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Sistema Nacional Anticorrupción: El talón de Aquiles

Sistema Nacional Anticorrupción: El talón de Aquiles
noviembre 01
07:00 2016

Para que el SNA cumpla con su propósito, es necesario desvincular la designación de los auditores superiores de los congresos para liberarlos de presiones o compromisos; es decir, que actúen y decidan con autonomía técnica.

El pasado julio se promulgó el Decreto por el que se expide la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Hay que reconocer la creación del SNA –en sus propósitos de coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de crear una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), ya que las denuncias efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) históricamente se han atorado en la Procuraduría General de la República (PGR) o bien, no han dado lugar al ejercicio de la acción penal– y la participación ciudadana en este, constituye un gran avance en el combate a la corrupción, por lo que seguramente conforme se vayan generando todo tipo de experiencias durante su funcionamiento, se realizarán las adecuaciones pertinentes para lograr su fortalecimiento y arribar al modelo más eficaz. Lo relevante, es que ya se creó y que constitucionalmente se contempla la participación ciudadana, lo que en el México actual, con una ciudadanía cada vez más informada e interesada, difícilmente podrá ser revertido. Forman parte del SNA:

El Comité Coordinador, que será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana y por los titulares y presidentes de la ASF; la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el titular de la FECC y un representante del Consejo de la Judicatura.

El Comité de Participación Ciudadana se integrará por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, los cuales serán escogidos por la Comisión de Selección que constituirá el Senado de la República, la que se integrará con un grupo de nueve ciudadanos propuestos por instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Con este mecanismo, se busca desvincular la designación de este Comité, de cualquier influencia política o partidista y que pudieran responder a un interés distinto al ciudadano. Lo cual en un principio, me parece un acierto, si se logra el propósito de nombrar a cinco ciudadanos “químicamente puros”, con suficiente experiencia en los temas.

Respecto al Comité de Participación Ciudadana, cuatro de los cinco ciudadanos que lo integran (el quinto ciudadano que lo preside también es el Presidente del Comité Coordinador) integrarán la Comisión Ejecutiva, la cual tendrá bajo su responsabilidad, entre otras importantes funciones, la elaboración de propuestas para ser sometidas a la aprobación del Comité Coordinador, de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual ya venía funcionando y se integra al SNA, y los representantes de los Sistemas Anticorrupción de las Entidades Federativas que deberán contar con integración y atribuciones equivalentes al SNA.

AUTONOMÍA TÉCNICA

Del análisis de la estructura y funciones del SNA no queda la menor duda que están representadas las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, así como la sociedad civil; sin embargo, me parece que el SNA tiene su talón de Aquiles y para referirse a este, hay que centrarse en los hechos de corrupción que derivan de faltas administrativas graves, que durante años nos han sido dados a conocer a través de los distintos medios de comunicación, donde se involucran todos los partidos políticos y los órdenes de gobierno; delitos que en su mayoría han quedado impunes, han dado origen a grandes fortunas y en consecuencia han alimentado la corrupción, provocando que los recursos públicos no lleguen en su totalidad a los programas públicos a los cuales se destinan.

Lo relevante de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es que además contempla la participación ciudadana, lo cual difícilmente podrá ser revertido”.

La detección de faltas administrativas graves que constituyen a su vez hechos de corrupción, puede tener distintos orígenes, uno muy importante son las investigaciones periodísticas, las cuales han demostrado cada vez estar mejor informadas y documentadas. Otra vía importante son las denuncias de quien tiene conocimiento de estos hechos y la tercera es a través de las acciones de fiscalización.

Las dos primeras no están bajo el control del SNA; es decir, dependen de que las realicen terceros ajenos al Sistema, no por eso son de menor importancia. Lo único que está bajo el control del SNA son las acciones de fiscalización, porque todas las instituciones fiscalizadoras en el país forman parte o están representadas en este.

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Las acciones de fiscalización del gasto público en este país recaen, por una parte, en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de la Función Pública y sus Órganos Internos de Control; las Secretarías o Contralorías de los Estados y Municipios. Por otra, cuando forma parte del Poder Legislativo, en la ASF y los órganos de fiscalización superior de los estados. En el caso de las primeras, sus titulares son designados por el Presidente de la República, con motivo de las recientes reformas; el Secretario de la Función Pública debe contar con la ratificación del Senado, los gobernadores o presidentes municipales, según corresponda. Por ello no existe independencia en su trabajo y la denuncia de los asuntos de corrupción que detecten, está sujeta a la aprobación de quien los designó.

Tratándose del Auditor Superior, de los titulares de los órganos de fiscalización superior de los estados, que son designados por la Cámara de Diputados en el caso del primero y por los congresos estatales en el caso de los segundos; muchos, por no decir todos, llegan con compromisos con los partidos y gobiernos que los apoyan. Está ampliamente documentada la vinculación o cercanía que tienen los auditores superiores de los estados con sus gobernadores, quienes en muchos casos tienen una influencia significativa en las decisiones que se toman en los congresos, entre estas el instruir en quién recaerá esta responsabilidad.

En concreto las instituciones que pueden sancionar por faltas administrativas graves o por hechos de corrupción, el TFJA y la FECC, respectivamente, realizarán sus funciones, en la medida en que las instituciones que ejecutan acciones de fiscalización, las hagan de su conocimiento; es decir, estas últimas les generan los insumos para realizar sus funciones. Mientras no exista una autonomía técnica de facto, que implica una necesaria independencia en sus funciones, la denuncia de faltas administrativas graves y los hechos de corrupción estará sujeta a decisiones “superiores”. De forma coloquial diría:“sin pícher, no hay jonrón”. Por eso el SNA tiene su talón de Aquiles.

Es necesario desvincular la designación de los auditores superiores de los congresos para liberarlos de presiones o compromisos, tanto de los partidos políticos, a los cuales les deben su designación, o bien de autoridades gubernamentales, con influencia sustantiva en su congreso.

La fiscalización superior es una responsabilidad que requiere un alto grado de especialización, de conocimiento en diversas materias, objetividad, independencia de juicio, compromiso con los ciudadanos y amplia experiencia en actividades de fiscalización en la administración pública, que le permita a un auditor superior tener una visión integral del trabajo que se ejecuta bajo su responsabilidad, sin estar sujeto a presiones o compromisos que modifiquen u oculten los resultados. Se requiere encontrar a la persona con las mejores capacidades y experiencia para ejercer tan alta responsabilidad, no es tarea de improvisados, ni de amigos políticamente convenientes; se requiere de personas desligadas de compromisos políticos o gubernamentales, que actúen con verdadera autonomía técnica, indispensable para la satisfactoria gestión de su encargo y en consecuencia, para que el SNA cumpla con los propósitos para los que fue creado.

Los auditores superiores deben ser personas con las mejores capacidades y experiencia para ejercer tan alta responsabilidad, no es tarea de improvisados”.

Una propuesta sería que los auditores superiores, tanto de la federación como de los estados, fueran seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública, de una terna propuesta por los Comités de Participación Ciudadana, que forman parte del SNA y sus equivalentes a nivel estatal, sin modificar ninguna de las facultades y obligaciones que les son establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación o sus equivalentes en las entidades federativas.

Si estamos de acuerdo en que el Comité de Participación Ciudadana y sus equivalentes estatales estarán integrados por ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o al combate a la corrupción, lo cual supone, que adicionalmente a sus principios y valores, serán expertos en esos temas; entonces ¿por qué no confiar en ellos y delegarles la búsqueda de la terna de candidatos que sería sometida a votación de la Cámara de Diputados o Congresos Estatales? Dichos Comités harían las mejores propuestas para cumplir con los propósitos que persigue el SNA.

C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard
Presidente de la Comisión de Auditores del Sector Público
glozanod@yahoo.com.mx

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