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Reforma funcional al Poder Judicial de la Federación, un primer avance hacia el Estado de derecho

Reforma funcional al Poder Judicial de la Federación, un primer avance hacia el Estado de derecho
marzo 30
2020

La publicación del Índice del Estado de Derecho en México, 2019-2020 del World Justice Project no arrojó ninguna sorpresa. Su relevancia, sin embargo, consistió en haber corroborado con claridad meridiana lo que es de sobra sabido: las deficiencias de nuestro sistema de justicia son un difícil obstáculo para la consolidación de los cambios democráticos y la creación de las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.

Ni el país en su conjunto ni las entidades federativas en lo particular alcanzaron calificaciones aprobatorias en los distintos rubros que componen el índice. Los puntajes más bajos correspondieron al rubro “orden y seguridad”. Muestra elocuente de ello fue que diecinueve entidades federativas registraron retrocesos como consecuencia del repunte en el número de homicidios y el deterioro de la percepción social de falta de seguridad.

A la luz de estos y otros indicadores semejantes, es comprensible el interés por impulsar diversas iniciativas legales que faciliten la procuración y la impartición de justicia. En este marco, se inscribieron las propuestas de reforma al sistema de justicia penal y a aspectos sensibles de la operación de Poder Judicial elaboradas por la Fiscalía General de la República. Pero, como se recordará, la propuesta fue detenida antes de su presentación al Senado a causa de una filtración que evidenciaba las amenazas que la misma entrañaba para la vigencia de los derechos humanos, la división de poderes y la consolidación del sistema de justicia adversarial. La iniciativa representaba un enorme riesgo de retroceso y, a la fecha, no ha sido posible elaborar una alternativa aceptable.

Dado este antecedente, y acaso con el fin de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y evitar retrocesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaboró una iniciativa que contiene la reforma a siete artículos constitucionales, la expedición de una Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de una Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como la modificación de cinco ordenamientos legales.

Un punto clave de la propuesta encabezada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, radica en la ampliación de las competencias de la SCJN y en su fortalecimiento como tribunal constitucional. Asimismo, destaca el énfasis puesto en el combate a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual. Para tal efecto, se prevén mecanismos que buscan garantizar procesos efectivos de investigación y sanción. Adicionalmente, se adopta el enfoque de género como criterio rector de la carrera judicial y del funcionamiento de los distintos órganos que conforman el Poder Judicial de la federación.

No menos importante es la transformación de la tarea de la defensoría pública federal, la cual, amén de elevar la capacidad profesional de los defensores de oficio, amplía su radio de acción y se dirige en favor de grupos vulnerables y de escasos recursos. En paralelo, la creación de la Escuela Judicial Federal (encargada de la formación y la actualización del personal que labora en el Poder Judicial, así como de los concursos para el nombramiento de jueces y magistrados) representa un paso necesario para la elevación de la calidad del trabajo de quienes integran el Poder Judicial Federal mediante un bien reglamentado servicio civil de carrera.

Como es sabido, la Constitución no concede al Poder Judicial la facultad para presentar al Congreso iniciativas de ley. De ahí que la iniciativa de reforma fue presentada al Congreso por el presidente López Obrador. Y, a este respecto, vale la pena subrayar cómo la buena relación entre el titular del Ejecutivo y el presidente de la Corte desempeñó un papel crucial para lograr la disposición favorable del Ejecutivo hacia la propuesta del Judicial.

En una lectura optimista, podría afirmarse que este hecho representa un hito importante en la historia del sistema de justicia, pues, más allá de sus contenidos, lo cierto es que detrás de ella hubo un serio trabajo político de construcción de consensos en el que, además del propio ministro Zaldívar, participaron el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ricardo Monreal. Ciertamente, justo es destacarlo, este trabajo político fue allanado por el fracaso de la iniciativa elaborada por la Fiscalía. Pero, a fin de cuentas, el diálogo, recurso escaso en el México polarizado de hoy, rindió frutos: la iniciativa será presentada sin enmiendas al Poder Legislativo.

Cabe esperar que la reforma cumpla su trámite legislativo sin grandes sobresaltos. Morena y sus partidos aliados apoyarán la iniciativa. Tampoco se prevé que los partidos de oposición vayan a obstaculizar el proceso.

Se tiene previsto trabajar bajo la modalidad de parlamento abierto, decisión que tendría el efecto de dar mayor visibilidad a la reforma. En principio, no han surgido voces que pongan en tela de juicio los objetivos y los contenidos de la iniciativa. De hecho, algunos importantes juristas han mostrado, de entrada, una disposición favorable a la misma. Esta afirmación no equivale a suponer que la reforma será aprobada sin cambios. Es obligación de los legisladores revisar con lupa la “letra chiquita” y proponer modificaciones donde se considere pertinente.

Como lo señaló el ministro presidente Zaldívar, en caso de ser aprobada en sus contenidos esenciales, la reforma será un importante paso en la consolidación de un auténtico Estado de derecho. Pero será sólo un primer paso. La reforma del Poder Judicial tiene frente a sí diversos desafíos por superar. Vale la pena mencionar dos:

  1. Que las legislaturas de los estados realicen los cambios correspondientes en sus respectivas legislaciones para adecuar el funcionamiento de los poderes judiciales locales a lo aprobado a nivel federal.
  2. La concreción de la reforma. Es vital tener plena conciencia de que la mera aprobación de leyes es insuficiente. Su adopción, en la práctica, deberá enfrentar vicios arraigados, inercias y, desde luego, resistencias; en paralelo, habrá que desplegar un gran esfuerzo de capacitación.

Queda por ver si la eventual aprobación de la reforma sienta un precedente lo suficientemente sólido como para inhibir intentos de cambios regresivos en materia de Estado de derecho. Tal vez por ello la presentación de la nueva versión de la reforma al sistema de justicia penal, anunciada para el día mismo del inicio del actual periodo ordinario, no ha tenido lugar en virtud de sus contradicciones con el espíritu y la letra de la reforma del Poder Judicial.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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