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Revisión e informe de auditoría, puntos por considerar en la ley antilavado

noviembre 16
14:30 2018

Conforme a la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado o LFPIORPI) el 8 de noviembre 2018[1], por parte de la Senadora de la República por Tlaxcala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández Ramos, considera la importancia de realizar una reforma a los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adición de un Capítulo V Bis y un artículo 37 Bis al referido marco normativo, lo cual es una iniciativa con un punto prudencial que pretende reforzar al propio sistema financiero y dotar de elementos a los sujetos obligados.

Si bien esta no es la primera iniciativa que se presenta en pro de contar con un auditor externo para las actividades profesionales no financieras designadas enunciadas en el Artículo 17 de la Ley Antilavado, sí es un refuerzo a lo estipulado en la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dada a conocer en este año para México, donde se destaca la utilización del Oficial de Cumplimiento Certificado por parte del sistema financiero.

Como se observa en esta iniciativa, se hace una mención especial respecto del apoyo que los auditores externos podrían brindar a los sujetos obligados en el debido cuidado del cumplimiento de obligaciones del marco de la Ley Antilavado, proponiendo la creación de un Capítulo V Bis De la revisión e informe de un auditor externo mediante el cual se destaca:

  • La obligatoriedad de contar con un auditor externo independiente.
  • La emisión por parte del auditor externo de un dictamen anual, el cual deberá ser remitido a la autoridad competente dentro de los 90 días al cierre del ejercicio.
  • Generar como derivación del informe de auditora la regulación y modificación de los criterios de mitigación de riesgos.
  • La conservación por 10 años del informe correspondiente, lo cual es una variable, ya que en términos del propio Artículo 18 de la Ley Antilavado la documentación de la identificación de clientes se da por cinco años.

Es de resaltar, que si bien faltan puntos por considerar en la función del auditor externo, esta iniciativa es un primer paso a la implementación de programas prudenciales de lavado de dinero que generaría y reforzaría el debido cumplimiento del marco normativo y la profesionalización de los sujetos obligados para dar debida atención a esta Ley.

Adicionalmente, se propone en dicha iniciativa la inclusión del supuesto de multa para el caso de aquellas personas que no presenten el Informe de Auditor Externo, esto mediante la adecuación e inserción de los números clausus en el Artículo 53 para estipularse en una nueva fracción VI, y adicionalmente determinar como multa por la no presentación de este Informe la sanción de 200 a 2000 Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con la modificación al Artículo 54 Fracción II de Ley Antilavado.

Lo anterior, podría ser el tema que a los sujetos obligados no les agrade, pues esto sería un costo adicional de carácter administrativo; sin embargo, debe ponderarse los beneficios que esto tendría y la disminución del riesgo en primer lugar de multas, ya que en este supuesto la simple multa por no presentar un aviso atiende a la conversión desde 10,000 hasta 65,000 UMA o del 10 al 100% del valor de la operación, lo que resulte mayor. En segundo lugar, la verificación de no ser utilizado para la realización de conductas delictivas, bajo esa tesitura se debe tener en ponderación el beneficio por una asesoría debida.

Es seguro que ante esta iniciativa —en algún momento— se tome la decisión de requerir de los sujetos obligados el contar con un auditor externo o pensar en el equivalente al sistema financiero a través de un oficial de cumplimiento, el cual mediante examen certifique denotar los conocimientos propios para brindar la debida atención de los sujetos obligados.

Adicionalmente, el auditor externo debe ser visto como un apoyo propio de la autoridad, sin olvidar la responsabilidad que en que este incurre, puesto que  estamos en presencia de la prevención de un delito que toca hilos como el de la delincuencia organizada, por ello dentro de la concepción de dicho auditor deberán en su momento considerarse las responsabilidades administrativas que le sean propias y conocer las penales ya determinadas en marcos legales como lo es el Código Penal Federal.

Finalmente, hay que recalcar que como se ha demostrado en los programas de prevención del sistema financiero, tanto auditores externos como oficiales de cumplimiento, tiene un papel cada día más importante en el combate al lavado de dinero, dichas figuras están en constante evolución y mejora ante la creación de nuevas tipologías, por ello es viable brindar a las actividades profesionales no financieras designadas herramientas en el combate de esta y otras conductas delictivas.

 

C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz 
Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio
smatus@colegiocpmexico.org.mx

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías
Integrante de la Comisión de PLD del Colegio
carlos.perez@cydconsultores.mx

 

[1]http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85631?fbclid=IwAR1ekwmotlyVOqfuAOhXzvYIV2hHTl_bL7VVyIr8oBJna37mpdBnn2H2Buo

 

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