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Significado e implicaciones: El fin del ciclo reformista

Significado e implicaciones: El fin del ciclo reformista
octubre 01
00:33 2014

Después del proceso de transformación, la gestión del Ejecutivo tendrá la misión de mostrar los resultados en el campo de la economía y la seguridad.

Con la firma, del decreto promulgatorio de las leyes secundarias de la reforma energética, concluye la fase principal del proyecto reformista impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un logro de incuestionable relevancia, sobre todo si se considera que desde 1997, cuando por primera vez el Jefe del Ejecutivo Federal dejó de contar con mayorías absolutas en el Congreso de la Unión, el proceso reformista se vio entorpecido por los intereses y cálculos partidistas que impidieron la conformación de las mayorías necesarias para sacar adelante los cambios legislativos.

Pero más allá del mérito político que implicó la construcción de acuerdos, debe resaltarse la trascendencia de las transformaciones impulsadas. Al amparo del Pacto por México tuvieron lugar importantes reformas estructurales (educativa, político-electoral, fiscal, financiera, competencia económica, telecomunicaciones y energética) que, desde una perspectiva de largo aliento, pueden ser interpretadas como un radical cambio de paradigma del desarrollo nacional.

Al menos en los textos legales, se dejó atrás el contrato social basado en el nacionalismo revolucionario (estatismo y corporativismo) y se adoptó uno más a tono con los postulados del liberalismo económico y político (mercado y ciudadanía).

Ahora la pregunta es qué sigue. Y la respuesta más inmediata se refiere a la necesidad de convertir los nuevos referentes normativos en realidades concretas. El desafío es la instrumentación de las reformas, pues de ella depende que el cambio formal de paradigma se traduzca en cambios efectivos en la dinámica social.

En este sentido, ante el imperativo de la instrumentación de las reformas, es probable que ocurran cambios en el gabinete. Concluida la etapa más delicada de la negociación con los principales partidos de oposición, en el equipo de gobierno se deberá privilegiar el nombramiento de funcionarios con mayores dotes operativos que negociadores.

También será crucial que el gobierno defina con claridad sus prioridades: apostar al éxito de las reformas o evitar conflictos y sus eventuales costos políticos. Por ejemplo, ante las reticencias de los poderosos actores preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, será fundamental tener presente que el éxito de la reforma debe prevalecer frente a la necesidad de evitar confrontaciones que pudiesen afectar los resultados del proceso electoral en puerta.

De la misma manera, frente a las amenazas de la Sección 22 de Oaxaca, la aplicación cabal de la reforma educativa debe prevalecer sobre el objetivo de no atizar conflictos sociales. Al reto de la eficaz instrumentación deberá agregarse la asunción de los costos políticos ya no de la aprobación, sino de la aplicación de las reformas.

Para el gobierno del Presidente quedan por delante más de 50 meses y, durante este tiempo, su gestión no será juzgada por los éxitos negociadores que condujeron a las reformas, sino por sus resultados, principalmente en el terreno de la economía y la seguridad. Ciertamente, los efectos positivos de las reformas no se evidenciarán en el corto plazo.

El desafío es la instrumentación de las reformas, pues de ella depende que el cambio formal se traduzca en cambios efectivos

Sin embargo, los resultados urgen y, desde un punto de vista político, ya no hay pretextos: la pelota está en la cancha del gobierno. El Lic. Enrique Peña Nieto y su equipo cuentan con los recursos jurídicos y el andamiaje institucional para encarrilar al país por la senda del crecimiento económico, el abatimiento de la pobreza y la reducción de la violencia. Y ello presupone una instrumentación eficaz de las reformas y hacer valer el Estado de Derecho.

Uno de los factores clave del éxito de la gestión gubernamental será el reforzamiento del capital político del Presidente a través de una suerte de ratificación de su mandato. En este sentido, un imperativo será revertir el deterioro de su imagen y entrar de lleno a la contienda electoral. El Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejarán de ser socios del proceso reformista y se convertirán en adversarios político-electorales.

En paralelo, los partidos de oposición perderán capacidad para presionar al gobierno y, en el caso del PAN, todo apunta a que desplegará un discurso crítico dirigido a acentuar sus diferencias con este. El PRD, por su parte, insistirá en su bandera de revertir la reforma energética y, dependiendo de los resultados de su elección interna, quedará pendiente su definición como oposición con propuesta o como obstáculo sistemático.

Finalmente, si bien para la actual administración, el ciclo de las grandes reformas estructurales ya culminó, ello no significa que la agenda legislativa esté agotada. Hay pendientes importantes, que incluso son parte de la agenda del Pacto por México. Cabe, a este respecto, citar los siguientes:

  • La anunciada reforma al campo, cuya relevancia es incuestionable, aunque hay sobradas razones para suponer que, en el marco del proceso electoral que se avecina, dicha reforma difícilmente modificará las premisas políticas e ideológicas que, en buena medida, son la causa del desastre que hoy vive la actividad agropecuaria.
  • La reforma política del Distrito Federal y la consecuente promulgación de una Constitución que, además de definir un modelo funcional de relación con la federación, confiera a los habitantes de la capital los mismos derechos políticos que disfrutan los habitantes del resto de las entidades.
  • La reforma de la Seguridad Social que, sin lugar a dudas, es la principal asignatura pendiente en materia de bienestar social, pero cuya viabilidad se antoja cuestionable en virtud de las insuficiencias de una reforma fiscal que no logró ampliar la base de contribuyentes ni la recaudación.
  • La creación de un órgano anticorrupción autónomo que deberá sustituir a la Secretaría de la Función Pública y que debería convertirse en el principal mecanismo institucional de una política de Estado de combate a la corrupción.

Queda por ver si en el marco de una etapa caracterizada por la reanudación de la contienda partidaria habrá condiciones adecuadas para llevarlas a buen puerto.

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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