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SIBRAS: Crónica de una muerte anunciada

SIBRAS: Crónica de una muerte anunciada
abril 29
14:47 2014

Lo que nació como un régimen de beneficios fiscales para las Sociedades de Infraestructura y Bienes Raíces, se convirtió en una medida para detener prácticas elusivas y un castigo para quienes hacían un uso apropiado del estímulo.

En 2006, se incorporó a la legislación fiscal un régimen de beneficios fiscales a las sociedades mercantiles que realizaran actividades de inversión inmobiliaria, conocidas como Sociedades de Infraestructura y Bienes Raíces (Sibras).

En términos generales el estímulo consistía en permitir que la acumulación de la ganancia derivada de la aportación de un inmueble a una Sibra pudiera diferirse hasta que el accionista enajenara las acciones de la sociedad, o cuando la Sibra enajenara el inmueble aportado, y liberar a la sociedad de la obligación de hacer pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De conformidad con el artículo 224-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), para que una sociedad mercantil pudiera aprovechar el estímulo referido, debía reunir los siguientes requisitos:

[1] El fin primordial de la sociedad debía ser la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento; la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, o bien, otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los bienes arrendados.

[2] Al menos 70 % del patrimonio de la sociedad debía estar invertido en los bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y el remanente en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda.

[3] Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen al arrendamiento y no se enajenen antes de haber transcurrido al menos cuatro años contados a partir de la terminación de su construcción o de su adquisición.

MÁS REQUISITOS

En este sentido, con el simple cumplimiento de dichos requisitos, se tenía la posibilidad de aplicar el estímulo, sin que sea necesario obtener alguna autorización o calidad especial.

Sin embargo, las autoridades emitieron para el ejercicio fiscal de 2013 la regla miscelánea I.3.20.2.6, que señala que por cada aportación de bienes para incremento de capital que reciban este tipo de entidades, sería necesario que las Sibras presenten un escrito que incluye 11 requisitos, e indica que de no presentarse o hacerlo de forma parcial, se entendería que la sociedad mercantil no aplicó el estímulo a que se refería el artículo 224-A de la LISR, vigente en ese ejercicio.

Como puede observarse, mediante disposiciones misceláneas, se impusieron requisitos que no están señalados en Ley, complicando la aplicación del estímulo y desincentivando el uso de esta figura, misma que según la exposición de motivos del ejercicio de incorporación del estímulo, se pretendía promover.

En complemento a lo anterior, resulta importante destacar que en materia de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), aunque inicialmente las Sibras no estaban eximidas de realizar pagos provisionales de este impuesto, se estableció mediante decreto publicado el 27 de febrero de 2008, la posibilidad de no realizarlos, sin embargo, mediante el Decreto de compilación de beneficios fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 30 de marzo de 2012 se derogó el beneficio antes señalado. Las Sibras quedaron obligadas a hacer pagos provisionales como cualquier otra sociedad.

Nuevamente, la eliminación de dicha facilidad ponía en evidencia a la autoridad respecto de su inconformidad, en relación con las sociedades que adoptaron el régimen conociendo los requisitos y reglas aplicables al mismo.

Finalmente, el punto que llama más poderosamente la atención, y que deja con un muy mal sabor de boca a los contribuyentes que actuaron de buena fe, es el relacionado con el establecimiento de nuevos requisitos para estar en posibilidades de diferir la acumulación del ingreso para efectos de IETU. Mediante el decreto publicado en el DOF el 30 de marzo del 2012 y el cual derogó el estímulo previsto en el decreto de 2008, se estableció que para que los contribuyentes que aporten bienes a las Sibras, pudieran considerar los ingresos para efectos de IETU en la misma fecha que deban acumular la ganancia para efectos de ISR, las acciones de la Sibra se deberían enajenar a través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Mediante disposiciones misceláneas, se impusieron requisitos que no están señalados en la Ley, complicando la aplicación del estímulo

Como puede observarse, nuevamente la autoridad modificó sustancialmente el régimen e hizo prácticamente imposible e inefectivo, la aplicación del estímulo. Finalmente la Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en 2013, respecto de la reforma fiscal para 2014, propone derogar el régimen aplicable a las Sibras, para evitar que el uso distorsionado del beneficio considerado en el artículo 224-A de la LISR erosione la base del ISR.

La Iniciativa expresa que el Servicio de Administración Tributaria ha observado que, derivado de las auditorías practicadas a diversas sociedades mercantiles constructoras o adquirentes de inmuebles, el beneficio se utiliza únicamente para el diferimiento del pago de impuestos, e incluso ha detectado que se utiliza esta figura para enajenar un bien inmueble sin el pago del gravamen e incluso generar pérdidas deducibles para efectos del ISR.

En relación con lo anterior, en disposiciones transitorias, se establece un nuevo supuesto de acumulación de las ganancias generadas por la aportación de bienes inmuebles a una Sibra, el cual obliga a los contribuyentes a acumular la totalidad de la ganancia diferida a más tardar el 31 de diciembre de 2016, independientemente de que se haya cumplido o no con alguno de los supuestos previstos en la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

Es sumamente cuestionable que se modifiquen los supuestos de acumulación establecidos en la Ley vigente hasta 2013, ya que limita el estímulo otorgado y cambia la hipótesis de acumulación bajo la cual un contribuyente optó por aplicar este estímulo.

Adicionalmente, las autoridades no toman en consideración que llegado ese momento, los contribuyentes pueden no contar con los recursos económicos para afrontar ese pasivo fiscal, toda vez que en el momento del ejercicio del estímulo no existía la obligación del pago del impuesto más que cuando se enajenara el activo, o se vendieran las acciones propiedad del aportante, y en ambos supuestos, es ampliamente probable que se contara con recursos para afrontar el pago del impuesto diferido.

Es lamentable que el legislador, con el ánimo de detener prácticas que considera agresivas o elusivas, tome medidas que son a todas luces desproporcionales y que castiga a quienes hacían un uso apropiado del estímulo fiscal.

Independientemente de que se deberá valorar la constitucionalidad de la norma, misma que pareciera violar claramente normas de irretroactividad, nuevamente estamos ante la presencia de la eliminación de un régimen que promovía de forma muy eficiente el mercado inmobiliario mexicano, debido a un error en el diseño de la norma y el abuso que unos cuantos aprovecharon de dicha deficiencia.

Por C.P.C. y P.C.FI. Ernest Haiat Khabie

Secretario de la Comisión Investigación Fiscal del Colegio

ehaiat@haiat.net

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