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Réquiem por la Reforma Educativa: Las secuelas de la ingobernabilidad

Réquiem por la Reforma Educativa: Las secuelas de la ingobernabilidad
marzo 01
00:22 2015

Hay un fracaso visible en la aplicación de la reforma educativa, en la que el movimiento radical defiende sus privilegios a costa de la calidad educativa y el Gobierno ha cedido ante el conflicto.

Los hechos recientemente ocurridos en Oaxaca dan cuenta de lo que puede ser el fin de una de las más importantes y, sin duda, la mejor aceptada de las reformas estructurales. De antemano se sabía que la adopción del criterio del mérito como eje rector de la renovación del sistema educativo enfrentaría la resistencia de un poder fáctico a perder privilegios o modificar su modus vivendi. Asimismo se esperaba que quienes se presentaban como los que sí sabían gobernar tuviesen la visión estratégica y la capacidad operativa para conducir la reforma a buen puerto.

La detención de la profesora Gordillo, si bien rindió importantes frutos en términos de imagen y envió al sindicalismo “institucional” el mensaje de que se debía alinear con la reforma, tuvo a la postre efectos negativos. La razón fue que el espectacular golpe no estuvo acompañado de una estrategia de fortalecimiento de un liderazgo alterno favorable a la reforma ni de una estrategia de comunicación con las bases del sindicato dirigida a legitimarla entre quienes, en la práctica y a través de su trabajo cotidiano, están llamados a ser el vehículo principal de la transformación educativa: los profesores.

Por el contrario, la defenestración de la profesora Gordillo se acompañó de la conversión del radical sector disidente del sindicato (la CNTE) en el interlocutor privilegiado del gobierno; de esta forma, el magisterio disidente, articulado con distintas expresiones antisistémicas, encontró un suelo fértil para avanzar posiciones en la estructura corporativa del sindicato y aun para impulsar su agenda de lucha revolucionaria.

Los operadores de la Secretaría de Gobernación apostaron por la eficacia del tradicional método priista de resolver conflictos a través de la concesión de prebendas. Sin embargo, ante un movimiento guiado por la lógica del escalamiento ad infinitum de los conflictos, la fórmula de obtención de estabilidad a cambio de dinero no funciona.

Como lo muestra con nitidez la manera en que en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, una vez que el magisterio radical (y los estudiantes de las normales rurales) obtienen un beneficio gracias a formas cada vez más desbordadas y violentas de presión, se aprestan a preparar las condiciones del siguiente conflicto. No hay concesión que contenga a grupos que, en última instancia, ven en el Estado al enemigo a vencer.

El problema es que frente a esta realidad, el Gobierno mexicano no cuenta con la suficiente legitimidad para hacer valer la ley. No tanto por el llamado síndrome del 68, sino por su falta de voluntad y capacidad para desmontar los pactos tácitos de impunidad que le han brindado una vasta zona de confort a la clase política de todos los partidos.

Las autoridades federales ya aprobaron nuevas plazas, que no dependerán de la satisfacción de ningún criterio meritocrático, sino de la anuencia del sindicato

La permanencia de los viejos usos y costumbres en materia de ejercicio del poder (en donde la corrupción desempeña un papel crucial) ha erosionado la credibilidad de la autoridad y estrechado los márgenes de maniobra para, con estricto apego a la ley, garantizar la paz social y, en el caso que nos ocupa, avanzar en la instrumentación de la reforma educativa. En este sentido, y con la ilusa pretensión de evitar el estallido del conflicto, el Gobierno simplemente capitula ante los violentos. Los acuerdos celebrados con la Sección 22 son ilustrativos:

  • La reforma educativa plantea que solo el personal debidamente acreditado a través del levantamiento del censo podría recibir su salario. En Oaxaca y en amplias zonas de otros estados, el magisterio radical impidió la realización del censo. No obstante, impuso al Gobierno Federal la validación de un “plantilleo” mediante el cual el sindicato determina quiénes pueden cobrar.
  • A pesar de que en la nómina oficial que maneja la Secretaría de Educación Pública (SEP) hay 67 mil mentores en Oaxaca, según el plantilleo de la Sección 22 hay 81 mil. La Secretaría de Gobernación aceptó que se pague a los 81 mil, aunque no haya ningún indicador de que dicha cifra corresponde al número efectivo de docentes ni a personas existentes.
  • La reforma educativa establece que la obtención de una plaza estará supeditada a la realización exitosa de un examen de competencias. Sin embargo, las autoridades federales ya autorizaron nuevas plazas cuyo otorgamiento no dependerá de la satisfacción de ningún criterio meritocrático, sino de la anuencia del propio sindicato.
  • Otro punto clave de la reforma es que, para reducir la capacidad de presión del sindicato sobre los gobiernos estatales, se centralizaría la nómina magisterial. En la práctica, el pago sí se ha centralizado, pero la SEP no puede retener sueldos a quienes no imparten clases, ya que para ello es necesaria una solicitud previa del gobierno estatal, los cuales, por tanto, seguirán siendo rehenes de la presión vandálica de la Coordinadora.
  • Todo indica que en Oaxaca se terminará aceptando que los pagos se sigan haciendo por las vías de siempre: la SEP no pagará de modo directo a los maestros, sino que entregará el dinero al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (instancia gubernamental controlada por el sindicato), el cual hará los pagos con base en sus propios criterios y sin ninguna exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

En pocas palabras, el gobierno ha capitulado ante un movimiento radical y violento que defiende sus privilegios a costa de la calidad educativa. Se ha cedido en todo a cambio de nada, pues no hay ninguna garantía de que el conflicto se haya resuelto ni de que la belicosa Sección 22 vaya pacíficamente a retornar a las aulas. Se envía de esta manera una ominosa señal al resto del magisterio y no es aventurado suponer que, en esta lógica, aun las secciones institucionales del sindicato empezarán a plantear demandas similares a las de sus pares de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

La ingobernabilidad es evidente. El probable fracaso de la reforma educativa es solo un doloroso ejemplo de que en México sigue siendo lucrativo no respetar la ley.

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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