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El Rincón del Abogado

Se pronuncia la SCJN sobre los requisitos fiscales en subcontratación laboral

mayo 03
10:07 2018

La subcontratación laboral es una figura que adquirió carácter legal en México desde el año de 2012, con motivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dicha reforma ha impactado considerablemente en el derecho del trabajo y recientemente, sus efectos han incidido en el ámbito fiscal. Para el ejercicio fiscal de 2017, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado fueron reformadas, buscando evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de obligaciones de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales.

ALCANCE DE LA REFORMA

En materia del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 27, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta fue modificado, con el fin de incluir nuevos requisitos de deducibilidad para quienes reciben servicios de subcontratación laboral. Específicamente, el contratante deberá obtener del contratista diversas documentales que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado también se reformó en su artículo 5, fracción II, con el fin de incluir requisitos documentales para la procedencia del acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante del servicio de subcontratación laboral.

RAZONES DE IMPUGNACIÓIN

Ante los nuevos requerimientos de información a cargo de los contratantes para efectos del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, algunos contribuyentes promovieron múltiples amparos.

En dichos amparos se impugnaron posibles violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Algunos contribuyentes consideraron que el requerimiento de información propiedad de terceros y los actos de vigilancia a los mismos, va más allá de la obligación tributaria del contribuyente. Asimismo, argumentaron que el contratante queda en un estado de inseguridad jurídica al desconocer si el contratista le otorgará toda la documentación necesaria en tiempo y forma. También se enfatizó la falta de sanción para el contratista en caso de incumplir con la entrega de información.

Más aún, algunos contribuyentes consideraron una posible transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Respecto al principio de proporcionalidad tributaria, señalaron que la posibilidad de tributar conforme a su verdadera capacidad contributiva queda condicionada al cumplimiento de obligaciones de un tercero. Por otra parte, en relación con la equidad tributaria, se señaló la existencia de un trato distintivo e injustificado entre los contratantes de servicios de subcontratación laboral y los contratantes de otros servicios.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SCJN

Dichos argumentos han sido estudiados en diversos amparos en revisión por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y han sido considerados como infundados.

Después de analizar las normas fiscales relacionadas con las subcontratación laboral (es decir, los artículos 27 fracción V de la LISR y 5 fracción II de la LIVA) y las normas laborales que la regulan (los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la LFT), la Segunda Sala determinó que las porciones normativas deben de interpretarse de manera “armónica y sistemática”.

Por lo anterior, dicho órgano jurisdiccional consideró que no se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, ya que las normas laborales ya exigen del contratante una constante vigilancia respecto del contratista. Por ello, dicha Sala señala que al existir una “permanente vigilancia” en la subcontratación laboral, el contratante está en plena posibilidad de acceder a la documentación necesaria en materia fiscal para efectos de la deducción y el acreditamiento.

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional señaló que no obsta que la legislación reclamada no prevea una sanción para el contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones, ya que el contratante y el contratista se encuentran en una situación jurídica de coordinación y no de subordinación. Derivado de dicha situación jurídica, la Segunda Sala considera que el contratante puede tomar las medidas contractuales que estime pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Por otra parte, la Segunda Sala estima constitucionalmente válido que una norma establezca a cargo de los contratantes de los servicios de subcontratación laboral una obligación de fungir como auxiliares de la Administración Pública.

En cuanto al principio de proporcionalidad tributaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no considera que dicho principio se encuentre transgredido por las mencionadas normas fiscales. La Segunda Sala señala que la deducción sí está permitida y que simplemente está condicionada al acatamiento de requisitos documentales. Asimismo, estima que el acreditamiento no se encuentra prohibido, sino que sólo está sujeto al cumplimiento de requisitos documentales.

Finalmente, respecto al principio de equidad tributaria, la Segunda Sala menciona que tampoco existe una vulneración, ya que los contratantes de los servicios de subcontratación laboral y los contratantes de otros servicios no se encuentran en un plano de igualdad. Por ello, la Sala concluye que no se trata de situaciones tributarias que puedan considerarse iguales.

CONCLUSIONES

Aún y cuando los pronunciamientos de la Segunda Sala todavía no conforman jurisprudencia, los contribuyentes ya cuentan con una importante opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de subcontratación laboral, en relación con la materia fiscal.

Se destaca la interpretación de la Corte en donde señala que las normas laborales y las normas fiscales en materia de subcontratación laboral deben de ser atendidas de forma sistemática y armónica, remitiendo a los contribuyentes al cumplimiento de la legislación laboral. Asimismo, sobresale la consideración de la Segunda Sala respecto al vínculo jurídico de coordinación entre contratista y contratante y no de subordinación.

Ahora bien, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los artículos anteriormente comentados son constitucionales, la práctica ha dejado ver que existe una gran incertidumbre para los contribuyentes contratantes respecto al cumplimiento de dichas obligaciones. Estas dudas derivan de las diversas reglas administrativas que se han emitido y que incluyen requisitos que podrían considerarse que van más allá del contenido de la ley. Además, existen otros puntos que aún quedan pendientes de resolver, como la facultad material de las autoridades fiscales para evaluar y, en su caso, reclasificar para efectos fiscales los servicios prestados, con base en la legislación laboral.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados

Lic. Adriana Higuera Ornelas, LL.M.
Asociada Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

 

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