal manera que queden al descubierto los beneficiarios finales de los recursos.

Para agosto de 2016, más de 100 jurisdicciones y territorios se habían comprometido al intercambio automático de información, siendo que a dicha fecha 84 países habían ya firmado el Acuerdo Multilateral. El intercambio automático de información entre los países firmantes comenzará en muchos casos en 2017 y en otros hasta 2018. No obstante, esta situación estará sujeta a que las distintas jurisdicciones implementen y aprueben la legislación interna y las reglas necesarias para llevar a cabo el intercambio de información, e incluso en aquellos casos en que así lo hayan acordado, firmen Acuerdos Mutuos de Intercambio de Información con cada uno de los países con los que pretendan intercambiar información, como es el caso de Suiza.

No siendo esto suficiente, a partir del 15 de agosto de 2016 se eliminaron de la Resolución Miscelánea todas aquellas reglas de excepción que permitían la no presentación de la declaración informativa, quedando expuestas un sinnúmero de estructuras que hasta el ejercicio de 2015 no debían ser informadas, teniendo a partir de esa fecha la obligación de divulgar no solo información de las estructuras, sino también información de los ingresos obtenidos a través de las mismas.

CONCLUSIONES

El intercambio de información y la apertura de los recursos que los contribuyentes mantienen en el extranjero de manera directa o a través de alguna estructura o vehículo, ya sea para fines meramente patrimoniales, de confidencialidad o de diferimiento, son una realidad que debe ser parte del análisis diario que los inversionistas deben hacer de su planeación patrimonial. Ya sea por FATCA, CRS o por las propias reglas aplicables a los Refipres, existe la obligación de revelar las inversiones que se mantienen en el extranjero.

Con el marco actual de intercambio de información, el fisco mexicano recibe, a partir de 2015 y en años subsecuentes, una gran cantidad de información que hasta 2014 no tenía ni siquiera contemplado, lo que presentará a las autoridades un reto muy importante en cuanto al manejo de la información para asegurar su confidencialidad, así como para establecer un programa de revisión responsable y transparente.

De esta manera hay una corresponsabilidad entre los contribuyentes y las autoridades para acercarse a un marco de transparencia claro y seguro que permita certidumbre a los inversionistas y ahorradores, pero que al mismo tiempo permita a las autoridades hacer un manejo responsable de los recursos a los que tendrá acceso vía la recaudación de los impuestos correspondientes. La cuestión estará en si seremos capaces de lograr esta comunión contribuyenteautoridadque conlleva este nuevo marco de apertura internacional.

C.P.C. y P.C.FI. Gerardo Napolitano Pompa
Integrante de la Comisión Fiscal Internacional
gnapolitano@mmyo.com.mx

 

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