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Riesgo de subestimar las revisiones fiscales

Riesgo de subestimar las revisiones fiscales
septiembre 01
2015

Es probable que el lector se haya visto involucrado con algún procedimiento de fiscalización tributaria por parte de las autoridades fiscales federales. Dichos procedimientos deben ser atendidos con la mayor diligencia y cuidado posible por parte de los contadores, auditores e inclusive abogados de las personas físicas o morales fiscalizadas, a fin de evitar cualquier inconveniente o problema grave posterior.

Las fiscalizaciones referidas pueden ser de diversos tipos, tal y como se establece en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente. Efectivamente, existen revisiones de escritorio o de gabinete que se realizan en el domicilio de la autoridad revisora, visitas a los contribuyentes en su domicilio fiscal señalado, visitas o revisiones a terceros relacionados con la persona fiscalizada y revisiones de dictámenes sobre estados financieros que formulan los contadores públicos registrados de los contribuyentes.

Igualmente, las autoridades cuentan con facultades para realizar verificaciones físicas de bienes, solicitar información a otras autoridades no fiscales en relación con las actividades de los contribuyentes e inclusive practicar las novedosas revisiones electrónicas con base en la información y documentación con la que cuenten en sus sistemas informativos.

En tal virtud, puede decirse que existe un gran número de medios a través de los cuales el fisco federal puede verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de sus cargas tributarias y con sus obligaciones fiscales en general, medios que tienen plazos y formas establecidas para llevarse a cabo.

Por ejemplo, si se analizan los artículos relativos a las visitas domiciliarias, 43 a 47 del mencionado Código Fiscal de la Federación, podrá apreciarse que la realizada a un contribuyente debe cumplir ciertas formalidades y llevar un orden específico, lo cual trae aparejado obligaciones tanto para la autoridad visitadora como para el contribuyente fiscalizado.

En ese orden de ideas, es sumamente importante que los asesores contables y legales de una persona sujeta a un procedimiento de fiscalización, tengan muy en cuenta que, la información y documentación idónea, presentada durante el procedimiento administrativo es clave para concluir satisfactoriamente la fiscalización.

Por lo anterior, no debe confiarse en que si el contribuyente comete errores en el procedimiento fiscalizador u omite aportar información y documentación necesaria a las autoridades revisoras, dicha situación podrá subsanarse sin problemas a través del medio de defensa legal conocido como juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo anterior es así, porque a pesar de que existe el principio de “litis abierta” en los juicios de nulidad, previsto en el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho principio sólo se refiere a la posibilidad que tiene el contribuyente actor de formular conceptos de impugnación sobre aspectos que no hizo valer con anterioridad en el procedimiento del cual deriva una liquidación o crédito fiscal.

No obstante, el contribuyente no podrá adjuntar a la demanda de nulidad, información contable o documentación que no presentó durante el procedimiento de fiscalización. En otras palabras, el contribuyente no tiene una nueva oportunidad de exhibir en el juicio aquellos medios de prueba que conforme a la ley debió haber presentado en el procedimiento administrativo.

Sobre este punto, es importante mencionar que dicha prohibición se refiere exclusivamente a información y documentación respecto de la cual el contribuyente estuvo obligado a aportar a la autoridad fiscal, con la posibilidad legal de hacerlo y que previamente le haya sido requerida por la misma.

Lo anterior es así, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un precedente jurisprudencial en donde indica que conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por ello, es de vital importancia que durante cualquier procedimiento de fiscalización, los contribuyentes y sus representantes, aporten en tiempo y forma a la autoridad fiscalizadora, toda la información requerida que obre en su poder con motivo de la obligación constitucional de conservarla, siempre que estén en posibilidad legal de hacerlo.

En este sentido, puede estimarse que una de las ventajas de acudir previamente al recurso de revocación administrativo para impugnar un crédito fiscal fincado, en lugar de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es precisamente que con motivo de la interposición del recurso de revocación, el contribuyente, de acuerdo con la ley, podrá aportar excepcionalmente, documentales e información que no fueron aportadas en el momento oportuno durante la revisión de la cual derivó el crédito fiscal.

De cualquier manera, se exhorta a los contribuyentes que se encuentran sometidos a un procedimiento de comprobación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a que se conduzcan con gran diligencia en la presentación a la autoridad de información requerida, contable y documentación relacionada con sus actividades o negocios, para tener todos los elementos jurídicos de defensa en caso de tener que acudir a un juicio de nulidad para salvaguardar sus derechos.

 

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización previa y por escrito de su autor.

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