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¿Tienen responsabilidad las empresas? Un camino crítico hacia el modelo stakeholder

¿Tienen responsabilidad las empresas? Un camino crítico hacia el modelo stakeholder
abril 01
07:01 2018

La redefinición de las relaciones entre empresa y sociedad se convirtió en un tema prioritario. Es necesario analizar la filosofía empresarial actual y ver qué responsabilidades hay más allá de lo legal

Dentro de la literatura económica, uno de los debates con mayor peso es (y fue) el que plantea el choque entre la ética empresarial y la maximización del beneficio. En medio de esa dicotomía encontramos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un término relativamente moderno que engloba una amalgama de actitudes y acciones a modo de respuesta, bien a reclamaciones sociales, bien a valores morales de los directivos. Como cajón de sastre que aglutina multitud de posturas, perspectivas y utilidades necesita de una revisión detallada para encontrar su razón principal y su fin último.

Para ello, y antes de ver si la ética tiene cabida dentro de la economía empresarial (siendo la RSE su herramienta o brazo ejecutor), despojaremos a la RSE de todo juicio de valor, centrando nuestro estudio en el sustantivo de la expresión: la responsabilidad, para cuya delimitación deberemos remontarnos a mediados del siglo pasado, cuando nacen de manera expresa las primeras teorías que ponen el punto de mira sobre una obligación empresarial hacia la comunidad donde opera y que ya empieza a ser latente debido a múltiples cambios sociales y económicos del momento. Milton Friedman (1962) y su célebre visión financiera supusieron el primer detonante para un largo debate que aun llega hasta nuestros días.

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? Friedman (1962, 133) afirmaba que “hay una y solo una responsabilidad de la empresa: usar sus recursos en actividades encaminadas a maximizar sus beneficios, en la medida en que observe las reglas del juego; es decir, que actúe dentro de la libre competencia, sin engaño ni fraude”. Es decir, lo que ha de conseguir la empresa es la maximización de los beneficios actuando dentro de los límites legales y de las reglas éticas propias de una economía de mercado, sin que sea necesario plantearse otro tipo de preocupaciones. La empresa actúa con miras a que el objetivo sea la maximización de los beneficios o del valor de la empresa para el propietario (Friedman, La metodología de la economía positiva, 1953).

En cierto modo, lo que cabe preguntarse es si esa afirmación del estadounidense es suficiente o si, por el contrario, ha de dar entrada a otras matizaciones que nos lleven a atribuir un papel significativo a la RSE. La respuesta podemos buscarla en un supuesto de la conducta humana, básico en el paradigma de la ciencia económica: el principio económico o de eficiencia. Según este, basado en la concepción del agente económico como alguien con recursos, evaluador y maximizador (Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, 1976), el ser humano trata siempre de conseguir los mejores resultados con los recursos escasos disponibles, o de minimizar los recursos necesarios para alcanzar un objetivo deseado, componente importante de la conducta humana y también atribuible a organizaciones de carácter económico.

Esa máxima eficiencia (un óptimo de Pareto, concepto desarrollado por el italiano Vilfredo Pareto y que define la situación donde ya no sería posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra), se conseguiría cuando la empresa maximice el valor del capital para sus propietarios (Winch, Analytical Welfare Economics, 1971). Esta situación se daría por la diferencia entre el valor generado y el costo de oportunidad de los recursos empleados por ella (y esa diferencia, bajo ciertas condiciones, es el beneficio). Así como instituciones económicas que son, esta sería su única responsabilidad, al cumplirla, optimizan su aportación a la sociedad y cualquier otra sería indeseable, no habiendo motivos para pensar que los instrumentos de la RSE –entendida aquí como autorregulación de la actividad– vayan a mejorar el resultado social.

Esto es lo que se conoce como modelo financiero o principal agente: un conjunto de situaciones originadas cuando un actor económico (principal) depende de la acción moral de otro (el agente), sobre el cual no tiene perfecta información, viniendo a poner sobre la mesa las dificultades de contratar bajo condiciones de información asimétrica y que encuentra su justificación teórica bajo la denominada teoría de la agencia.

Este pensamiento surge en 1973 de la mano de Ross y se ha entendido hasta nuestros días como una relación de propiedad y agencia donde existe un contrato entre partes que se comprometen a cooperar en la realización y causa de una actividad colectiva.

Adam Smith (1776) fue quizás el primero que puso atención a este tipo de problemas. El escocés, en su obra cumbre La riqueza de las naciones, bajo la metafórica alusión a la mano invisible, que conduce al bienestar colectivo, ejemplificó esta teoría con la situación que presentan los accionistas, los cuales quedan como verdaderos y únicos propietarios (titulares de los derechos residuales de control), teniendo incentivos suficientes como para conseguir que los directivos actúen con orientación hacia el beneficio. Esta vertiente de pensamiento se ha establecido en la literatura económica como visión shareholder o stockholder.

Dentro de esta corriente, el eje central del gobierno de las corporaciones se sitúa en el control de los problemas de agencia entre accionistas (principales) y directivos (agentes), entendiendo que la responsabilidad social no existe como tal, y que es solo un término que aboga por que ”los directivos adopten deliberadamente acciones que afectan negativamente a los inversores, para beneficiar a otros individuos” (Meckling y Jensen, 1976, 8). Antes de la crisis financiera de 2008, y que posiblemente dio pie al auge de otras vertientes más “sociales”, había quienes afirmaban que este modelo financiero gozaba de muy buena salud y creían que se había alcanzado el “fin de la historia” también en el ámbito del gobierno de la empresa (Hansmann y Kraakman, End of History for Corporate Law, 2001).

La relación de agencia defiende, por tanto, que el capital accionarial controle la delegación del uso de sus derechos de propiedad, teniendo como máximos exponentes de esta corriente a Smith y Friedman, ambos muy distantes en el tiempo, pero conocidos por sus ideales liberales de la economía. Abogan así por una asignación óptima de recursos de todos los agentes, lo cual repercutirá en beneficio social.

Aun cuando el modelo financiero se sustenta sobre pilares racionales y constituye un importante elemento explicativo de las bases de la economía, una vez que la ética entra en los negocios como una exigencia no solo moral, sino también social, este modelo encuentra innumerables contratiempos para erigirse como paradigma económico referente. Es cierto que, si los directivos no maximizan la riqueza accionarial, se arriesgan a perder su cargo, pero ¿los accionistas deben poseer en exclusiva los excedentes residuales (beneficios)?

Para que eso fuera cierto, los demás suministradores de factores de producción deberían ser retribuidos a su costo de oportunidad social y mediante contratos completos que especifiquen lo que ocurra en cada circunstancia, lo que no suele ser el caso. Además, el riesgo asumido por los accionistas se reduce a través de la diversificación, lo cual significa que “quizá más que cualquiera que los demás partícipes en las empresas, tienen la opción de salir si están insatisfechos con el rendimiento de la firma” sin especiales restricciones (Blair, Ownership and control, rethinking corporate governance for the 21st century, 1995, 229).

Desde luego, la principal función que cumplen los accionistas es actuar como guardianes de la capacidad empresarial para crear riqueza, pero no parece que puedan ser los exclusivos titulares de los derechos de control, pues vislumbramos acreedores residuales, que lograrán unos rendimientos (de hecho, variables), según el excedente global de la firma y el resultado del proceso de negociación, los cuales también asumen riesgos específicos al efectuar inversiones específicas para contribuir más eficientemente a las actividades colectivas en el marco de la compañía; y es aquí donde surgen una serie de obligaciones de la firma hacia su entorno.

Por otra parte, las condiciones que deben cumplirse para que la maximización de valor lleve al óptimo son, principalmente: existencia de competencia perfecta en todos los mercados, inexistencia de bienes públicos y ausencia de efectos externos. Obviamente, estas condiciones no se cumplen nunca. Del mismo modo, en esa economía ideal (y siguiendo teorías neoclásicas) ningún grupo (sea cual fuera) sería favorecido frente a otro, y ni se crearía ni se destruiría valor para el accionista, el cual no obtendría beneficios extraordinarios.

Esa continua creación de valor exige aceptar la existencia de fricciones y asimetrías de información en los mercados de capitales. Es decir, dentro de la empresa se dan imperfecciones, por lo cual los directivos tendrían que considerar que la exclusiva maximización de la riqueza de los accionistas probablemente no llegaría a coincidir con el interés colectivo. En esa línea, y en palabras del profesor Salas (La regulación del gobierno empresarial, 2007, 79), “el poder cumple la función de mejorar la eficiencia de las relaciones entre agentes privados, de forma similar a como el Estado utiliza la autoridad para corregir efectos externos y alinear la eficiencia individual y la colectiva”.

Así, al existir una restricción que impide el cumplimiento de una de las condiciones exigidas para alcanzar un óptimo paretiano, de acuerdo con Lipsey y Lancaster (1956, 18) en su Teoría del Segundo óptimo de Pareto no es obtenible, las otras, a pesar de ser teóricamente posibles, dejan de ser deseables. Es decir, no será eficiente cumplir solo algunas de dichas condiciones (y no hay garantías de que sean eficientes los mecanismos orientados a crear solo valor para los accionistas), lo que permite apostar porque aquello que más conviene a los accionistas es también lo mejor para los restantes partícipes.

En realidad, para asegurar la eficiencia será preciso tener en cuenta explícitamente los intereses de los grupos no accionistas, y tanto la empresa como los demás partícipes tendrán incentivos para apropiarse de las cuasi-rentas así creadas. En este punto, se hace necesario no olvidarse del concepto de valor social (Jensen, 2001) como diferencia entre el valor (subjetivo) que el consumidor atribuye al bien consumido y el costo de oportunidad de producirlo, incluidos todos los costos de oportunidad en que haya incurrido la sociedad (Salas, 2004). O sea, el máximo valor social vendrá a coincidir (aproximadamente) con la maximización de los excedentes del consumidor y del productor en todos los mercados, independientemente de quiénes se apropien de esos excedentes.

Podemos percibir que, en nuestros días, la puesta en duda del modelo financiero tiene mucho que ver con:

[a] La relevancia de los contratos implícitos, la confianza y la reputación dentro de las actuales economías, cobrando importancia el capital social o relacional.

[b] Actual teoría de los derechos de propiedad y el enfoque cognitivo de la organización: quienes soportan riesgos residuales (específicos) y, por tanto, están legitimados para participar de algún modo en el control y la gestión de la empresa.

[c] La existencia de externalidades (efectos externos o sobre terceros) que las corporaciones han de acostumbrarse a internalizar en sus cálculos.

El modelo financiero es válido, pero carente de utilidad práctica si consideramos un entorno más ajeno al interno y unas legítimas relaciones empresariales más allá de las inherentes con los accionistas o socios. Hay inconvenientes para su implantación y aceptación en la realidad económica de hoy, algo que hace que ya más de medio siglo se consideró también, antes de los cambios socioeconómicos y laborales que estaba experimentando el mundo, y que dio lugar a nuevas teorías como el modelo Stakeholders, más acorde con las circunstancias latentes en una empresa actual y que refleja mejor la interconexión existente entre corporación, sociedad y medioambiente.

 

David Mancebo Sánchez
veritas@colegiocpmexico.org.mx

ARTÍCULO ORIGINAL
Este artículo es una reseña del original titulado ¿Tienen responsabilidad las empresas?: un camino crítico hacia el modelo Stakeholder, publicado en AECA 118, junio 2017. AUTOR: David Mancebo Sánchez, Universidad de Extremadura. Segundo accésit del Premio AECA de Artículos 2017.

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