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Resumen del Informe de Evaluación Mutua de Medidas Antilavado y Contra la Financiación al Terrorismo – FATF / GAFILAT

Resumen del Informe de Evaluación Mutua de Medidas Antilavado y Contra la Financiación al Terrorismo – FATF / GAFILAT
enero 17
2018

Del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017 se presentó el Informe de Evaluación Mutua de Medidas Antilavado y Contra la Financiación al Terrorismo – FATF/GAFILAT, donde se analizó el nivel de cumplimiento con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Activos (GAFI) y el nivel de efectividad del sistema de Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de México, donde destacaron los siguientes temas:

RIESGOS Y SITUACIÓN GENERAL

Los principales delitos en México generadores de fondos son por su magnitud: (i) delincuencia organizada, (ii) corrupción, y (iii) evasión fiscal, siendo también otros riesgos como el producto derivado de la delincuencia organizada transnacional con Estados Unidos de América (EUA) y países de Latinoamérica. Algunos grupos de delincuencia organizada tienen la capacidad de sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito estatal y local y, en menor medida, en el ámbito federal.

El sector financiero es el que está en mayor riesgo; por lo que al ser los bancos los dominantes en este sector se encuentran protegidos en mayor escala; caso contrario, las casas de bolsa y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) —en especial los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios— están expuestos al Lavado de Activos (LA), mediante el uso de empresas pantallas y ficticias para ocultar al beneficiario final, la compraventa de inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo dentro de la economía informal.

Lo que ha generado el aumentado el uso de pesos mexicanos como efectivo y ha disminuido el volumen de dólares estadounidenses que entra y sale del sistema financiero.

El marco legal e institucional es menos sólido respecto de las medidas preventivas clave como la identificación de los beneficiarios finales y reporte de operaciones sospechosas, reglamentación y supervisión de las APNFD y transparencia de las entidades.

En general, existe una buena coordinación sobre cuestiones de LA entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría General de la República (PGR) y los supervisores, pero menor entre las Autoridades de Orden Público (AOP) y la PGR. La coordinación de los asuntos de Financiamiento del Terrorismo (FT) está menos desarrollada. La falta de cooperación entre organismos en materia de LA, en particular entre la PGR y las AOP —en el ámbito federal y estatal— dificulta la capacidad de México para abordar los casos de LA en forma efectiva.

Las comunicaciones espontáneas de la UIF a la PGR relacionadas con el LA y delitos subyacentes son pocas; lo que afecta el inicio, desarrollo de investigaciones de LA y la identificación y rastreo de activos por parte de la PGR son la (i) falta de reporte de las APNFD, debido a las demoras de comunicación de la UIF y deficiencia con el régimen de transportes de efectivo; (ii) falta de información del beneficiario final; y (iii) falta de habilidades de la PGR y las AOP.

La multiplicidad de unidades responsables de la investigación de LA da lugar a dificultades de coordinación y de garantía de intercambio de pruebas e información, por lo que los recursos financieros y humanos, así como la capacitación especializada, no son suficientes. Los niveles significativos de corrupción que afectan las AOP —principalmente estatales— debilitan la investigación y persecución de los delitos graves.

Las bajas condenas es un indicador de baja efectividad de inicio y conducción de las investigaciones por la falta de procedimientos, investigación financiera y falta de coordinación interna en ámbito federal y estatal, sin tener una investigación de LA paralela cuando se investiga un delito determinante.

Los riesgos que generan las Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales se gestionan de forma limitada porque las Instituciones Financieras (IF) califican una muy pequeña porción de estas PEP, así como su identificación nula por parte de las APNFD porque no están sujetas a hacerlo.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de las IF no son del todo adecuados, incluso de las grandes IF. Los reportes de las APNFD, en deficiente, así como los reportes por parte de abogados y contadores son nulos en los últimos tres años.

Las supervisiones de las IF son desarrollados bajo modelos sólidos; sin embargo, respecto a las APNFD el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un desafío material, puesto que no existe una base desarrollada de apreciación del riesgo.

El nivel de cumplimiento con las obligaciones de identificación de beneficiario final entre los notarios continúa con falta de precisión y sanciones aplicables de manera efectiva, tanto a notarios como a IF, que no indiquen los beneficiarios finales.

México sometió a todos los tipos de APNFD a las obligaciones ALA/CFT. Los notarios son proveedores de fe pública fundamentales en muchos frentes del régimen ALA/CFT, incluyendo la creación de sociedades, operaciones inmobiliarias y autenticación de documentos de identificación. Existe una gran cantidad de abogados (alrededor de 450,000) y contadores (aproximadamente 600,000) que ofrecen una amplia gama de servicios profesionales incluidos aquellos previstos por el estándar. Solamente un pequeño porcentaje de ellos pertenece a una de las asociaciones/colegios y no hay información sobre cuántos de ellos realizan las actividades cubiertas y, por lo tanto, están sujetos a las obligaciones ALA/CFT.

APNFD

HALLAZGOS PRINCIPALES

  • México tiene un régimen ALA/CFT maduro; sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de LA proveniente principalmente de las actividades asociadas con la delincuencia organizada como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.
  • El éxito de las medidas de cooperación y coordinación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) dependerá de su correcta implementación por parte de las autoridades clave, mediante una adecuada asignación de recursos y comunicación interinstitucional.
  • El sector financiero tiene una buena comprensión de las amenazas del LA provenientes de varias actividades delictivas asociadas; a pesar de ello, no es suficiente su reconocimiento respecto de la corrupción. Tanto las IF como las APNFD de los riesgos de LA mediante el uso indebido de personas jurídicas es limitada.
  • La UIF posee una inteligencia financiera e información relevante, pero el volumen de inteligencia financiera comunicada a la PGR es limitada en cantidad, lo cual también restringe las investigaciones financieras.
  • La PGR no tiene al LA como investigación y persecución de manera proactiva y sistemática, sino reactiva, en vista de las amenazas que representan los delitos determinantes de Delincuencia Organizada (DO) o el tráfico de drogas, siendo este tipo de delitos los prioritarios en investigación y persecución, por lo tanto, las acciones penales y condenas por LA son escasas, así como las investigaciones financieras paralelas y como delito autónomo. El nivel de corrupción en las AOP, a nivel estatal, impide la investigación y persecución de los delitos graves.
  • No se tiene una clara identificación de los beneficiarios finales por parte de las IF, sin tener un alcance de la información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos, sin buscar alcanzar a las personas físicas que controlan a la entidad cliente. Las APNFD creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales.
  • México podría hacer más en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades para desbaratar y detectar el FT en forma efectiva.
  • Los supervisores del sector financiero han implementado enfoques basados en el riesgo razonable para la supervisión ALA/CFT, a pesar de, la fiscalización de las APNFD se encuentra menos desarrollada y con menos recursos; sin sanciones efectivas, disuasivas y proporcionadas.
  • México tiene un marco legal e institucional vigente sólido para otorgar Asistencia Legal Mutua (ALM) y extradición, pero la aplicación está limitada por ausencia de una base legal de técnicas de investigación que permitan utilizar a la ALM de forma proactiva y como un medio de investigación prioritario. El uso que le dan las autoridades investigadoras a la ALM no es de forma prioritaria cuando existe un elemento transnacional, esto afecta la efectividad de las investigaciones y procedimientos penales en su ejecución.
  • Las IF no demostraron una comprensión suficiente de los riesgos de LA asociados con el empleo incorrecto de las personas jurídicas. La comprensión de las APNFD —incluyendo notarios y profesionales— de estos temas es aún más limitada.
  • La calidad de las medidas básicas Debido Cumplimiento (DDC) y el mantenimiento de registros de las IF, en general, parece ser buena, pero se ve impactada en forma negativa por algunas deficiencias técnicas como el DDC de reconocimiento de cliente e identificación de beneficiario final de las IF y de las APNFD. Las conversaciones sugirieron que los abogados y los contadores generalmente tienen un nivel menor de conciencia acerca de sus obligaciones ALA/CFT.
  • Preocupaciones respecto de las APNFD:
    • La participación de los notarios en la constitución de sociedades y operaciones inmobiliarias; la mayoría de los ROS que presentan son concernientes a estas operaciones.
    • Los abogados y contadores en México ofrecen servicios abarcados por la norma, tal como el asesoramiento sobre la constitución de sociedades y la administración de los activos de los clientes, y la afiliación no es obligatoria que pueda supervisar los estándares profesionales y éticos. Dos años antes de la evaluación se presentó al parlamento un proyecto de ley para solicitar la membresía obligatoria a un órgano relevante para las profesiones, pero quedó trabado en el Senado.
    • Finalizar la aprobación demorada de legislación a través del Congreso para actualizar la normativa de casinos, particularmente en relación con las facultades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de llevar a cabo debida diligencia adecuada sobre los accionistas, directores y gerentes operacionales.

ACCIONES PRIORITARIAS Y RECOMENDADAS

  • Priorizar la investigación de LA y asignar recursos para que se fortalezca la investigación financiera y coordinación interna de las autoridades a nivel federal y estatal. Paralelamente, la PGR deberá aumentar el nivel de especialización de sus unidades encargadas de LA y corrupción.
  • Integrar el decomiso en las políticas de ALA/CFT.
  • Mejorar la calidad de los ROS y aumentar la comunicación de la UIF para respaldar las investigaciones de LA.
  • Iniciar las investigaciones financieras correspondientes, por lo que se debería de dar una capacitación, especialización y experiencia técnica a la PGR y Policía Federal. La PGR debe fortalecer la coordinación interna entre sus unidades —a niveles federal y estatal— y para ese fin, establecer criterios que delimiten sus competencias individuales.
  • Profundizar la comprensión de las IF y APNFD (en particular notarios, abogados y contadores) acerca de los riesgos de LA asociados con el uso indebido de las sociedades mercantiles en el contexto de las amenazas principales, incluso a través de (i) mejorar el análisis de la ENR en este respecto; y (ii) brindar tipologías y pautas a los sujetos obligados.
  • Fortalecer las medidas sobre beneficiario final a través de (i) actualizar los requisitos de otras entidades no cubiertas en las modificaciones de febrero/marzo 2017 sobre la identificación de beneficiarios finales, inclusive aquellos de las personas jurídicas (accionistas), conforme a la norma; (ii) entablar conversaciones con todas las IF y APNFD (en particular notarios, abogados y contadores) para aclarar las expectativas de supervisión con respecto a los requisitos sobre sus beneficiarios finales y para brindar pautas sobre mejores prácticas; y (iii) garantizar que se aborde el problema de confianza indebida en las declaraciones de los clientes.
  • Entablar conversaciones con las APNFD (en particular abogados y contadores) para generar conciencia sobre las obligaciones ALA/CFT y sobre los riesgos de LA/FT que enfrentan sus sectores.
  • Finalizar la aprobación demorada de legislación a través del Congreso para requerir que los abogados y los contadores sean miembros de asociaciones profesionales con responsabilidad de garantizar el cumplimiento con los estándares profesionales y éticos, incluyendo el cumplimiento ALA/CFT.
  • La UIF debe aumentar el nivel de comunicaciones de información e inteligencia espontáneas y oportunas relativas al LA y delitos subyacentes. Las comunicaciones de la UIF combinadas con una acción más proactiva de la PGR darán lugar a un número creciente de investigaciones financieras.

AMENAZAS DE LA/FT

  • El producto del delito se lava en México a través de una variada serie de métodos y mediante el uso de múltiples sectores. El lavado de dinero es una actividad esencial para los grupos de delincuencia organizada en México, que dependen del contrabando de efectivo en grandes cantidades en ambas direcciones de la frontera EUA-México, de las transferencias bancarias y electrónicas tradicionales y de las maniobras de LA basadas en el comercio, particularmente desde que en 2010 México impuso restricciones a las IF para recibir dólares estadounidenses en efectivo. Los grupos de delincuencia organizada acumulan bienes de todo tipo en México y en el exterior, comenzando con dinero y moneda extranjera, vehículos, armas y joyas, seguido por propiedades urbanas y rurales utilizadas como refugios; invierten en negocios lícitos, incluso a través de la creación de sociedades pantalla y mediante el uso de montos considerables de efectivo en sectores económicos, tales como sociedades comerciales, restaurantes, hoteles, clubes nocturnos y sociedades de construcción y transporte, entre otros.
  • La corrupción es una fuente de fondos ilegales y hace posible el LA y sus delitos determinantes. Algunos Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) tienen la capacidad de sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito estatal y local y, en menor medida, en el ámbito federal.

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS (PC)

  1. Organizaciones sin fines de lucro: Falta revisión de leyes y refinar prácticas para abordar el riesgo, realizar operaciones en canales financieros regulados, plan de supervisión especializada en estas organizaciones.

 

  1. Debida diligencia del cliente: Falta de requisitos de identificación de beneficiarios finales, estructura corporativa compleja, actualización de identificaciones, moneda de operación, etc.

 

  1. PEP: Falta de identificación de beneficiario final si es PEP nacional o extranjero, falta considerar a los oficiales militares jerárquicos, ejecutivos de empresas paraestatales o de municipios como PEP nacionales.

 

  1. Nuevas tecnologías: Falta de requerimientos de evaluación y gestión de riesgos de las instituciones financieras antes del lanzamiento de productos nuevos y prácticas comerciales.

 

  1. Transferencias electrónicas: Falta de identificación de información del beneficiario final, procedimientos de ejecución y rechazo por ausencia de información detallada de la transferencia.

 

  1. Dependencia en terceros: Falta de requerimientos para que las IF informen localización de terceros.

 

  1. Controles internos y filiales y subsidiarias: Falta de requerimientos de que grupos financieros implementen un plan global de ALA/CFT.

 

  1. ROS: Mejorar el plazo de sospecha y la presentación de reportes en Ley.

 

  1. APNFD. Debida diligencia del cliente: Obligación de la Identificación de clientes en Ley, así como sus registros, relaciones con PEP, conocimiento de la estructura compleja de personas jurídicas, conocimiento de directivos, entre otros, donde también se establezcan los beneficiarios finales.

 

  1. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas: Falta identificación de personas jurídicas no comerciales como asociaciones, sindicatos en relaciones con PEP, lista de sus directivos principales y beneficiarios finales.

 

  1. Regulación y supervisión de las APNFD: No hay recursos suficientes de supervisión a las APNFD, así como legislación que indique la supervisión con base en el riesgo, revelación de los que tengan participación mayoritaria.

 

  1. Transporte de efectivo: Faltan facultades y procedimientos claros para la identificación en aduanas de las operaciones de instrumentos negociables al portador, así como del transporte transfronterizo.

 

  1. Estadísticas: No se garantiza la consistencia de las estadísticas por parte de las autoridades, además de que faltan a nivel estatal, así como es necesario un sistema de gestión de casos nacional.

 

  1. ALM: No hay un sistema de gestión de casos para el seguimiento o priorización de solicitudes de ALM.

 

  1. ALM. Congelamiento y decomiso: Las disposiciones internas no establecen plazo para implementar las solicitudes para identificar, congelar, asegurar y decomisar bienes.

 

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS  (NC)

 

  1. APNFD. Otras medidas: La obligación de emisión de reportes no es suficiente, respecto de comerciantes de metales y piedras preciosas, que están basadas sobre hechos; no es obligatorio el procedimiento de detección en capacitación para empleados ni se tiene una función de auditoría independiente, ni para implementar a todo un grupo empresarial de una APNFD en México y en el extranjero.

 

C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz
Integrante  de la Comisión de PLD y Vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Colegio
silvia.matus@pkf-mexico.com

C.P.C. y Lic. María de Lourdes Pinzón Escalante
Prof.a del Instituto Tecnológico Autónomo de México
maria.pinzon@itam.mx

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