Veritas Online

Auditoría

Servidores públicos con la facultad de dar fe pública (LFPIORPI)

Servidores públicos con la facultad de dar fe pública (LFPIORPI)
mayo 22
07:15 2017

ANTECEDENTES

El titular de Poder Ejecutivo Federal presentó el 26 de agosto de 2010 ante la Cámara de Senadores la iniciativa del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y de Financiamiento al Terrorismo, asimismo se reforma el artículo 27 y se adiciona al artículo 27 bis, ambos del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Con fecha 15 de octubre de 2012 se expide la LFPIORPI, y entra en vigor a los nueves meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como lo señala el artículo Primero Transitorio de citada Ley. Y atendiendo su artículo segundo transitorio, con fecha 16 de agosto de 2013, se publica en el DOF el Reglamento de la LFPIORPI.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dicha Ley contiene 64 artículos en ocho capítulos y siete artículos transitorios.

QUÉ SE ENTIENDE POR ORDEN E INTERÉS PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA GENERAL

Esta Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos; para el entendimiento de este primer artículo en su aplicación, es necesario describir que es del orden e interés públicos. En el artículo 6º del Código Civil Federal, señala  que “la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero”; lo que significa que en el orden público, el gobernado tiene la obligación de cumplir dicha Ley y no eximirla, y así evitar los fines que persigue la misma. Interés público se traduce en la existencia de leyes imperativas que, por su naturaleza, no pueden ser derogadas por los particulares porque defienden el interés de estos, así como el del Estado; al respecto invoco la siguiente Tesis: Época: Novena Época; Registro: 162333; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C.926 C; Página: 1350.

ORDEN PÚBLICO. SU NOCIÓN Y CONTENIDO EN LA MATERIA CIVIL

El campo civil como espacio en el que confluye y se regula la actividad privada de los particulares no es ajena a esa noción que constituye su límite a través de la norma, como la garantía de que no será obstaculizada esa actividad delimitada por la propia ley. Así se desprende del artículo 6o. del Código Civil para el Distrito Federal cuando dispone que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, conforme a lo cual se le reconoce a la ley su carácter primario de fuente del derecho y como rectora del orden social, sobre la base inclusive de que, solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Más aún, el mismo ordenamiento destaca como norma de resolución de conflictos, la fracción II del artículo 15 del mismo ordenamiento al indicar que no podrá aplicarse el derecho extranjero cuando las disposiciones de este o el resultado de su aplicación sean contrarias a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. La idea de autonomía individual viene determinada por dos dimensiones; la primera de ellas que atiende a la noción de interés público que se traduce en la existencia de leyes imperativas que, por su naturaleza, no pueden ser derogadas por los particulares porque defienden el interés de éstos así como del Estado y, la segunda, que se traduce en un mecanismo jurídico de aplicación jurisdiccional que se interesa por velar por el interés general limitando cualquier actividad privada que atente contra el mismo. De ese modo, puede diferenciarse a la norma imperativa de la norma de orden público, ya que mientras esta última siempre es imperativa, no toda norma imperativa es de orden público. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Al considerar esta norma como de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, estaremos invocando a la carta magna en su artículo 42, que a la letra dice: El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federación; II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores; VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

OBJETO DE LA  LFPIORPI 

El Objeto de esta norma es proteger el sistema financiero y la economía nacional, y una las medidas medulares de la iniciativa en la exposición de motivos, es restringir operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada. Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Así mismo esta norma establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, considerando que delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el ánimo del activo consiste en ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de dinero), a través de instituciones financieras, nos ocupa la siguiente tesis aislada: Época: Novena Época; Registro: 170941; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada ; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia(s): Penal; Tesis: I.9o.P.67 P; Página: 736

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN Y POR FAVORECIMIENTO, Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SON DELITOS DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SOLO EN GRADO. De la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del Código Penal Federal del 29 de diciembre de 1984 se advierte la propuesta para incluir en su artículo 400 las figuras delictivas de encubrimiento por receptación y por favorecimiento, con el objeto de sancionar a quienes maliciosamente adquieran objetos cuya procedencia es delictuosa; por su parte, de la diversa exposición de motivos a la reforma publicada en el DOF el 13 de mayo de 1996 se colige la consideración de contemplar como nuevo delito el “lavado de dinero” (operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el artículo 400 bis del código penal en cita, previsto entonces en el numeral 115 bis del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 13 de mayo de 1996), en atención a que debía ser más amplia la protección de los bienes jurídicos tutelados. Luego, si fueron motivos diversos los que propiciaron la creación de ambas figuras jurídicas es inconcuso que no se trata de un mismo delito que difiera solo en grado, pues además su denominación y naturaleza jurídica denotan autonomía e independencia, atendiendo a que para su integración se actualizan elementos propios y diferentes entre sí, pues el delito de encubrimiento requiere del ánimo de lucro y que en el actuar del activo esté implícita la voluntad o intención de sacar provecho de una cosa; mientras que en el diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el ánimo del activo consiste en ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de dinero), a través de instituciones financieras; adicionalmente, en el delito de encubrimiento el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico tutelado es la administración de justicia y la seguridad pública, en tanto que en el delito de operaciones con recursos ilícitos el sujeto pasivo es la seguridad pública, la seguridad del sistema financiero y la economía nacional, y el bien jurídico tutelado es la salud, la vida, la integridad física y el patrimonio, afectados por actividades del narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, así como la preservación de los derechos humanos y la seguridad pública; siendo adicionalmente regulado el primero de ellos en el capítulo I y el segundo en el capítulo II del Código Penal Federal. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 262/2007. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Trinidad Vergara Ortiz.

SERVIDORES PÚBLICOS CON FE PÚBLICA

Si bien es cierto esta ley contiene sesenta y cuatro artículos, hoy estaremos analizando, quiénes son los servidores públicos que tienen fe pública para esta citada ley; para  su análisis   nos debemos remitir a los siguientes numerales:  en las 14 fracciones del artículo tercero de esta ley PIORPI se establece la definición de términos; uno de ellos, la fracción VII, describe como Fedatarios Públicos a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables.  Además,  el artículo 17 de misma ley, que a la letra dice:

Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;

 b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;

 c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

 e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.

B. Tratándose de los corredores públicos:

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles;

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar;

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado.

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley:

En el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108 considera como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Ahora bien de forma enunciativa no limitativa, los servidores públicos que por su propia normatividad les da la atribución de la fe pública, se consideran los siguientes:

  1. Los consulados
  2. Los secretarios generales
  3. Los jueces de control
  4. Los secretarios de acuerdos
  5. Los actuarios
  6. Oficiales del Registro Civil

Para los consulados recaen sus atribuciones de fe pública en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el artículo 44, fracción IV que a la letra dice: “Ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano, en los términos señalados por el Reglamento. Su fe pública será equivalente en toda la República, a la que tienen los actos de los notarios en el Distrito Federal” por lo que al realizar actos notariales, estamos luego entonces en actividades vulnerables del artículo 17 fracción XII de la LFPIORPI.

Tratándose de jurisdicciones locales, por ejemplo, el Secretario General del Supremo Tribual de Justicia tiene fe pública en el ejercicio de sus funciones, recayendo sus atribuciones en el artículo 20 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de San Luis Potosí -LOPJESLP-Los Jueces de Control que operen el sistema penal acusatorio y oral, tendrán fe pública en ejercicios de sus funciones; artículo 54TER LOPJESLP.

Los Secretarios de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su cargo y sus atribuciones, dar fe de las diligencias y autorizar las resoluciones de la Sala en los términos de esta Ley, artículo 71,73 LOPJESLP.

Los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia, así como los Secretarios de Acuerdos de Juzgados Menores, sus atribuciones es dar fe de todas las diligencias en que intervengan y autorizar en los términos de la ley, las resoluciones dictadas por el Juez, artículo 74, 75 LOPJESLP.

Los actuarios tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones, artículo 83 LOPJESLP.Los Oficiales del registro Civil, tendrán fe pública en el desempeño de sus labores, artículo 22, Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

CONCLUSIONES

Los servidores públicos con fe pública que hacemos mención, y que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables, tendrán las obligaciones del artículo 18 de citada ley, como es Identificar a los clientes y usuarios; solicitar al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación y si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario; en un plazo de cinco años y de manera física o electrónica, debe custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación; brindar las facilidades para las visitas de verificación y presentar los avisos ante la Secretaría.

 

C.P.C. y L.D. Florentino Bautista Hernández
Corporativo Bautista Hernández, S.C.
Socio Director e integrante de la Comisión de PLD, IMCP
florentinobhz@hotmail.com

Facebook Comments

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

A %d blogueros les gusta esto: