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Sector gubernamental: El futuro del control interno.

Sector gubernamental: El futuro del control interno.
marzo 01
07:02 2017

Con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, las instituciones públicas deberán orientarse a consolidar la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación de la sociedad en los asuntos gubernamentales.

En México, las recientes reformas que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) significan por sí mismas un avance sin precedentes en la conformación de un marco jurídico adecuado para enfrentar exitosamente el fenómeno de la corrupción; sin embargo, en el plano conceptual, técnico e instrumental, falta precisar la forma y las particularidades que deberán asumir los distintos mecanismos de control para armonizar su actuación ante el cambio institucional que se avecina.

Esta situación atañe directamente al cuestionamiento que se hacen las Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía en general, respecto a la idoneidad de algunos de los mecanismos que han sido instrumentados dentro del aparato gubernamental para enfrentar eficientemente el problema de la corrupción, cuya actuación no ha respondido al papel decisivo que les corresponde en la materia. En forma concreta, nos referimos a la discreta y a veces imperceptible presencia del trabajo que realizan los delegados y comisarios públicos y los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Es un hecho que estos instrumentos a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrán que redimensionarse y ser fortalecidos para que su actuación responda eficientemente a los nuevos retos que habrán de enfrentar, no solo en lo que corresponde al papel que desempeñan actualmente dentro del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), sino fundamentalmente ante su inminente inserción como parte del SNA.

Las mejores prácticas internacionales aportan los elementos estraté- gicos esenciales para transformar su actuación con miras a transitar de un impacto relativo en su accionar a una participación activa, decisiva e invaluable para garantizar eficiencia, eficacia e integridad en la gestión pública y el mejoramiento constante de su desempeño.

Existe la tendencia a pasar del control tradicional sobre el ejercicio del gasto público a un enfoque dirigido a la revisión del desempeño institucional para valorar en términos de eficiencia, eficacia y economía la actuación y verdadera contribución de las dependencias y entidades en el logro de los objetivos nacionales.

El tiempo es propicio para poner fin a cualquier resabio del modelo burocrático que haya prevalecido en la administración pública. La renovación institucional que se emprenda, con la entrada en vigor del SNA, deberá orientarse a consolidar la verdadera esencia de los valores inmersos en la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la ética pública y la participación activa de la sociedad en los asuntos gubernamentales.

Una prueba la encontramos en los principios que pregona el buen Gobierno Corporativo o Good Governance, que se asocia a la buena gestión de una institución, más que al poder político. En Mé- xico no existe hasta el momento ningún intento por obligar a las dependencias y entidades públicas a conducir su gestión estratégica bajo este concepto, pese a las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la emisión en julio de 2014 del Marco Internacional: Buen Gobierno en el Sector Público, que publicó la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y la CIPFA, cuyas siglas hacen referencia al Instituto Colegiado en Finanzas Públicas y Contabilidad. Se trata de un Marco de alcance internacional que busca promover la adopción de principios orientados a lograr una gestión pública eficaz y éticamente confiable en el ámbito público.

El Marco subraya la necesidad de conformar un gobierno caracterizado por la transparencia de sus actos y una rendición de cuentas expedita a la sociedad. Para el logro de lo anterior, destaca la necesidad de privilegiar siempre el interés público, en todas las acciones, por encima del interés particular.

Servir al interés público significa tener claro que el interés general o el interés de la sociedad prevalecerá siempre por encima del particular. Es decir, debe hacerse explícito a quienes ocupan u ocuparán los cargos de delegado, comisario o titular del órgano interno de control, que los resultados del trabajo en materia de control, auditoría y evaluación forman parte de la transparencia gubernamental y, en consecuencia, constituye una obligación informar sobre lo observado en el desempeño de las dependencias y entidades públicas y someter sus conclusiones al escrutinio público.

Por otra parte, un problema a resolver consistirá en garantizar la independencia de criterio y libertad de juicio que requiere el ejercicio de estas funciones, a efecto de que los titulares de estos órganos permanezcan al margen de cualquier tipo de influencia o interés, principalmente de quienes encabezan las dependencias y entidades públicas. Debido a lo anterior, el punto neurálgico consiste en garantizar que el nombramiento de los delegados, comisarios y titulares de los órganos internos de control obedezca a un perfil profesional estricto y no con base en recomendaciones a modo, orientadas a avalar o legitimar ineficiencias o conductas inadecuadas.

El tiempo es propicio para poner n a cualquier resabio del modelo burocrático que haya prevalecido en la administración pública.”

Conforme a este criterio es conveniente que los nombramientos sean hechos por un organismo autónomo, integrado por profesionales especializados que formen parte de organizaciones de la sociedad civil o bien como una atribución exclusiva e indeclinable de la propia SFP. El perfil profesional de los titulares de estos instrumentos deberá considerar también, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, que actuar con integridad constituye un requisito irrenunciable de las labores de control y auditoría y que el ejercicio profesional debe realizarse estrictamente, conforme a normas, criterios y metodologías que garanticen un trabajo competente y de alta calidad.

Hoy en día las tendencias internacionales apuntan a la relevancia que adquiere la participación de la ciudadanía en el accionar de este tipo de órganos, de lo cual da fe la propia instrumentación del SNA que prevé otorgar la presidencia de su Comité Coordinador a un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien participará junto con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la SFP, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A propósito de este tema, es importante señalar para concluir que ya ha iniciado la selección de quienes integrarán el Comité de Participación Ciudadana por parte de la Comisión de Selección, integrada, entre otros, por un ilustre representante de la Contaduría Pública. Nos referimos al C.P.C. Antonio Gómez Espiñeira, actual Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C.

Hasta donde tenemos conocimiento, se han registrado un buen número de candidatos a ocupar alguno de los cinco cargos vacantes de consejero, entre ellos, otro miembro distinguido de la Contaduría Pública, el C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard, Expresidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, a quien desde este espacio deseamos el mejor de los éxitos.

Lic. Enrique Joaquín Arce Bravo

Presidente del Consejo Directivo 2016-2018.

Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C.

amdad.academia@gmail.com

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1 Comment

  1. Omar
    Omar junio 06, 17:43

    Futdel CI

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