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Sociedad civil y gobernabilidad

Sociedad civil y gobernabilidad
junio 01
07:30 2017

El salto cualitativo que históricamente evolucionó a los estados nacionales, de la forma autocrática del poder al modelo pluralista de las llamadas democracias liberales occidentales, marcó el ascenso de la población de la calidad de súbdita a la de ciudadana. Se transitó de los privilegios a los derechos de los individuos: Todos con los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones.

El proceso de construcción de los derechos ciudadanos inicia propiamente en el siglo XVIII con la obtención de los derechos civiles: libertad, igualdad, propiedad, libre desplazamiento, derecho a la vida, a la seguridad, etcétera. En el siglo XIX se obtienen los derechos políticos: libertad de asociación y de reunión; de organización política y sindical; participación política y electoral; sufragio universal. Y el siglo XX será el escenario de los derechos sociales: al trabajo, a la salud, a la educación, a la jubilación, al seguro de desempleo, al acceso de los modelos de vida y al bienestar social.

La garantía del conjunto de derechos quedó formalizada en las normas generales obligatorias (leyes) que son impuestas por la autoridad política y reforzadas, constantemente por la coacción que el Estado ejerce de manera exclusiva.

Por otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la crítica al racionalismo ilustrado y la aparición de una opinión “pública”, expresada en la difusión de las ideas por medio de publicaciones (libros, folletos y formas incipientes de prensa escrita) y la discusión en foros, inicialmente privados (los “salones”) y después paulatinamente “públicos” (calles y plazas), marcan el surgimiento de un nuevo espacio entre la sociedad y el Estado al que los teóricos de la Ilustración denominaron la “sociedad civil”.

Durante los siglos XIX y XX, conforme los conflictos de clase cobraron importancia, la noción de sociedad civil se identificó como el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver: mediando, previniendo o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos son los grupos, movimientos, asociaciones y organizaciones que defienden frente al Estado intereses específicos de la población o que se declaran como sus representantes.

El Estado y la sociedad civil interactúan, negocian, acuerdan y dirimen los conflictos mediante vías civilizadas de solución, proscribiendo el conflicto violento e induciendo un ambiente de gobernabilidad. Una sociedad se vuelve ingobernable cuando se incrementan los reclamos de la sociedad civil y no aumenta, en paralelo, la capacidad de las instituciones para responder a ellas. La ingobernabilidad produce crisis de legitimidad. Cuando esto sucede se forman, en la sociedad civil, los contrapoderes que tienden a obtener una nueva legitimidad, incluso en detrimento de los poderes legítimos, dando espacio a procesos de deslegitimación o relegitimación.

EPÍLOGO

Cuatro indicadores miden el nivel de gobernabilidad: (1) la calidad de libertades políticas y garantías institucionales alcanzadas, (2) las condiciones y reglas de la competencia y el debate político, (3) la participación y representación ciudadana en las decisiones políticas y (4) las políticas gubernamentales orientadas a compensar e igualar la distribución de bienes y oportunidades en la población.

El cambio positivo dentro de los dos primeros indicadores supone procesos de avance en materia de democratización política mientras que los cambios positivos dentro de los dos últimos indicadores suponen avances en la democratización social. El cambio positivo de los cuatro implica la existencia de una sociedad civil fuerte y participativa.

C.P.C. Roberto Álvarez Argüelles
Expresidente del IMCP
mireyagarza14@yahoo.com.mx

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