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Teoría de juegos para combatir facturas falsas

Teoría de juegos para combatir facturas falsas
octubre 01
2020

Se proponen dos programas de inmunidad condicional que podrían resolver ese problema de evasión fiscal, sin vulnerar los derechos de los contribuyentes.

Es difícil que exista una falta más severa en evasión fiscal nacional que las operaciones con comprobantes que amparan actos inexistentes (venta de facturas falsas). Dicha práctica afecta de manera grave al erario, facilita el lavado de dinero y daña a quienes se dedican a esta materia con honestidad.

Por medio del esquema de venta de facturas, un contribuyente que busca aminorar su carga tributaria de modo ilegal adquiere de un oferente un comprobante que ampara una operación simulada o inexistente, pagando por la factura. Así deduce el monto consignado y, en su caso, acredita los impuestos correspondientes. El oferente, a su vez, emite facturas a diversas personas que no se conocen entre sí.

Los programas de inmunidad condicional fundamentados en la teoría de juegos ofrecen una solución más efectiva que las deficientes reformas en materia penal-fiscal, al mismo tiempo que se evita vulnerar los derechos de los contribuyentes.

La problemática

No hay datos exactos del daño al erario que generan estos esquemas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que existen 8 mil 204 entidades dedicadas a emitir facturas falsas, que entre 2014 y 2019, generaron 8 millones 827 mil 390 comprobantes, evadiendo 354 mil millones de pesos en ese periodo. Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación, declaró que el monto de lo defraudado equivale a 500 mil millones de pesos al año. Esto es un problema, pues ni las autoridades conocen el tamaño real de la situación.

Sin embargo, sin información consistente, pero con voluntad de atacar el problema, el año pasado se reformaron la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, para que desde 2020 aumentaran las sanciones relacionadas con la venta de facturas y se estableciera un régimen penal menos garantista, que implicara prisión preventiva oficiosa y el aumento de las facultades de las autoridades en perjuicio de los gobernados.

Lo anterior es desafortunado, pues se sabe que aumentar las penas no disminuye los delitos y denota la ineficacia del sistema penal de un Estado. En efecto, la prisión preventiva oficiosa afecta en principio a personas en situaciones de vulnerabilidad, sin solucionar el problema.

Más de 10 mil contribuyentes han sido publicados en las listas de operaciones simuladas. No obstante, entre junio de 2018 y junio de 2019, el SAT consiguió únicamente una sentencia condenatoria. Es decir, que la posibilidad de que alguien en las listas de operación termine con sentencia condenatoria es 0.01%; aunado al sinnúmero de vendedores de facturas que ni siquiera llegan a incluirse en ellas.

La venta de facturas es un problema mayúsculo. Se trata de una red organizada con recursos económicos de miles de millones, con empresas que se crean y desaparecen en forma constante, utilizando personas ilocalizables y funcionarios coludidos. Sin embargo, establecer un régimen penal menos garantista y más agresivo no se traducirá en menor impunidad en estos delitos.

Todo lo anterior es mucho más grave si se toma en cuenta que para emitir una factura (verdadera o falsa) no se requiere de la voluntad del receptor. Es decir, cualquier sujeto que tenga el nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de una persona puede emitir una factura falsa «en su favor” y, en consecuencia, aquélla puede ser objeto de un proceso con prisión preventiva oficiosa y demás consecuencias agravadas.

La herramienta: teoría de juegos

Las facultades de la autoridad son ineficientes para combatir la venta de facturas, asimismo, las nuevas consecuencias penales que persiguen el mismo fin son nocivas. Es un hecho que la nueva administración no se ha limitado en el uso del nuevo régimen penal-fiscal para presionar a los contribuyentes. Por ello, es necesaria una estrategia efectiva que, con seguridad jurídica, respete la presunción de inocencia y el debido proceso, incentive a corregir la situación y a cooperar.

La teoría de juegos permite fundamentar un modelo cuyo resultado se pueda predecir. Es una rama de las matemáticas aplicadas que busca describir de forma analítica un determinado comportamiento humano estratégico e interdependiente en una situación (un juego), en el que participan dos o más individuos racionales (jugadores), quienes pueden tener intereses opuestos, similares o distintos, así como información similar o diferente relacionada. A partir de ello, se puede diseñar o analizar un juego (como los programas de inmunidad condicional para los compradores de facturas falsas) y predecir su resultado.

De ese modo, se formará inteligencia profunda sobre las redes de venta de comprobantes fiscales; buscando llegar a las personas que las operan, así como a sus beneficiarios finales, pues de poco sirve publicar en una lista a un emisor de facturas falsas, si a la par hay quienes continúan creando cada vez más entidades facturadoras.

Con base en la teoría de juegos, se plantea el «dilema del prisionero», en el que dos detenidos deben decidir si confiesan su delito. Este problema muestra la dificultad de dos personas para cooperar debido a sus estrategias dominantes, incluso si hacerlo fuera la mejor opción para ambas. El dilema se caracteriza por ser:

  • Un juego no cooperativo. De forma separada y sin ponerse de acuerdo, pueden decidir si confesar o callar su crimen conjunto.
  • De estrategia dominante. La separación permite un juego (o toma de decisión) no cooperativo entre ellos y esto les da la oportunidad de tener una estrategia dominante a los dos.
  • Un juego simultáneo. La situación se lleva a cabo al mismo tiempo, y finalmente el juego se resuelve, en teoría, si ambos confiesan.

Así, con base en el dilema del prisionero (que se explica con mayor detalle en la página siguiente) y considerando que los compradores de facturas falsas no conocen a los demás clientes de su vendedor, se proponen dos programas para resolver el problema.

Programa de inmunidad condicional temporal y general

Se trata de un mecanismo de autocorrección generalizada que permitirá a quienes adquirieron facturas falsas rectificar su situación durante un periodo limitado donde:

  • Reconozcan haber incurrido en la compra de facturas y que es su voluntad corregirse.
  • Enlisten las facturas a regularizar, y en cada caso aporten los datos de las personas implicadas en la operación como nombre, teléfono, negocios utilizados como frente, cuentas bancarias, formas de pago, modus operandi, así como correos electrónicos, mensajes o cualquier otra constancia de la cual se desprenda que hubo una venta de facturas.
  • Manifiesten que se trata de los únicos comprobantes que amparan operaciones simuladas a los cuales les han dado efectos fiscales.

Quienes se acojan a este programa podrían tener beneficios como inmunidad penal en todos los casos, reducción de las multas, recargos y el pago de la contribución omitida a parcialidades.

La autoridad fiscal deberá contar con un plazo razonable para requerir aclaraciones y, en su caso, negar los beneficios cuando se incumplan requisitos. Se revocarán los privilegios si la información aportada es falsa o incompleta, si existen facturas apócrifas no declaradas o se incurre de nueva cuenta en dichas prácticas. El objetivo es que la autoridad cree un área de inteligencia y recupere contribuciones omitidas, sin instaurar procesos individuales. Es fundamental que el periodo para corregirse sea breve; con la finalidad de evitar que los compradores de coludan entre sí.

Quienes hayan pagado por una factura falsa tendrán incentivos para aportar información, pues en caso de no cooperar, un sinnúmero de compradores desconocidos puede dar datos respecto del mismo vendedor, lo cual reforzaría los elementos de las investigaciones en su contra.

Programa de inmunidad condicional continuo y específico

No es conveniente que las personas tengan expectativas de que podrán regularizarse de forma total y simple cada cierto tiempo. Por ello se propone un segundo programa de inmunidad condicional y reducción de sanciones, que se aplique de forma continua y a criterio de la autoridad, cuando se detecten operaciones de venta de facturas posteriores a la vigencia del primer programa.

Éste se podría aplicar en una sola ocasión por contribuyente, de la siguiente manera:

  • Cuando la autoridad detecte una operación de venta de facturas, podrá notificar dicha circunstancia de manera simultánea a quienes hayan celebrado operaciones con el emisor. Así, podrán corregir su situación fiscal y aportar pruebas.
  • En caso que deseen sujetarse al programa deberán:

1) Reconocer haber incurrido en la compra de facturas y que es su voluntad corregirse.
2) Aportar la misma información establecida para el programa anterior.
3) Asistir a las citas solicitadas por las autoridades.
4) Reconocer que han comprado otras facturas falsas (en caso de que así sea) y cumplir con todos los requisitos por cada una.

  • Los beneficios se establecerán conforme a lo siguiente:

1) Todos los participantes tendrán inmunidad penal.
2) La reducción de multas y recargos dependerá de dos factores:
-El orden de entrega de información. El primero obtendrá un descuento de 90% de multas y 50% de recargos. Disminuirán –por ejemplo– 5% por cada contribuyente que aporte datos, hasta llegar a cero por ciento.
-La relevancia. El descuento obtenido conforme al punto anterior se multiplicará por la calificación que otorgue la autoridad respecto de la importancia de la información, la cual podrá ir de 100% (totalmente relevante) a 10% (poco relevante).

  • Todos los beneficios del programa de inmunidad estarán condicionados a que los datos que aporten cumplan con los mismos requisitos que el programa anterior y que continúen cooperando plenamente con la investigación que derive.

Como en el caso del dilema del prisionero, los programas propuestos aprovechan la forma de operar de la venta de facturas, pues los compradores no se conocen entre sí, de manera que es difícil que puedan saber las estrategias de los demás, al ser un juego simultáneo. Además, todos tienen una estrategia dominante para no cooperar entre ellos, sino con el fisco, pues en cada caso, sus pagos serán más favorables si aportan información, por lo que el juego se resolvería (en teoría) al dar datos a la autoridad y no cooperar con los demás compradores.

Conclusiones

Los programas de inmunidad tienen el objetivo de dotar a las autoridades de una herramienta para recuperar contribuciones y combatir la venta de facturas de forma poco invasiva a los derechos de los contribuyentes, a la vez que éstos puedan regularizar su situación fiscal y aporten información para dar con los beneficiarios.

Es poco útil continuar agregando nombres a listados que cuestan al fisco y a los contribuyentes, aplicando un régimen penal que únicamente pone en evidencia la falta de Estado de Derecho, si no se llega a los beneficiarios efectivos de dichas redes y no se establecen mecanismos que disminuyan sustancialmente las probabilidades de impunidad.

El diseño de estas propuestas se realiza a partir de la teoría de juegos, lo cual no asegura que los mecanismos funcionen. Pero sí sería una decisión fundamentada en un análisis de carácter técnico, en lugar de un mero impulso punitivo o de políticas públicas que no se basan en evidencia.

L.D. Roberto Raymundo Barrera Ramírez
Socio en RBB Legal
Barrera Martínez Abogados, S.C.
rbarrera@bmlegal.com.mx

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