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Sistema Nacional Anticorrupción: Una cura eficaz

Sistema Nacional Anticorrupción: Una cura eficaz
diciembre 01
00:03 2014

La corrupción se ha convertido en un fenómeno común en México, que repercute en el desarrollo de la economía y política del país. La iniciativa panista parece ser el principio de un buen antídoto.

Uno de los lastres más pesados para el desarrollo nacional es la ubicuidad del fenómeno de la corrupción. Los indicadores disponibles, pese a sus diferencias, coinciden en ilustrar con claridad la amplitud y la gravedad del problema. Así, por ejemplo, de acuerdo con Transparencia Internacional, en 2013, de un total de 183 naciones, México ocupó el lugar 106 con una calificación de tres puntos en una escala que va de cero a 10, en tanto que, según cifras reportadas por el Banco Mundial, el costo de la corrupción es equivalente al 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Son muy variadas las causas de la corrupción como fenómeno sistémico. Se puede mencionar el peso de la tradición patrimonialista que heredamos de la Colonia. De igual manera, se puede citar la existencia de una cultura que no valora el cumplimiento de la ley y que es altamente tolerante ante el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, aunque la historia y la cultura son factores que contribuyen a explicar el problema, la corrupción no es el fruto de fatalidades culturales e históricas. La corrupción florece o languidece en función del sistema de incentivos de los sistemas político y económico.

En México, la corrupción desempeñó un papel clave en la pacificación del país posterior al triunfo de la Revolución. No todos los aspirantes a un cargo o posición de poder podían acceder a él, pero sí podían aspirar a recibir una tajada del pastel. La disciplina de los jefes revolucionarios y, posteriormente, de los miembros de la clase política, se logró a cambio de la concesión de prebendas de muy variados tipos. Esta práctica se reprodujo en el ámbito del sistema económico.

Las distintas expresiones de los poderes fácticos (desde empresas monopólicas hasta sindicatos y movimientos sociales de corte corporativo) se han abocado de forma sistemática a la obtención de rentas y a la captura de las instituciones. En gran medida, el proceso de modernización de la economía nacional no ha sido el fruto de un sistema de incentivos que premie la innovación y la productividad; lejos de ello, ha sido un proceso verificado al amparo de la búsqueda de privilegios y ventajas: el “capitalismo de compadres”.

La corrupción fue, durante varias décadas, el lubricante que permitió el funcionamiento del sistema político y, en parte, del sistema económico de nuestro país. Hoy la situación es diferente. La corrupción da cuenta de un serio déficit de Estado y de gobernabilidad, al tiempo que afecta de forma negativa otras dimensiones de la vida social como la capacidad competitiva de la economía y la cohesión social.

La corrupción pervierte el sistema de justicia. Fenómenos como la impunidad y la aplicación sesgada de la ley son ejemplos emblemáticos a este respecto, mientras que los desafíos que el crimen organizado plantea al Estado difícilmente se entiende al margen de las redes de complicidad construidas al amparo de la  corrupción y la impunidad.

De cara a esta problemática, resulta vital desmontar el sistema de incentivos perversos que alienta la corrupción. Por un lado, mediante procesos de mejora regulatoria orientados a reducir a su mínima expresión las ocasiones de prácticas corruptas. Por otro, a través de la construcción de un eficaz entramado institucional expresamente dirigido a combatir la corrupción y la impunidad. De ahí la relevancia del proceso legislativo en marcha y de las propuestas sometidas a negociación.

En este marco, adquiere especial relevancia la propuesta panista de creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Fruto de un trabajo de consulta con instituciones autónomas líderes en este tema (como Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas).

La corrupción fue, durante varias décadas, el lubricante que permitió el funcionamiento del sistema político y, en parte, del sistema económico de nuestro país

La propuesta consiste en la articulación de seis elementos constitutivos: un Consejo Nacional en el que, amén de la participación de los órganos públicos que intervienen en el Sistema, hay una importante presencia ciudadana; un Comité Ciudadano de Ética Pública cuya encomienda será la de promover la creación de observatorios ciudadanos en todo el país, así como la de presentar denuncias y elaborar propuestas de política pública; un órgano de control interno, que sería la Secretaría de la Función Pública con facultades reforzadas en materia de Auditoría e investigación y cuyo titular sea ratificado por el Senado; dos órganos de control externo: la Auditoría Superior de la Federación (cuyas facultades se ampliarían para responder a denuncias ciudadanas o a investigaciones de oficio) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, también con amplias facultades en materia de investigación y con la obligación de actuar ante denuncias ciudadanas y de ejercer la acción penal; un esquema de imposición de sanciones en materia penal (en respuesta a denuncias de la Fiscalía) y administrativa, de tal suerte que las sanciones ya no dependerían de los órganos de contraloría de los gobiernos municipales, estatales y federal. Este sistema deberá reproducirse, por mandato constitucional, a nivel estatal y municipal.

La propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción posee virtudes importantes. En primer lugar, destaca su integralidad en la medida que refuerza las labores de investigación e incluye mecanismos que permiten la acción penal y la aplicación de sanciones. En segundo, debe subrayarse el carácter autónomo de las entidades que lo componen y la presencia ciudadana.

Desde este punto de vista, la presentación de la iniciativa podrá contribuir no solo al enriquecimiento del debate legislativo, sino a construir un andamiaje institucional con mayores posibilidades de actuar, a partir del abatimiento de la impunidad, sobre los incentivos perversos de la corrupción.

Por lo pronto, los legisladores priístas en ambas cámaras, al igual que los perredistas, han reaccionado de manera positiva ante esta iniciativa. Los costos de la corrupción son cada vez mayores y las evidencias de que su presencia es un formidable obstáculo a la consolidación del Estado de Derecho se multiplican. Sin un combate eficaz al cáncer de la corrupción, los frutos de las reformas estructurales quedarán muy lejos de su potencial.

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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