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Telecomunicaciones: Los puntos clave

Telecomunicaciones: Los puntos clave
abril 29
2014

Entre opiniones divididas de las fracciones políticas y el descontento de las empresas involucradas, la reforma en materia de telecomunicaciones modifica la regulación de este sector fundamental en la economía de México.

Finalmente, después de una demora de seis meses, el Senado de la República recibió las iniciativas de leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones, enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto. La propuesta expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y la que crea la Ley de Medios de Comunicación del Estado. Incluye además la Iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, y reformas y adiciones a diversas disposiciones en telecomunicaciones y radiodifusión.

A grandes rasgos, los puntos clave de la iniciativa se refieren a la regulación de tarifas, el acceso a la infraestructura, la desincorporación de activos y las sanciones a aplicar. Algunos de estos son:

Regulación de tarifas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá el poder de regular tarifas de servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el operador preponderante del sector e incluso resolver los desacuerdos de esas tarifas entre operadores.

  • El preponderante, con más de 50% del mercado, deberá solicitar aprobación al IFT para sus ofertas públicas en términos de interconexión con otros operadores, así como sus planes de tarifas y paquetes comerciales.
  • El cobro por el servicio de larga distancia deberá terminar en un plazo no mayor de tres años desde la publicación de las nuevas leyes.

Acceso a infraestructura. La ley obliga al operador preponderante en telecomunicaciones a proveer a los competidores acceso a sus redes para terminar e iniciar llamadas.

  • El apagón analógico se extiende hasta 2017 para ciertas zonas. El IFT determinará un programa para que ciertas estaciones comunitarias o públicas puedan cumplir con este requisito.
  • Se modifica la Ley de Derechos de Autor para incluir las figuras must carry y must offer, con el fin de permitir la retransmisión obligatoria de los contenidos abiertos de Televisa y TV Azteca en los canales de paga.

Desincorporación de activos. El IFT tendrá el poder de ordenar el desprendimiento de activos en casos que sobrepasen los límites de concentración de frecuencias, propiedad cruzada de medios, etcétera.

Sanciones. La ley permite sanciones de hasta 10% de los ingresos de las firmas que violen las normas del IFT; en casos de reincidencia en faltas como la interrupción de servicios en poblaciones donde un operador sea único proveedor.

  • También establece la posibilidad de revocar concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión en casos que incluyen suspensiones masivas no autorizadas de servicio y el incumplimiento de resoluciones sobre prácticas monopólicas.

Como era de esperarse, la presentación de la iniciativa ha dado lugar a un intenso debate. Por lo pronto, los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya externaron una fuerte crítica a la iniciativa al señalar que esta traiciona el espíritu de la reforma constitucional. Y si bien es cierto que otros actores partidarios han sido más prudentes al señalar que es necesario analizar con mayor detalle la iniciativa, la polémica ya se desató y sin duda acompañará todo su proceso de análisis, dictamen y eventual aprobación.

La reforma constitucional preludia un cambio de fondo en las reglas de este sector clave de la economía, y precisamente por ello el cabildeo, e incluso la presión de los intereses afectados, se ha dejado sentir. Al respecto, no se debe perder de vista un antecedente crucial: el IFT declaró a Televisa, en radiodifusión, y a Grupo Carso, en telefonía, como agentes económicos preponderantes.

Sin entrar al detalle de lo que tal decisión implica, basta señalar que ambos grupos estarán sometidos a la llamada regulación asimétrica, la cual tiene como finalidad propiciar un piso más parejo para la competencia. Sobra decir que dicha decisión afecta los intereses de dos de los más conspicuos ejemplos de poder fáctico, los cuales, tradicionalmente, han echado mano de una amplia gama de recursos dirigidos a evitar una mayor competencia.

La reforma preludia un cambio de fondo para este importante sector, y precisamente por ello el cabildeo, e incluso la presión de los intereses afectados, se ha dejado sentir

Para dimensionar la trascendencia política de este hecho, hay que recordar que las primeras reformas surgidas del Pacto por México fueron las relativas a la competencia, las telecomunicaciones y la educación. Fueron reformas claramente orientadas a recuperar, de manos de poderosas empresas oligopólicas y de un sindicato corporativo con enorme influencia política, la capacidad rectora del Estado en áreas vitales de la vida nacional.

Precisamente por ello, los partidos de oposición insistieron en que estas debían ser los primeros frutos del Pacto; en tanto, su concreción sería la muestra fehaciente de la voluntad del gobierno del Presidente para combatir privilegios.

Esta consideración constituye el marco de referencia para la elaboración de las leyes secundarias. Tampoco se debe perder de vista que el éxito de la reforma depende, en lo fundamental, de la fortaleza técnica, legal y política del órgano regulador. El gran objetivo de abrir a la competencia el sector telecomunicaciones presupone el fortalecimiento del órgano regulador y evitar su captura por parte de los entes regulados. Precisamente por ello, el gran objetivo consiste en consolidar un fuerte Estado de Derecho, con capacidad de gobierno, pero acotado por la ley y por el sistema de pesos y contrapesos.

Dicho en otros términos, el Estado mexicano debe recuperar capacidad rectora, pero ello no a costa de subordinar a los agentes privados, sino con base en reglas claras y técnicamente bien fundamentadas. Se trata, a la vez, de un asunto de leyes y de voluntad política.

Queda por ver si las leyes secundarias ratifican el mandato constitucional de promover mayor competencia y reforzar las facultades del ente regulador o si, gracias al intenso cabildeo de las empresas afectadas, la legislación secundaria resta fuerza a la reforma. Por lo pronto, es probable que algunos de los aspectos más polémicos de la iniciativa sean revisados, tal como al parecer lo sugirió el coordinador de la bancada priista en el Senado.

Seminario Político

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