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Sellos digitales: Cancelación a diestra y siniestra

Sellos digitales: Cancelación a diestra y siniestra
abril 01
07:06 2017

Los contribuyentes pueden ser inhabilitados de sus actividades económicas, pues la autoridad fiscal está facultada para cancelar el sello digital si detectan infracciones, incluso sin aviso previo o comprobación.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) permite que la autoridad fiscal, por muy diversos motivos, deje sin efectos los certificados de sellos digitales emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y utilizados por los contribuyentes para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en sus negocios. Efectivamente, el artículo 17-H del CFF contiene un listado para tales efectos, en este destaca la fracción X, inciso d). Ahí se faculta expresamente a las autoridades fiscales para cancelar los sellos digitales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación.

¿CUÁNDO OCURRE?

La ley señala que si la autoridad fiscal detecta que un contribuyente titular del certificado comete alguna de las infracciones mencionadas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, se pueden dejar sin efectos los certificados de sellos digitales sin acudir al ejercicio de las facultades de comprobación.

De la lectura de estos tres preceptos legales se observan decenas de casos por los cuales se puede paralizar completamente la actividad de las empresas al impedirse la emisión de los CFDI, toda vez que los certificados de sellos digitales son un requisito esencial de los mismos y su cancelación puede tener consecuencias desastrosas.

Sin pretender abarcar la totalidad de los casos contenidos en tales artículos, conviene mencionar algunos interesantes:

  • Artículo 79. Señala como infracción la no presentación de avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o su presentación extemporánea. Igualmente, es una infracción el no citar la clave del registro en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado a ello conforme a la ley.
  • Artículo 81. Incluye como supuestos de infracción que conllevan la cancelación de los sellos, no presentar declaraciones, avisos o constancias que exijan las leyes, que no se haga a través de los medios electrónicos, se presenten a requerimiento de las autoridades fiscales o se haga fuera de plazo. Asimismo, es infracción presentar dicha información incompleta o con errores, no efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de alguna contribución o simplemente no presentar alguna de las declaraciones informativas completa o en tiempo.
  • Artículo 83. Menciona diversos supuestos de infracciones en materia de contabilidad y comprobantes que pueden provocar cancelación del certificado de sellos digitales, como no llevar algún libro o registro especial que requiera la ley, no hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos y no expedir, no entregar o no poner a disposición los CFDI de sus actividades o hacerlo en modo distinto al señalado en las leyes. Lo interesante de este último artículo es que las infracciones solo se actualizan siempre que sean descubiertas por las autoridades en el ejercicio de facultades de comprobación.

CONTRADICCIONES LEGALES

En este sentido, existe una notoria contradicción entre el artículo 17-H, fracción X, inciso d) relacionado con la cancelación de sellos digitales y el anterior artículo 83, ambos del CFF. El primero señala que para que se actualice el supuesto de cancelación del certificado de sellos digitales por darse alguna infracción, no es necesario el ejercicio de facultades de comprobación. En cambio, el diverso artículo 83 sí requiere que se ejerzan facultades para determinar la existencia de una infracción.

De la lectura de los párrafos anteriores se advierte claramente un riesgo importante que corren los contribuyentes frente a la autoridad fiscal. Sin iniciar sus facultades de comprobación y simplemente por detectar infracciones, esta puede cancelar el sello digital que sirve para la expedición de comprobantes fiscales, inhabilitándolos para realizar sus actividades económicas.

Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que la medida de cancelación puede ser realizada por la autoridad sin que se percate el contribuyente con antelación. Lo anterior es así, ya que no se requiere aviso alguno o ejercicio previo de facultades de comprobación, bastando que se detecten las irregularidades de cualquier otra manera para ejecutar la cancelación.

Se considerarán como infracciones las mencionadas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF; es cuando la autoridad podrá dejar sin efectos los certificados de sellos digitales”.

¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES?

Sobre este respecto, en relación con la posibilidad de obtener en amparo la suspensión de esta drástica medida, el pasado 6 de enero del presente año, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, una tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Nuevo León). En ella se establece que resulta procedente conceder la suspensión en contra de la cancelación del sello digital que sirve para la expedición de comprobantes fiscales, cuando los mismos se han dejado sin efectos con base en el artículo 17-H fracción X inciso d) del CFF.

Dicho Tribunal Colegiado de Circuito estima que no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público al otorgarse la suspensión en el juicio. De no otorgarse dicha suspensión, el mencionado tribunal señala que los perjuicios sufridos por el contribuyente son de difícil o imposible reparación, pues durante el tiempo en que se encuentren sin efectos los certificados de sellos digitales, su negocio se vería gravemente afectado al no poder emitir CFDI. Incluso el fisco federal dejaría de recaudar los impuestos correspondientes a esa actividad comercial, afectando el orden público.

Anteriormente ya se había emitido otro precedente en sentido contrario del Segundo Tribunal Colegiado del mismo Cuarto Circuito en Nuevo León, que señalaba la improcedencia de conceder la suspensión en el amparo cuando se dejaban sin efectos los certificados de sellos digitales. En el mismo sentido, el Tercer Circuito de Jalisco tiene un precedente que coincide en que es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo contra la determinación de la autoridad fiscal de dejar sin efectos el certificado de sello digital.

Desafortunadamente, apenas el 17 de febrero de 2017, se publicó una jurisprudencia derivada de una contradicción de tesis resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ella, se menciona que es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo en contra de la determinación de las autoridades fiscales de dejar sin efectos los certificados de sellos digitales. A su parecer, cualquier incumplimiento del artículo 17-H, fracción X mencionado, puede entrañar prácticas de “elusión o evasión fiscal”, por lo que otorgar la suspensión causaría perjuicio al interés social y contravendría disposiciones de orden público.

Además, la misma Segunda Sala ya fijó su postura en cuanto a la constitucionalidad del artículo 17-H, fracción X, inciso d) que se comenta. En un precedente aislado, indicó que estas actuaciones no violan el principio de seguridad jurídica de los gobernados, ya que la autoridad ejerce facultades de “gestión tributaria” (no de comprobación) para descubrir infracciones, pero no implica una cancelación unilateral de los certificados de sello digital.

Sería importante que nuestro máximo tribunal de impartición de justicia del país reflexionara de nueva cuenta sobre el enorme daño que causa esta facultad virtualmente discrecional que tiene el SAT, ya que el artículo 17- H, fracción X, inciso d), contiene una infinidad de hechos u omisiones en los que pueden incurrir los contribuyentes y, por ello, ser castigados e imposibilitados para expedir facturas como se ha señalado, lo que se traduce en una medida excesiva y desproporcionada que a nadie beneficia.

Dr. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

 

 

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