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Seguimos esperando las devoluciones de IVA

Seguimos esperando las devoluciones de IVA
julio 31
16:07 2014

A más de seis meses de la entrada en vigor del conjunto de leyes y disposiciones fiscales que sufrieron múltiples e importantes cambios para el año de 2014, la sociedad mexicana enfrenta un severo problema con la autoridad recaudatoria, específicamente en materia de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado.

A pesar de que las cargas y obligaciones fiscales han aumentado con la reforma en comento, existen una infinidad de voces de contribuyentes señalando que la autoridad hacendaria, de una forma asimétrica y desproporcional, se abstiene de cumplir con las obligaciones a su cargo, mismas que son un reflejo de los derechos constitucionales que pertenecen a la esfera jurídica de los gobernados, como el relativo a la devolución de contribuciones.

En efecto, las autoridades fiscales se encuentran obligadas a devolver a los particulares, todas aquellas cantidades que fueron pagadas indebidamente o aquellas que la ley permita que sean devueltas, siempre y cuando se encuadre en las hipótesis señaladas y se cumplan los diversos supuestos establecidos en la legislación.

La devolución de contribuciones, deriva del principio de legalidad tributaria que se consagra en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el numeral 31, fracción IV. Lo anterior es así, debido a que el fisco sólo tiene derecho a percibir por concepto de contribuciones, aquello que la ley así lo establezca explícitamente. En cambio, debe regresar las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, dentro de las cuales se encuentra la devolución de saldos a favor propiamente dichos, ya que estas cantidades legalmente no pertenecen al patrimonio del Estado.

En el caso de devoluciones de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, se ha generado un fenómeno poco deseable, tanto jurídica como económicamente,tal y como se duelen numerosas empresas y contribuyentes en general.

Efectivamente, se observa que el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no está cumpliendo con la obligación de devolver los saldos a favor que tienen los pagadores de impuestos del país, infringiendo el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación que establece la mecánica para la devolución.

El mencionado incumplimiento se puede dividir en dos vertientes: a) el que ocurre cuando el fisco niega la devolución de un saldo a favor de forma total o parcial, a pesar de que es procedente y legal, señalando razones ambiguas o sin motivar en modo alguno su negativa; y b) el que se da en el caso de que la autoridad hacendaria dilate innecesariamente la devolución de tal manera que se afecta a los contribuyentes casi de la misma forma que si se les hubiera negado totalmente la devolución.

La negativa total o parcial de devoluciones, cuando las mismas son procedentes, afecta directamente los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación de los actos de autoridad y los derechos patrimoniales de los gobernados que protege la Constitución Federal, así como los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en el país. Se observa en dicha negativa, que existe una falta absoluta o una insuficiente de motivación y fundamentación de la resolución administrativa.

Por su parte, las dilaciones en los procedimientos de devolución del Impuesto al Valor Agregado, afectan los principios que deben regir la actuación de la Administración Pública, como los de agilidad, economía, celeridad, eficacia y buena fe. Las dilaciones pueden incluir requerimientos de información que no se relaciona con la devolución, requerimientos excesivos y a veces absurdos de información, inicio de facultades de comprobación injustificadas, entre otras. Si bien dichas dilaciones, pueden ser materia de impugnación a través de los medios de defensa legales establecidos, con grandes posibilidades de éxito, también lo es que el acudir a una instancia jurisdiccional no es deseable para ninguna de las partes involucradas.

Un grave problema que se acentúa en los requerimientos superfluos de información, es el efecto que puede darse con su incumplimiento, pues si los particulares no presentan todos los datos, informes y documentos solicitados por la autoridad en el plazo legal para hacerlo, el fisco tiene por desistida la solicitud de devolución de saldos a favor.

Por todo lo anteriormente esbozado, se observa que el plazo general señalado en ley para realizar las devoluciones, rara vez se cumple, haciendo nugatorio el procedimiento breve que marca el Código Fiscal de la Federación para tal efecto. La falta de devoluciones o su retardo excesivo en que incurre el Servicio de Administración Tributaria no debe tomarse a la ligera, pues sus efectos son catastróficos para la economía de un país como México, específicamente de quienes contribuyen con su esfuerzo y actividades al desarrollo del mismo.

Sobresalen dentro los afectados por este problema, aquellos empresarios que realizan actos o actividades gravados con la tasa del 0% a que se refiere la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tales como los que se dedican al ramo de la exportación de bienes y servicios, los relativos a la enajenación de bienes y prestación de servicios en el sector primario, y desde luego, en general, aquellas empresas que realizan nuevas inversiones o tienen por su operación normal, saldos a favor cuantiosos. La afectación a los mismos trae como consecuenciaun fuerte impacto a la planta productiva y a los empleos de los trabajadores, generando una ausencia de reinversión necesaria para las empresas e industrias del país.

Por otra parte, independientemente de ese flujo de efectivo que les corresponde recibir, tendrán que incurrir en otros gastos por la injustificada dilación en las devoluciones, como pueden ser las solicitudes de préstamos para solventar obligaciones adquiridas, o la contratación de prestadores de servicios profesionales para defender sus intereses en un proceso judicial. Además, tanto los particulares como la propia autoridad hacendaria aumentan sus gastos administrativos con motivo de los procedimientos tan engorrosos que se requieren llevar a cabo para obtener una simple devolución de saldos a favor, que procede en estricta justicia tributaria.

Por todo lo anterior, esperamos que esta situación se resuelva en el plazo más corto posible y sea comprendida a cabalidad por las autoridades fiscales, ya que de continuar con este estado de circunstancias, se traduciría en un círculo perverso que no conviene ni a gobernantes ni a gobernados.

 

Por Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

 

 

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización  previa y por escrito de su autor.

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1 Comment

  1. Miguel García
    Miguel García agosto 11, 12:20

    Gracias a los Higuera por haberse tomado el tiempo de escribir sobre este tema que es una realidad en nuestro país y por promover la justicia fiscal.

    Reply to this comment

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