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Regulaciones, información financiera y el costo del cumplimiento

Regulaciones, información financiera y el costo del cumplimiento
octubre 01
2019

En la aplicación de la NIF C-9, Provisiones, Contingencias y Compromisos, la comunidad contable y financiera debe apoyar para dar certeza a las empresas sobre el costo del cumplimiento legal, toda vez que es un dato de prueba, acreditable y valorable, con motivo de los procedimientos donde se pretenda imputar o acusar a la empresa de incumplir leyes o normas en materia de compliance

El tema de este artículo es parte medular de los programas de cumplimiento o compliance legal, que antes se regían por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). En sentido jurídico, esto equivale a las reglas de una ley blanda o soft law, donde las bases generales y las pautas de Derecho son criterios de acción derivados de la experiencia. Sin embargo, esa debilidad vinculatoria ha llevado a la mayor parte de las entidades regulatorias en materia financiera a denominarlas Normas de Información Financiera (NIF), porque consideran que la palabra norma tiene una fuerza coactiva más clara, es decir, vincula de manera determinante a su cumplimiento.

De ahí que se hable de normas de información, en general, y, de manera específica, de NIF particulares, en las que se establecen los criterios que deben emplearse para el reconocimiento contable de transacciones, transformaciones internas y otros eventos, los cuales afectan en la economía a una entidad para la emisión de información financiera en un lugar y momento determinados (Consejo Mexicano de NIF, CINIF, Serie NIF A-1, 2014).

A esto se debe que las disposiciones pasen por un proceso de auscultación para recabar la opinión de especialistas que, desde la práctica de la actividad contable deseen mejorar la calidad de los informes. Las NIF provienen de las propuestas de mejora, de las interpretaciones aprobadas por el consejo emisor del CINIF y emitidas por el mismo, de los boletines de la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del IMCP y, de manera supletoria, aunque importante, de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

En los criterios para establecer estas normas pesan los reguladores y de interpretación establecidos por la poderosa Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América (EUA), organismo legítimo encargado de vigilar que las empresas con valores bursátiles negociables revelen al público la información oportuna completa, concreta y concisa sobre sus estados financieros a fin de que los inversores estén informados para tomar decisiones sobre la compra de títulos y obligaciones en el mercado financiero (Requena/Cárdenas, 2016).

La SEC ha logrado rebasar las fronteras al apoyarse en la Ley Sarbanes- Oxley (conocida como SarOx), que emitió el Congreso de EUA y fue promulgada en 2002 por el entonces presidente George W. Bush. Esta ley regula las funciones financieras, contables y de auditoría, y se penalizan los delitos cometidos por las organizaciones empresariales que cotizan en la bolsa de Nueva York (Requena/Cárdenas, 2016).

En otras partes del mundo se han desarrollado modelos de prevención delictiva que influyen en la tendencia generalizada de las NIF. El Convenio Penal Sobre la Corrupción del Consejo de Europa (1999) dispone que todo miembro de la Unión Europea (UE) debe legislar como hecho punible las conductas dolosas destinadas a cometer, ocultar o disimular, por medio de la contabilidad, los delitos de corrupción pública y privada, entre los que se incluye extender o utilizar facturas falsas, entregar información financiera inexistente o incompleta (subrepción y obrepción) sobre los estados financieros de la empresa o la omisión de contabilidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por otra parte, se ha pronunciado al respecto en sus Principios de Gobierno Corporativo (2004), donde dispone que las empresas deben revelar de manera oportuna y precisa la información de su situación financiera; además, recomienda que, cuando sea posible y oportuno, contraten un sistema de auditoría independiente como garantía externa y objetiva de que los estados financieros reflejan la situación. De esa manera, se consigue afianzar la certeza y seguridad jurídica en el comercio y se evita la corrupción como consecuencia del ocultamiento o falseamiento de informes financieros.

También se puede mencionar la influencia ejercida por las organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en 1989 para promulgar un marco internacional de normas de prevención del blanqueo de capitales, en la que se agrupan más de 30 países. Esta organización ha publicado una serie de recomendaciones para que cada integrante adapte su marco a sus estándares mundiales.

Afecta de manera especial a las NIF, pues en los estados financieros se identifican actividades sospechosas, movimientos de simulación y facturación de dinero de procedencia poco clara, así como clientes que representen riesgos en esta materia, etc. Todo esto es competencia del área de compliance legal.

El peso de esas disposiciones, sobre todo en los programas de compliance legal y en las Políticas Internas de Prevención Delictiva (PIPD), se debe al crecimiento de las redes de corrupción que operan en y desde empresas de renombre mundial. Por eso, en México, donde los problemas originados por la criminalidad de empresa (organizaciones creadas para delinquir, propias del crimen organizado) no parecen disminuir y se suman a los de la criminalidad desde la empresa (creadas de forma lícita, pero, por defecto en el control, dejan espacios propicios para la comisión de delitos), estas estructuras son caldo de cultivo para comportamientos inherentes a la corrupción, los cuales impactan en la actividad financiera. De ahí la importancia de que esos documentos (programas o registros en compliance) se consideren componentes de las NIF.

En México, los problemas por la criminalidad de empresa se suman a los que se realizan desde la organización y son caldo de cultivo para la corrupción”. 

Con todos esos elementos, el CINIF es el encargado de emitir las NIF, así como los criterios de interpretación que se aplican en las organizaciones mexicanas.

Existe un mínimo normativo de compliance legal de información financiera (establecida por las NIF nacionales e internacionales), según los criterios del IMCP, que puede ser:

  • Nivel de seguridad razonable. La empresa contrata servicios de auditoría de estados financieros bajo estándares internacionales sobre calidad de éstas, transparencia y metodología adecuada, establecidos por el Banco Mundial y otras organizaciones en el documento Cumplimiento de Estándares y Códigos sobre Contabilidad y Auditoría (ROSC, por sus siglas en inglés), emitido en 2015 por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) en las Normas Internacionales de Auditoría 200-810.
  • Nivel de seguridad moderada o limitada (CINIF, serie NIF A-1, 2014). Se procura la revisión de estados financieros cotejados con las Normas de Revisión 910-920, emitidas por la comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del IMCP, hasta llegar a un esquema de seguridad razonable en auditoría integral, realizada, según los rubros contemplados del Boletín 1 al 12, emitidos por la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (Perales Muñoz, 2018).

INVITACIÓN AL DEBATE REFLEXIVO

Se espera proponer esquemas útiles, idóneos y conducentes de valoración de costos, viables y factibles de medir, argumentar y probar en los procedimientos legales, incluidos los de carácter penal, cuando se cuestione el costo del cumplimiento efectivo de una empresa.

Asimismo, es elemental poner en la mesa la siguiente cuestión: ¿Cómo valorar los esfuerzos de personas físicas y organizaciones para cumplir con los requerimientos normativos, internos o privados del soft law y los públicos emanados del Estado y la ley dura o hard law, para unirse al esfuerzo nacional por combatir a la corrupción y los fenómenos que pueden surgir en el seno de las empresas mediante la prevención?

La respuesta es la misma desde que existe el Derecho como oficio de juristas: se necesita la ponderación judicial de los esfuerzos que la empresa realiza al tomar en cuenta no sólo los datos que ofrece como pruebas para demostrar que cuenta con una PIPD y un sistema de compliance legal adecuado y eficaz, sino también la relación entre esos datos de prueba que representan los esfuerzos de toda labor de cumplimiento, los cuales no son siempre reducibles a cantidades y, menos aún, traducibles a sumas crematísticas.

En esta serie de artículos (Detección, PIPD, Veritas 1776; Medición, costo del cumplimiento, deber de áreas contables y financieras, Veritas 1777) se han estudiado los costos de cumplimiento en materia de prevención, control, vigilancia, supervisión y auditoría de los riesgos legales y penales, es decir, ante hechos con apariencia de delito, acontecidos en el seno de la corporación por defecto organizacional, deficiente gestión corporativa (corporate management) o infidelidad al Derecho, toda vez que conllevan efectos procesales importantes, como la atenuación de la pena y necesaria consideración eximente de responsabilidad legal.

El deber o conveniencia de acreditar en un procedimiento penal que la organización cuenta con una cultura de cumplimiento vivencial y políticas de prevención efectivas permite desenvolverse en la evolución de las causas y efectos, desde el punto de vista del costo financiero, el cumplimiento o fidelidad al orden establecido por el Derecho.

¿COSTO TOTAL DEL CUMPLIMIENTO?

En el actual contexto y estado de la normatividad (NIF C-9), ¿las NIF o esquemas tradicionales de contabilidad y finanzas permiten arrojar ese informe del valor económico del cumplimiento en las empresas, registrado en los estados financieros en la organización, en tiempo real y actualizable? La respuesta parece ser afirmativa, pero se considera que no hay todavía unificación de criterios.

Incluso, es oportuno preguntar si es posible arrojar ese costo, pero en forma total, en tiempo real y actualizado. La solución a dicha interrogante parece ser negativa. El debate del cumplimiento eficaz se centra en los límites de la medición cuantitativa, distinguiéndola o separándola de la medición cualitativa-valorativa.

El costo del cumplimiento y el del compliance legal (anticorrupción, penal, informático, de protección de datos, etc.) difieren de la posibilidad o certeza de obtener el total.

El tema es importante, pues no son pocos los casos en que las autoridades han empezado a exigir dicha comprobación al detectarse la comisión de un hecho con apariencia de delito en la corporación atribuible a un representante o integrante, cuando se haya determinado que, además, existió inobservancia del debido control en la organización.

Dichas autoridades, en aras del esclarecimiento de hechos, parecen ver el tema bajo la óptica de la metodología Six Sigma, que se basa en la premisa de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, frase que adaptan para fines procesales e interpretan como que lo que no se puede contabilizar no se puede valorar, frente a la necesidad de acreditar la naturaleza eficaz, por ejemplo, de una PIPD, como lo establece el artículo 11 bis del Código Penal Federal.

Bienvenida la tendencia legislativa del novedoso Derecho Penal Preventivo en México, adicional al Derecho Penal represivo-sancionador. Se verá si es posible ser testigos de actitudes de valoración menos idealistas que supongan que todo esfuerzo humano y todo costo organizacional son traducibles a cifras. Por esto, es necesaria la ponderación de los costos en cada caso concreto, en la que no se pesan sólo los esfuerzos, sino que se sopesan las actitudes organizacionales y los contextos específicos para determinar alcances y efectos del compliance legal efectivo, incluido el penal.

¿Cuáles son las respuestas o propuestas a estos temas por parte de la comunidad profesional en materia contable y de finanzas en México?

Lic. Carlos Requena
Abogado penalista y socio de Requena Abogados
cr@requena.org.mx

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