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Sistema Nacional Anticorrupción: Un logro ciudadano

Sistema Nacional Anticorrupción: Un logro ciudadano
agosto 01
2016

Las siete leyes reglamentarias que conforman el sistema representan el cambio más profundo experimentado por la administración pública para atacar las causas de la corrupción.

Finalmente, después de arduas negociaciones, las siete leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Después de vencer las resistencias de los legisladores de prácticamente todos los partidos, el proceso llegó a feliz término. Se trató, sin lugar a dudas, de un logro ciudadano de enorme trascendencia.

Como se recordará, el punto de partida de este prolongado proceso fue la elaboración por parte de un destacado grupo de organizaciones ciudadanas y académicas de una propuesta de reforma constitucional orientada a crear un sistema de coordinación de todas las entidades relacionadas con los temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción. Esta propuesta ciudadana fue asumida, en primera instancia, por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); posteriormente, el propio Presidente Peña Nieto sugirió a su partido la aprobación de la iniciativa presentada por la oposición.

El siguiente paso consistió en la elaboración de las iniciativas de legislación secundaria indispensable para hacer operativo el sistema. Y a este respecto, la ciudadanía asumió un papel clave al formular y proponer, bajo la figura de iniciativa ciudadana, una Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3) que, de hecho, se convirtió en el eje de discusión de la legislación secundaria. En este sentido, no se debe escatimar el logro que representó la recolección de 634 mil firmas de apoyo (cinco veces el número legalmente requerido); mucho menos se debe subestimar el hecho de que la mayoría de las propuestas esenciales de la ciudadanía hayan sido aprobadas en sus términos.

Los avances son evidentes. Representan el cambio más profundo experimentado por la administración pública en tanto apunta a la conformación de una suerte de “inteligencia institucional” para atacar las causas de la corrupción. Se creó un sistema que va mucho más allá de la denuncia y que conforma una cadena de procedimientos que articula las acciones preventivas, la investigación y la sanción de los actos corruptos. Asimismo, el sistema abarca los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado.

Las siete piezas legislativas que deberán hacer operable el sistema se refieren a las reglas de coordinación entre las distintas instancias que lo componen, a la creación de una fiscalía y un tribunal especializados en el combate a la corrupción, a la ampliación de facultades de investigación y denuncia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, así como una amplia gama de disposiciones relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y a la definición precisa de los tipos penales asociados con la corrupción.

La relevancia está más allá de toda duda. Por ejemplo, un avance significativo es el relativo al papel de la ciudadanía. Su rol dista de ser decorativo y legitimador; de hecho, el Comité de Participación Ciudadana no solo forma parte del sistema, sino que será la cabeza: será su órgano coordinador.

Por su parte, la creación de una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, así como la de tribunales ad hoc, es otro gran paso adelante. El objetivo es contar con instancias técnicamente competentes para investigar y procesar judicialmente este tipo de delitos. Aunque inscrita en el marco de la Nueva Fiscalía General de la Nación (que habrá de sustituir a la Procuraduría General de la República), la Fiscalía tendrá suficiente autonomía de gestión.

A la luz de todos estos avances, la pregunta sería por qué buena parte de la opinión pública ha sentenciado que lo aprobado es una mera simulación que contradice el espíritu de la propuesta ciudadana. La respuesta se relaciona principalmente del éxito mediático que tuvo bautizar la Ley de Responsabilidades como Ley 3de3. En efecto, el nombre fue exitoso, caló en el imaginario colectivo y facilitó la obtención de las firmas necesarias para presentar la iniciativa. El problema, sin embargo, radicó en que puso el acento en solo uno de los múltiples contenidos de la iniciativa. Las tres declaraciones están contenidas en un artículo de una ley que consta de 100 artículos, y dicha ley forma parte de un entramado legal de siete leyes.

En otras palabras, el principio de la máxima publicidad en las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses fue colocado en el centro del debate cuando su papel no es central. En todo caso, para combatir la corrupción y la impunidad es más importante la existencia de una Fiscalía autónoma o de un tribunal especializado. 

Desde luego, sería deseable que hubiese prevalecido la idea de la máxima publicidad, pero que esta no se haya podido concretar no autoriza a hacer tabula rasa y descalificar los importantes avances que la aprobación del sistema supone. 

En resumen, se ha construido un entramado legal e institucional que sienta las bases para un combate efectivo a la corrupción y la impunidad. Una victoria ciudadana, que en su desenlace deja un sabor agridulce. En medio de un debate ríspido, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) introdujeron una propuesta que ya había sido desechada por su falta de sustento: que las personas físicas y morales que recibiesen recursos públicos también fueran obligadas a presentar sus tres declaraciones.

El riesgo consiste en que esta disposición se traduzca en un alud de amparos y en la eventual cancelación de oportunidades de inversión foránea en proyectos que involucren recursos públicos. De esta forma, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades puede convertirse en un obstáculo para el funcionamiento fluido del sistema.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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