Veritas Online

Ética

Sistema Nacional Anticorrupción: Combate a la impunidad

Sistema Nacional Anticorrupción: Combate a la impunidad
noviembre 01
2015

La reforma constitucional tiene los objetivos de prevenir, contener y sancionar la cultura de la ilegalidad; uno de los primeros pasos será aplicar las leyes.

La práctica displicente e indebida de las funciones en instituciones de seguridad y justicia provocadas por la misma sociedad trae consigo un problema cotidiano de impunidad que conlleva a una expresión colectiva de inconformidad y hartazgo de actos excesivos con ausencia de sanciones legales, peor aún a la familiarización o interiorización de la impunidad como una conducta habitual e individual.

La palabra impunidad significa falta de castigo, de acuerdo con su raíz etimológica del latín (impun tas, – tis); para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta acción se entiende como “la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”; en otras palabras la impunidad representa un problema estructural y funcional grave de la vida pública democrática por la violación sistemática a los derechos humanos, las prácticas corruptivas e incremento en los niveles de violencia.

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) realizó en abril de 2015 un estudio sobre el índice de impunidad, en él determinó que los países que tienen índices de impunidad bajo son aquellos que además de tener una capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y de justicia hay un respeto hacia los derechos humanos; destaca que de acuerdo con sus estudios, México ocupa el lugar 57 en materia de impunidad de 193 Estados miembros de la Naciones Unidas y el penúltimo de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad (IGI).

De cara a este complejo problema, el pasado periodo de mayo, la Presidencia de la República aprobó la reforma constitucional con cambios estructurales para combatir la impunidad y fortalecer con legalidad la transparencia y las acciones en el servicio público. Destacaron puntos significativos para la sociedad:

  • La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • La transformación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un órgano jurisdiccional con más competencia.
  • La creación de dos comités, uno Coordinador y otro de Participación Ciudadana.
  • La ampliación y fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar con eficacia la irregularidad de los actos ejercidos por fideicomiso, fondos y mandatos, públicos y privados.
  • Se establece que el Senado de la República será el responsable de ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública.
  • El Congreso de la Unión expedirá la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción máximo en un año.

La finalidad de la reforma consiste en coadyuvar al fortalecimiento del desarrollo de negocios, las inversiones y el comercio en general a través de un clima de legalidad, de transparencia y aplicación correcta de los programas sociales.

El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia facultada ampliamente para coordinar y homologar acciones políticas entre los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal) para prevenir, detectar y sancionar las irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano encargado de aplicar las sanciones a los servidores públicos por irresponsabilidades administrativas graves y a los particulares que incurran en dichos actos de corrupción, podrá fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten el patrimonio público. Este órgano contará con una Sala Superior, integrada por 16 magistrados y Salas Regionales. Los miembros estarán designados por el Presidente de la República, siendo confirmados con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

El TFJFA continuaría funcionando hasta que entre en vigor la ley reglamentaria que crearía el órgano que los sustituirá, mientras tanto los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de este organismo se transfieren al nuevo tribunal.

El objetivo de la reforma consiste en coadyuvar al fortalecimiento del desarrollo de negocios, inversiones y comercio a través de un clima de legalidad.”

El comité coordinador agrupará a distintas instancias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos que se destaquen por su participación en el ejercicio de actos de transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; designados conforme a los términos que la ley establezca.

En términos generales, la reforma tiene tres objetivos centrales: la prevención, contención y sanción de la cultura de la ilegalidad:

[1] La prevención a través de combate al cohecho, la extorsión, tráfico de influencias y demás actos indebidos cometidos en el servicio público; fomento a la cultura de la legalidad; presentación obligatoria de la declaración patrimonial y de conflicto de interés.

[2] La contención por medio del freno al socavo de los derechos sociales, al abuso del poder y uso indebido de los recursos públicos; creación de sistemas locales anticorrupción por los estados.

[3] La sanción a servidores públicos y particulares ante actos de alevosía; la extinción de dominio o su disolución.

La creación de leyes que pretenden regular la conducta humana por sí mismas no constituyen ni garantizan ser el mejor medio para solucionar o abatir el problema de la impunidad, sino más bien la aplicación de las leyes sin distinción alguna a quienes incurran en acciones ofensivas para hacer válido el Estado de Derecho de quienes han sido agraviados, a su vez generando conciencia de que los actos que no son castigados se multiplican y se generalizan, trayendo consigo más delincuencia, corrupción y debilitamiento de la confianza en las instituciones.

M. en C. y C.P. María Guadalupe Martínez Castañeda
Integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio
ideologiacritica@hotmail.com

Facebook Comments

Related Articles

Búsqueda

Sígueme en Twitter

A %d blogueros les gusta esto: