Por Seminario Político

pj999glez@gmail.com

 

Aunque la reforma pudo llegar más lejos si hubiera existido un consenso político con la izquierda, la reforma aprobada deberá traducirse en mayores niveles de eficiencia y en un manejo más transparente de sus recursos.

Sin temor a exagerar, se puede afirmar que la aprobación de la reforma energética, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representa un hito decisivo en el proceso de cambio de una economía cerrada y estado-céntrica a una economía abierta donde, en principio, prevalece la lógica de las leyes del mercado. Entre un momento y otro han transcurrido casi 20 años, en medio de los cuales es posible identificar una suerte de impasse de tres lustros (1997-2012) que, salvo algunas excepciones, frenó la dinámica reformista. Es a la luz de esta consideración que debe juzgarse la trascendencia del Pacto por México que, al margen de cuál sea su destino, ya ha cumplido un trascendente papel histórico.

Rebasando incluso las expectativas originales, la reforma aprobada es realmente profunda. La manera en que se concatenaron los eventos políticos creó las condiciones idóneas para dejar atrás los mitos y apostar por el futuro, con todos los riesgos que, por definición, ello implica.

En el plano de lo simbólico, la reforma parte de la premisa de que el petróleo es un recurso con un alto valor económico que debe ser aprovechado y no la esencia de la identidad nacional ni el baluarte de la soberanía. Gracias a esta idea, la pregunta tácita que guió la labor legislativa fue cómo ponernos en sintonía con la evolución que en el mundo se verifica en los terrenos del mercado y la tecnología del sector energético. Se trataba de responder a cómo aprovechar el potencial energético del país y responder a sus necesidades presentes y futuras.

Desde esta perspectiva, el objetivo inmediato de la reforma es la maximización de la renta petrolera. Para tal efecto, los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, amén del largo inventario de artículos transitorios, apuntan hacia la plena apertura del sector y ofrecen a la iniciativa privada, nacional y extranjera, una amplia gama de opciones de participación: contratos de servicios, de utilidad y de producción compartidas e incluso un esquema de licencias.

Otro avance en materia de apertura es que tanto Pemex como la CFE enfrentarán la competencia de otros jugadores y, a pesar de que para efectos de licitación gozarán de ciertas ventajas (la ronda cero), deberán competir y presentar la mejor alternativa, es decir, la que garantice una mayor renta para el Estado mexicano.

No menos importante es que ambas empresas dejarán de ser paraestatales y se convertirán en empresas productivas de Estado. Esta medida, aunada a su exposición a la competencia, deberá traducirse en mayores niveles de eficiencia y en un manejo más transparente de sus recursos.

Se trata de un gran reto organizativo y político, en tanto ambas empresas deberán adoptar una nueva cultura corporativa y redefinir sus relaciones laborales. Por lo pronto, el sindicato petrolero saldrá del Consejo de Administración, al tiempo que ambos sindicatos deberán enfrentarse a que los beneficios y plazas dependerán ahora de los resultados de las empresas y no de la negociación con el gobierno.

Asimismo, la reforma avanza en otros campos como la creación de diversas instancias reguladoras, la adopción de medidas dirigidas a fortalecer la transparencia y la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso manejado por el banco central y cuya función será administrar la renta petrolera. La idea es que esta no se canalice al gasto corriente, sino que se destine a objetivos claramente definidos por la ley y que, de preferencia, deberían estar dirigidos a financiar la transición energética.

[blockquote style=”1″]La reforma parte de que el petróleo es un recurso con un alto valor económico que debe ser aprovechado y no que es el baluarte de la soberanía[/blockquote]

La reforma abre perspectivas favorables de incremento de la renta petrolera, de transferencia de tecnología, de atracción de inversión extranjera, de seguridad energética y de transición hacia fuentes alternativas de energía y desarrollo sustentable. Sin embargo, conlleva también importantes desafíos.

En primer lugar, el del fortalecimiento y la funcionalidad de las instancias reguladoras. Habida cuenta de nuestro enorme déficit en materia de Estado de Derecho, este reto no debe ser subestimado. La legislación secundaria deberá proveer a los órganos reguladores de mecanismos efectivos que las blinden frente a su eventual captura de los entes regulados (las empresas públicas y privadas que participarán en la industria energética).

En segundo lugar, el desafío que presupone elevar la productividad de Pemex y la CFE, y evitar que la competencia con otros jugadores las vaya a desplazar del mercado. En tercer lugar, el gran reto que enfrentan todas las reformas: el de su instrumentación, pues no basta con plasmar en el papel las mejores ideas para que estas modifiquen la realidad; como lo documenta con amplitud un gran número de experiencias previas, las mejores reformas pueden fracasar cuando se ponen en práctica.

Y es a propósito de estos desafíos que la dimensión política del proceso legislativo adquiere relevancia. Como se recordará, en su momento, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una amplia agenda de cambios a las leyes secundarias orientadas a fortalecer y modernizar Pemex.

La propuesta, aunque insuficiente, era correcta en lo esencial y no chocaba con los objetivos planteados por el gobierno y por el Partido Acción Nacional (PAN); de hecho, era una propuesta que pudo haber sido retomada como piso de una reforma de mayor calado, como la que finalmente se aprobó. El problema fue que, en virtud de las fracturas internas y la sorda disputa por el poder, el grupo negociador (Nueva Izquierda) optó por el radicalismo en aras de mantener su hegemonía dentro del partido y se marginó de la negociación de la reforma.

Esta postura allanó el camino a la propuesta de Acción Nacional. Cuando el gobierno se percató de la imposibilidad de lograr el aval de la izquierda a la reforma constitucional, confió en la aritmética legislativa, buscó los votos panistas requeridos para construir la mayoría calificada y aceptó, con gusto, ir más allá de su propuesta original. Limitar la reforma a los contratos de utilidad compartida solo tenía sentido de cara a la expectativa de contar con el consenso de la izquierda. Fue así que la reforma pudo llegar más lejos.

Publicado por Veritas Online

Veritas Online está dedicada a la publicación de contenidos realizados en la revista Veritas pero con el plus de obtener contenidos escritos, fotográficos y representativos más completos y con menor tiempo de espera. Las ideas, pensamientos y puntos de vista de nuestros colaboradores son responsabilidad de ellos mismos. Sin embargo, los contenidos siempre serán revisados por el Consejo Editorial del Colegio de Contadores Públicos de México, coincidiendo con la misma línea editorial de la revista Veritas. Sólo se publicarán contenidos aprobados por el Consejo Editorial y que cumplan con las características del contenido y las secciones establecidas por el mismo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: