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Requisitos de acreditamiento más allá de la ley

Requisitos de acreditamiento más allá de la ley
Abril 05
11:51 2017

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto y plurifásico dirigido a personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o la importación de bienes o servicios. Este gravamen cobra cada vez más relevancia en México y a nivel mundial por su enorme captación en la recaudación.

Ahora bien, para la mecánica del cálculo del IVA a pagar, resulta especialmente relevante la figura jurídica del acreditamiento. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha conceptualizado al acreditamiento como “la figura jurídica en virtud de la cual se disminuye el importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo, reduciendo, peso por peso, el monto que corresponde al impuesto causado a fin de determinar el que debe pagarse”.

Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante Jurisprudencia No. P./J.105/2006, que el sistema de acreditamiento del IVA no conforma la base del tributo, claramente se ha dispuesto que “sí se vincula con el monto a pagar acorde con su naturaleza jurídica” y por lo tanto se rige bajo los importantes principios de justicia fiscal previstos en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que de no permitir el acreditamiento, se producirían efectos negativos de la contribución en perjuicio de los contribuyentes.

A fin de llevar a cabo el acreditamiento, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) claramente dispone, en sus artículos 4 y 5, en qué consiste el acreditamiento y todos y cada uno de los requisitos que deben de cumplirse por parte de los contribuyentes para hacer efectiva dicha figura jurídica en materia del tributo de referencia. Dichos requisitos consisten, entre otros, en que: a) el IVA corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de sus actividades, por las que se deba pagar dicho impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%; b) el IVA haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales; c) el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate; y d) en el caso de IVA retenido, que se efectúe conforme al artículo 1-A de la LIVA y que dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma ley.

Si bien el acreditamiento es una figura jurídica esencial para el cálculo del IVA a pagar, regida por los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, recientemente se han dado prácticas por parte de la autoridad fiscal en menoscabo de esta figura. Efectivamente, las autoridades fiscales están incurriendo en prácticas indebidas que buscan limitar el acreditamiento al que tienen derecho los contribuyentes.

Una de estas prácticas irregulares consiste en requerir a los contribuyentes que acreditan el IVA que comprueben “el origen de los recursos” empleados para el pago de la contraprestación y la “realización de las operaciones para su obtención”. De la lectura de los requisitos para el acreditamiento del IVA, en ninguno de ellos se desprende la obligación del contribuyente que intenta acreditar el IVA trasladado, que demuestre el origen de los recursos con que pagó la contraprestación y el IVA correspondiente. Ni menos aún, que demuestre la realización de las operaciones para su obtención. De permitir lo anterior, se estaría exigiendo al contribuyente requisitos que van mas allá de la ley.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha pronunciado en este sentido, agregando que dichos requisitos no se desprenden del artículo 5 de la LIVA.

Por otra parte, las autoridades fiscales han pretendido también exigir a los contribuyentes que “acrediten el título o legitimidad con que realiza la actividad gravada por el impuesto” para que proceda el acreditamiento del impuesto pagado. Esta exigencia resulta a todas luces inusitada, ya que ninguna autoridad fiscal puede ni debe forzar a los particulares a que comprueben el carácter o naturaleza de la actividad económica que desarrollan.

Dicho requisito, además de no estar contemplado en una norma fiscal, nada tiene que ver con los actos o actividades gravados por el IVA, sino que indebidamente se enfoca en circunstancias personales del contribuyente.

El ombudsman en materia fiscal ha considerado este tipo de requisitos como indebidos. Los casos anteriormente relatados, son sólo algunos ejemplos de las ilegales exigencias que realizan las autoridades fiscales a los contribuyentes en materia de acreditamiento.

Otra práctica arbitraria que se ha venido dando por parte de las autoridades fiscales, consiste en limitar el acreditamiento del impuesto en aquellos casos en los que el proveedor de bienes o prestador de servicios se encuentra como ilocalizable. Lo anterior, lo determinan una vez que ejercen las autoridades fiscales sus facultades de comprobación mediante compulsas a dichos terceros y por diversas razones no logran localizarlos.

Como consecuencia de lo anterior, califican sin sustento alguno, los actos o actividades como simulados y niegan al contribuyente el acreditamiento del IVA efectivamente pagado. Lo anterior es inaceptable ya que el que la autoridad fiscal no pueda localizar a terceros no puede causar un perjuicio a los contribuyentes que cumplen con todos los requisitos de acreditamiento que señala la legislación fiscal vigente.

Resulta preocupante el que se pretenda limitar el uso de la figura del acreditamiento, que es el pilar para evitar el efecto cascada en los impuestos indirectos como el IVA, imponiendo requisitos que van más allá de los contemplados en la ley. Si el contribuyente cumple con las formalidades establecidas en la legislación fiscal, el mismo debe de tener derecho al acreditamiento del monto del impuesto que le fue trasladado. En caso contrario, se podría incluso desnaturalizar la mecánica del impuesto.

Por ello, es importante que se erradiquen las prácticas oficiales consistentes en requerimientos innecesarios y abusivos hacia los contribuyentes, a fin de asegurar que la figura del acreditamiento se rija bajo los principios constitucionales a que se ha hecho referencia, según lo señalado por nuestro máximo órgano de impartición de justicia.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados

 
Lic. Adriana Higuera Ornelas, Ll.M.
Asociada Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

 

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1 Comment

  1. Alix
    Alix Abril 14, 15:19

    Es correcto, tal aseveración: ” El acreeditamiento del IVA” es independiente de los actos de fiscalización a los contribuyentes que incumplen y la autoridad traslada el castigo a quien incluso puede ser víctima de abuso de evasores de la Ley.
    Que sea la autoridad la que implemente los mecanismos efectivos de detección y castigo a evasores ya que el costo advo. de deducibilidad es muy alto para el contribuyente cumplido.

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