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Revocación de mandato en la 4T

Revocación de mandato en la 4T
enero 01
2020

La propuesta impulsada desde la presidencia ha sufrido modificaciones para facilitar su aprobación, ¿cómo encaja este proceso en el plan de la administración actual?

El pleno del Senado de la República aprobó el 15 de octubre, con cambios, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato para el presidente y los gobernadores. El trayecto recorrido para lograrlo fue largo y no estuvo exento de dificultades, pues durante marzo se presentó al Congreso una propuesta, avalada por la Cámara de Diputados, donde Morena y sus partidos aliados suman la mayoría calificada requerida, pero rechazada por el Senado, donde la oposición impidió la misma mayoría.

La reforma tuvo como finalidad expresa la flexibilización de los requisitos a cumplir para convocar una consulta».

Las razones esgrimidas por los partidos que bloquearon la aprobación fueron de diversa índole. Desde un punto de vista conceptual, se arguyó que la convocatoria a este proceso debía ser entendida como un derecho ciudadano y no como una atribución del presidente o de otro actor político interesado. En términos prácticos, la crítica dominante fue que, tal como estaba el proyecto, el procedimiento podía ser promovido por el principal interesado (el mandatario) y la consulta podría realizarse el mismo día en que se celebraran las elecciones intermedias de 2021. Esta circunstancia permitiría al presidente hacer campaña en paralelo a las acciones que promueven a los integrantes de la Cámara de Diputados e incidir en favor de los candidatos de Morena, lo que reforzaría su posición mayoritaria en el Congreso de la Unión y en los locales.

A la luz de estos cambios, la aprobación puede ser vista como un paso adelante en la adopción de mecanismos de democracia participativa, los cuales pueden contribuir a complementar y reforzar la representatividad del orden político. No obstante, es preciso ahora matizar este juicio. Es correcto reconocer la revocación como un derecho ciudadano; el problema es que resulta difícil que la ciudadanía de manera autónoma, es decir, al margen de los partidos políticos, pueda recabar las firmas de 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Tarea complicada, pero no imposible. Vale la pena recordar la experiencia vivida a propósito de la iniciativa ciudadana en materia de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las cuales han sido relegadas por la actual administración.

Lo cierto es que, en la práctica, serán los partidos políticos los que estarán en condiciones de impulsar con éxito una consulta revocatoria. Son ellos los que tienen medios para movilizar a su militancia para que se lance a la consecución de las firmas necesarias.

Alcanzado este punto, conviene no perder de vista que las reformas constitucionales relativas al tema fueron aprobadas junto con algunos cambios dirigidos a facilitar la celebración de consultas populares. Aunque este mecanismo está ya reconocido por la Constitución, lo cierto es que su puesta en operación era imposible en virtud de una amplia variedad de restricciones.

El cambio de mayor trascendencia consistió en que su celebración ya no tiene que coincidir con los comicios federales. Ahora se podrán convocar en función de las necesidades de los actores políticos y, en particular, del presidente.

Es cierto que se conservan algunas limitantes. Por ejemplo, los temas presupuestales, los referentes a derechos humanos, a la obra pública en ejecución o a la seguridad nacional no podrán ser objeto de consulta. De igual manera, su organización y validación estará a cargo del INE y del TEPJF, pero, al margen de estas precisiones, el punto a destacar es cómo la flexibilización para que el presidente convoque consultas forma parte de un diseño estratégico orientado a reforzar su poder.

Una revocación de mandato impulsada desde la presidencia se traducirá en mayor legitimidad y apoyo popular. Sobre esta base, el presidente contará con un amplio margen de maniobra para convocar consultas dirigidas a llevar a cabo los cambios, incluso constitucionales, que el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) demanda. En este marco, no sería extraño que se sometiera a consulta la redacción de una nueva Constitución y la inclusión de medidas que, en estos momentos, se antojan poco viables, como podría ser el caso de la reelección.

Una revocación de mandato desde la presidencia se traducirá en mayor legitimidad y apoyo popular».

Para allanar el camino, la nueva propuesta retomó algunas objeciones, como las siguientes:

• La solicitud de revocación de mandato es un derecho exclusivo de la ciudadanía.
• Tendrá que solicitarse por al menos 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas.
• La organización de la consulta corresponderá en su totalidad al Instituto Nacional Electoral (INE) y será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la que emita la declaración de validez.
• La revocación sólo aplica para el presidente de la República Mexicana y los gobernadores de los estados.
• El proceso sólo podrá promoverse a partir del tercer año de la gestión del gobernante.
• En caso de revocar el mandato del presidente, asumirá el cargo quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión.
• La revocación será válida con la participación de 40% de la lista nominal de electores y procederá por mayoría absoluta, es decir, que 65% de éstos se exprese a favor del cese.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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