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T-MEC, nuevos retos laborales para México

T-MEC, nuevos retos laborales para México
octubre 01
2020

La entrada en vigor del tratado es una buena noticia para México, sin embargo, hay preocupación entre los empresarios, pues además de beneficios, establece obligaciones y sanciones relacionadas con los trabajadores.

Después de una larga y difícil negociación, con planteamientos muy inquietantes, en su mayoría superados de manera equilibrada, días antes del cierre se presentaron algunas posiciones por parte del gobierno de Estados Unidos de América (EUA). Éstas fueron atendidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y finalmente aceptadas por México, pero sin hacer efectivas las preocupaciones externadas por los empleadores.

Los últimos acuerdos incorporados al T-MEC, en particular al Capítulo 23, relativo a la parte laboral, y al Capítulo 31, que establece los procedimientos para solucionar controversias, son específicos para México, puntualmente en los anexos 31-A y 31-B contenidos en este último capítulo, que corresponden a México/EUA y México/Canadá, respectivamente. La entrada en vigor fue en julio del año en curso.

Fue aquí que se establecieron responsabilidades y consecuencias directas para las empresas identificadas como instalación cubierta, en caso de incumplimiento a obligaciones laborales en materia de libertad sindical y contratación colectiva, incorporadas en el Capítulo 23 del Tratado, en los convenios 87 (libertad sindical) y 98 (derecho de sindicación y de negociación colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Ley Federal del Trabajo (LFT), acto que se define como denegación de derechos. Cabe mencionar que estas condiciones, que son de nueva generación, no tienen precedente en ningún otro acuerdo comercial.

Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas

De conformidad con el artículo 31-A.1, el propósito del mecanismo es garantizar la reparación de una denegación de derechos, hecha valer por alguna de las partes en contra de otra, si considera que, conforme a sus leyes, ha sido vulnerada la libre asociación y negociación colectiva de los trabajadores al servicio de alguna instalación cubierta. Entendiéndose por ésta la empresa establecida en la jurisdicción de alguno de los socios comerciales que produzca mercancías o suministre un servicio comerciado entre las partes o que compita en el territorio de la otra (art. B.15).

Si bien es cierto que se estipuló la obligación de las partes para que busquen una solución mutuamente aceptable respecto de los asuntos que se lleguen a plantear, existe una inequidad en el procedimiento y una enorme laxitud para actuar en favor de los socios comerciales de México, toda vez que se les permite, en su calidad de reclamante, agotar –por decisión unilateral– todo el procedimiento y, en su caso, establecer sanciones contra el demandado.

Para entender esta situación de desequilibrio, se debe resaltar que no se trata de un proceso que garantice condiciones iguales para los involucrados en una reclamación, ya que los requisitos son los siguientes:

  • Respecto de EUA, la queja puede presentarse ante una presunta denegación de derechos reconocida en perjuicio de los trabajadores de una instalación cubierta, a través de una orden de ejecución de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés). Esto es, ante un asunto que esté en calidad de “cosa juzgada” y pendiente de ejecución por parte de las autoridades competentes de ese país.
  • Para México, una reclamación puede presentarse ante una “presunta denegación de derechos”, conforme a la legislación laboral vinculada a los temas establecidos en el anexo 23-A, en que se considere negado el derecho de libre asociación y de negociación colectiva.

Estas dos cuestiones, es decir, la libre asociación y la negociación colectiva, involucran tres esferas de cumplimiento:

1 Empleadores (instalación cubierta). Tiene que ver con el estricto cumplimiento de los ordenamientos legales mencionados, que impiden a un patrón participar o llevar a cabo cualquier acto de injerencia, directa o indirecta respecto de las organizaciones de los trabajadores, así como sujetar el empleo de un empleado a la condición de que se afilie o no a un determinado sindicato, o bien, despedirlo por esta misma razón, entre otras cosas.

2 Sindicatos. Éstos son quienes, de acuerdo con los mandatos de la autoridad, deben garantizar y hacer efectiva la democracia sindical en la toma de decisiones de la organización, tales como: elección de la directiva; aprobación de los Contratos Colectivos de Trabajo y de los convenios que den por revisados para que el sindicato emplace a huelga y, en su caso, hacer efectivo el movimiento; así como la autorización de la rendición de cuentas del patrimonio sindical, principalmente.

3 Estado mexicano. Deberá dotar de plena autonomía al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual es un organismo público descentralizado que se encarga de la conciliación, registros sindicales y de Contratos Colectivos de Trabajo.

La preocupación de los empresarios Existe una línea delgada que divide los principios que pueden aplicarse para considerar procedente una reclamación en contra de una instalación cubierta (empresa). Un criterio es que sólo proceda en el caso de que la denegación de derechos sea atribuible al empleador. Sin embargo, hay otro, más laxo, el cual considera que no importa el origen de la violación de los derechos de los trabajadores al servicio de una instalación cubierta, para establecerle a ésta responsabilidades o sanciones. En otras palabras, esto quiere decir que, aunque el patrón no falte a sus obligaciones, se puede hacer efectiva la reclamación si el sindicato no cumple con los procedimientos que garanticen la democracia sindical, o si el Estado mexicano no asegura la autonomía de la citada autoridad, en perjuicio de los trabajadores al servicio de un empleado.

Éste es un tema delicado, porque el procedimiento deberá agotarse en un periodo máximo de seis meses, estableciendo si hay denegación de derechos o no. Corresponde a la parte reclamante seleccionar la forma de reparación, que puede ser la suspensión del tratamiento arancelario preferencial para las mercancías manufacturadas en la instalación cubierta o los servicios suministrados por la misma. De tal modo que se puede afectar de manera grave el comercio de los bienes o servicios de una empresa en México.

En efecto, si bien los socios comerciales definirán sus propios procedimientos de admisión de reclamaciones, éstas pueden ser presentadas por cualquiera, es decir, no se requiere mostrar interés jurídico o legitimación. Debido a esto, el gobierno de EUA ha establecido en México, a través de su embajada, y en su territorio, por medio del Departamento de Trabajo, una línea abierta para recibir información que impute denegación de derechos en contra de los trabajadores al servicio de una instalación cubierta en el espacio mexicano.

Una vez que dentro de los procesos de admisión de cada país se dé inicio al mecanismo, deberá notificarse al demandado dentro de los cinco días siguientes. Hay que advertir que la admisión y trámite de la reclamación se recibe bajo el principio de buena fe, el cual considera que los hechos descritos son ciertos y, por tanto, corresponde al gobierno demandado llevar a cabo una investigación de la instalación cubierta, y en su caso probar que son falsas las imputaciones. Ésta es una tesis contraria a la presunción de inocencia, pero así está y hay que cumplir.

El gobierno demandado está obligado a revisar el caso ante la instalación cubierta. Si considera que no hay denegación de derechos, o si ya se llevaron a cabo los medios de reparación, lo hará del conocimiento del reclamante dentro de los 45 días siguientes, y éste último tendrá la facultad de determinar si está de acuerdo. Si no lo está, solicitará la integración de un panel conformado por tres personas de una lista preaprobada, quienes podrán hacer revisiones in situ, acompañadas de los observadores que cada parte determine. Así, en un periodo máximo de seis meses, es emitida una determinación y los medios de reparación (sanciones) que se mencionan en párrafos anteriores.

La única “tabla de salvación” que se dejó en el acuerdo, ante este agresivo e inequitativo procedimiento, es que, si alguna de las partes no actúa de buena fe en el uso del mecanismo, la otra puede acusarla por esta razón y en 45 días deberá resolverse –en otro panel– si lo hizo o no. Si fue así, el gobierno responsable no podrá hacer uso del procedimiento descrito por dos años. De este modo, se obliga a los socios comerciales a verificar que se haga un uso ético. Es importante que cada centro de trabajo que se vincule en términos del acuerdo comercial, realice un autodiagnóstico para tener la certeza de que sí se cumple con la normatividad en materia de asociación colectiva y libertad sindical, para ejercer sin riesgos las prerrogativas del acuerdo.

Lic. Fernando Yllanes Martínez
Integrante de la Delegación Mexicana de Empleadores ante la OIT
Socio Director del Bufete Yllanes Ramos, S.C.
f.yllanes@byr.com.mx

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