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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

junio 01
08:00 2018

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco legal de acción de la autoridad para perseguir operaciones de procedencia ilícita.

Después de haberse aprobado el Informe de la Evaluación Mutua practicada a nuestro país durante 2017, que tuvo por objeto constatar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), se han presentado dos iniciativas para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La primera de ellas fue presentada ante la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero, la cual tuvo como objetivo sustancial proponer una reestructura a las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La segunda de las iniciativas fue presentada el 18 de marzo ante la Cámara de Senadores, de la que se destacan los siguientes aspectos:

[a] La creación de una Fiscalía Especializada para la Prevención y Combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que sustituiría a la actual Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR).

[b] Establecer como obligación de las personas que realizan actividades vulnerables, de identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEPS) con quien realicen actos u operaciones.

[c] Prevé que sea obligación de la SHCP de emitir las listas de PEPS.

[d] Facultar a la SHCP para emitir las disposiciones de carácter general que deberán cumplir los sujetos obligados para identificar los sujetos de riesgo.

[e] Sienta las bases para que, a través de las disposiciones secundarias correspondientes, se robustezca la exigencia normativa
para la identificación del beneficiario final de la operación (beneficiario controlador).

Como se indica en la iniciativa que nos ocupa, las propuestas antes mencionadas tienen como finalidad contribuir a solventar, desde el ámbito legislativo, las recomendaciones que fueron externadas en el Informe de la Evaluación Mutua. Entre las observaciones que se atienden, destacan:

  • Mejorar la calidad de los reportes y avisos de operaciones sospechosas brindando mayor orientación a los sujetos obligados y aumentar las comunicaciones de la UIFpara respaldar las investigaciones de lavado.
  • Iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de LA/FT de México; con ese fin México debería brindar capacitación y experiencia técnica a la PGR y a la Policía Federal.
  • Fortalecer las medidas para identificación de beneficiario final.
  • Revisar los recursos aplicados a la supervisión del sistema de combate al LA/FT en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos desarrollados por los supervisores. Se debe prestar atención inmediata al Servicio de Administración Tributaria, mediante alguna medida, ya que tiene una carencia significativa de recursos.
  • La PGR debería adoptar un abordaje más proactivo hacia las investigaciones de lavado de activos que tienen una dimensión transnacional.

Ahora bien, se estima relevante el hecho de que se pretenda robustecer el marco legal de acción de la autoridad encargada de la persecución e investigación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues como lo apuntó el GAFI, al día de hoy se presenta un cuello de botella para dar continuidad a las investigaciones que la UIF hace llegar a la Unidad de Análisis Financiero de la PGR.

Sin duda, uno de los aspectos que podrían conducir a una modificación sustancial del régimen de prevención de lavado de activos que impone la LFPIORPI es que se abre la puerta para que se incorpore la obligación de que sea valorado el riesgo de los clientes de quienes realizan actividades vulnerables, lo cual hasta hoy no es exigible. En efecto, pese a que el mandato del GAFI impone como piedra angular de un régimen de prevención LA/FT, la adopción de un enfoque basado en riesgo, nuestra Ley antilavado es omisa en cuanto a esta exigencia, lo cual para muchos coloca en tela de duda la eficacia de este régimen de prevención.

Hasta hoy en la ley no es exigible que sea valorado el riesgo de los clientes de quienes realizan actividades vulnerables; esto podría conducir a un cambio en la LFPIORPI”.

Por otro lado, el planteamiento relativo a dar un mayor peso a la identificación del beneficiario real de la operación, así como a realizar la identificación de los clientes que sean PEPS,puede contribuir a hacer más eficiente el régimen de prevención, empero, faltaría considerar la parte complementaria relativa a una debida diligencia del cliente; es decir, implementar un mayor número de controles que permitan conocer aspectos más pormenorizados de los clientes como su comportamiento transaccional, la eventual realización de visitas a su domicilio, la actualización de su expediente de identificación, por señalar algunos de los elementos que contribuirían a ello; lo que sin duda, para quienes realizan actividades vulnerables, representaría una carga administrativa considerable, pues las unidades de negocio no guardan una uniformidad en su estructura administrativa de cumplimiento, de tal modo que este trabajo, con independencia de tornarse en más técnico, puede resultar desproporcionado para algunos de ellos.

Bajo este contexto, es importante esperar la iniciativa de reformas que pueda formularse desde el Ejecutivo Federal, que, desde luego, también estará encaminada a solventar las distintas observaciones que fueron realizadas a nuestro país por el GAFI, siendo deseable que en el proceso legislativo que se inicie para su discusión, se aperturen los foros de diálogo para que puedan participar los sectores involucrados en el régimen de prevención, con el objeto de encontrar los consensos necesarios para hacer más eficiente y no tan rígido el marco de la LFPIORPI.

C.P.C, P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional e integrante
de la Comisión de PLD del Colegio
s.matus@colegiocpmexico.org.mx

L.D. y M.D.A.F. David García Antonio
Integrante de la Comisión de PLD del Colegio
david.garcia@cyd.mx

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