Una jueza de distrito emitió su primera sentencia para conceder un amparo a quienes se quejan de la desproporcionalidad de la no deducción de cuotas obreras que el patrón paga al IMSS.

El pasado 25 de marzo la Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Lic. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, emitió la primera sentencia respecto de la reforma fiscal vigente para 2014, concediendo el amparo a la empresa quejosa por dos conceptos que tildó de inconstitucionales.

Esos fueron: 1. Lo relativo a la no deducción de cuotas obreras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que paguen los patrones por cuenta de sus trabajadores (fr. I del art. 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, LISR) y 2. La limitante que se impone para deducir solo 50% (vía la aplicación de los factores ya sea del 0.53 o 0.47) de los pagos –prestaciones– que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador (fr. XXX del art. 28 de la LISR). La jueza estima en su sentencia que resultaba desproporcional:

“La restricción a la deducción de un gasto necesario e indispensable, que en la especie está representado como aquellos pagos de cuotas de Seguridad Social pagadas por los patrones, impide que a los mismos se les reconozca el carácter de erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente, y por tanto susceptibles de disminuir la base gravable; anterior situación que contraviene lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal”.

Asimismo, precisa en su resolución que: “…la medida en análisis está más bien encaminada a desincentivar el otorgamiento de este tipo de prestaciones a favor de los trabajadores, pues en su caso, los empleadores dejarían de realizar aquellos pagos de cuotas de Seguridad Social que corresponde originalmente a dichos trabajadores; afectándose en su caso, el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia”.

Por otra parte, señala la Titular del Juzgado en comento, lo siguiente: “…debe tomarse en cuenta que esta pretensión, desde luego deseable en la medida en la que busca un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, minimiza la posición del empleador que, erogando un gasto necesario e indispensable para la consecución del ingreso (gravable), no podrá efectuar la deducción correspondiente –pues no reconocerla (sic) por completo– ya que no puede dejar de tomarse en cuenta que se trata de gastos derivados de la prestación de un servicio personal subordinado –tanto como lo es el salario– independientemente de la finalidad social más trascendental que pudiera tener –y que, en todo caso, podría justificar algún trato fiscal preferencial para el trabajador, como efectivamente se logra mediante el otorgamiento de una exención– sin que se aprecie una causa que justifique una limitante en la deducción del concepto para el empleador”.

Finalmente, indica: “Consecuentemente, se sostiene que la base gravable para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se ve afectada injustificadamente por el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil catorce, ya que no corresponde en su totalidad a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se le permite efectuar una deducción lícita y que, dada su naturaleza, resulta necesaria para efectos de calcular la base de dicho gravamen.”

Lo anterior es así, en virtud de que el numeral combatido por la parte quejosa le conmina a contribuir al gasto público, de conformidad con una situación económica y fiscal que realmente no refleja su capacidad contributiva auténtica, toda vez que se le obliga a determinar una utilidad que realmente no reporta su operación, en el entendido de que los pagos que realiza la empresa por concepto de cuotas de Seguridad Social que corresponde originalmente a dichos trabajadores, trasciende en la determinación de su capacidad contributiva, lo que provoca que se viole la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución…”.

[blockquote style=”1″]Aunque la sentencia es un primer paso, no debe soslayarse su importancia, pues fortalece lo que analizan y expresan los defensores de los contribuyentes[/blockquote]

Cabe precisar que la propia sentencia establece los efectos de la concesión del amparo, los cuales consisten en que: “Una vez que esta sentencia cause el grado de ejecutoria, y a fin de restituir a la solicitante de amparo en el goce de la garantía individual violada, no se apliquen a la empresa quejosa lo previsto por el artículo 28, fracción XXX… se le permita deducir la totalidad de todos aquellos pagos, debidamente probados ante la autoridad exactora, con motivo de gastos de previsión social o de aquellos que hubiere realizado a nombre de sus trabajadores que hubiesen sido pagados por ella, a partir del primero de enero de dos mil catorce, y que constituyan para los mismos ingresos exentos para el trabajador, sin aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, o en su caso, el factor de 0.47, según sea el caso”.

Es importante destacar lo obvio: apenas es una sentencia en primera instancia, la cual ya fue impugnada por las autoridades y la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, lo anterior no demerita el que ya hubo una Jueza que estimó y compartió que la reforma fiscal, en los temas precisados es desproporcional, situación que a todos los contribuyentes y a quienes nos dedicamos a estos menesteres nos saltó de inmediato al analizar la Iniciativa de reforma que se presentó el domingo 8 de septiembre de 2013 y que luego del procedimiento legislativo, quedó plasmada como Ley de cumplimiento irrestricto.

Si bien es cierto que se trata de un primer paso, no deben soslayarse su importancia y trascendencia, pues pone de manifiesto lo evidente de la inconstitucionalidad en cita, lo cual ya está plasmado en una sentencia, que expresa la opinión de una autoridad decisoria, que no es un hecho menor, aunque se trate de una primera instancia. Esto fortalece lo que analizan y expresan los defensores de los contribuyentes, incluso da confianza en el Poder Judicial, lo que es todavía más relevante, en virtud que las opiniones que un Juez de Distrito vierte en una resolución tienen una relevancia toral y es bueno recordar que en esta medida se fortalecen las instituciones del Estado.

Claro está que la reacción de las autoridades no se hizo esperar y han solicitado al Poder Judicial Federal que suspenda la emisión de sentencias, y concentre todos los asuntos, de cada tema impugnado, en un grupo de juzgados a quienes se les asigne esta tarea. No cabe duda que en este ajedrez, que es el litigio, hay todo tipo de estrategias.

Retomando el tema en específico, vale la reflexión en torno a la reforma recaudatoria: probablemente los análisis económicos con todas sus variables posibles, conocidos por los especialistas en esa ciencia, llevaron necesariamente a crear esto que ahora nos obliga sobre las mismas bases de siempre.

Pero se perdió de vista lo importante, por atender lo urgente; se primó el afán recaudatorio –exigido por las circunstancias, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras tantas más– es decir, se concedió primacía a captar recursos utilizando la consabida e inveterada fórmula de recargarse en los mismos contribuyentes cautivos, lo que es el camino más corto y a la mano, en vez de atreverse a recaudar en y de los “paraísos fiscales” –los denominados informales, entre otros muchos– pasando por alto que el interés colectivo, parte inopinadamente de cada individuo y que la suma de todos los individuos (sean personas físicas o morales, claro, los contribuyentes cautivos) es el agotado sustrato social del que emana la riqueza que requiere un Estado.

Lic. Raúl Bolaños Vital

Integrante de la Comisión Fiscal del Colegio

de Contadores Públicos de México

raul.bolanos@mx.pwc.com

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