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Reforma energética: gasolinas, el valor de su mercado

Reforma energética: gasolinas, el valor de su mercado
marzo 01
2019

Antes de la Reforma Energética de 2013, el precio de las gasolinas era fijado por el Gobierno Federal. Si los precios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) eran menores que la razón costos de producción-precios de importación, el Gobierno Federal absorbía la diferencia a través de un subsidio.

A partir de la Reforma Energética, el precio se fijó como un máximo y crecía en función de la inflación; por ejemplo, en 2015, el incremento en el precio de las gasolinas fue de 1.9%, esto se mantuvo hasta el 2018, cuando el precio se liberalizó; hoy dicha fluctuación obedece a los movimientos en los precios internacionales de gasolina. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía (SE), en el año 2000, el precio de un litro de gasolina costaba alrededor de 6 pesos; para el 2013, su precio había crecido en 100%, y para el año de la liberalización, el litro costaba 18 pesos.

Antes de la Reforma Energética, el galón de gasolina en México costaba en promedio 3 dólares, mientras que en Estados Unidos de América (EUA) costaba 4 dólares; después de 2013, en México ha costado en promedio 3.7 dólares, mientras que en EUA 3.30 dólares, según información de Bloomberg. Aun cuando esta liberalización en los precios ha ocasionado un incremento en ellos, y la tendencia es decreciente en los precios internacionales, según JP Morgan, en México el precio de las gasolinas se ubica en el lugar 60 de los más baratos a nivel mundial, de un total de 165 países analizados.

Respecto de la producción de gasolina, en 2000, se producía alrededor de 60% de la gasolina utilizada en México y se importaba el resto, según la SE. En la actualidad, México es importador neto, tan sólo en el 2018 se importó 71% de la gasolina de manera interna.

Tomando en cuenta la tendencia del alza en el precio interno de la gasolina, la disminución en la producción doméstica y, por ende, la creciente importación, los costos de importación cada vez más bajos —derivado de la caída en los precios internacionales —, así como una mayor cantidad de distribuidores en México, era de esperar que el robo de combustibles como la gasolina resultase una actividad muy redituable. La SHCP en 2017 estimó que el valor de mercado del combustible robado fue de 20 mil millones de pesos. En ese mismo año, se detectaron 6,873 tomas clandestinas y sólo en los últimos 10 años, el robo de combustible creció 868%, según cifras de Pemex. Durante 2017, se hurtaron 27,000 barriles diarios.

A pesar de la innovación tecnológica y el creciente uso de energías limpias y renovables a nivel mundial, la demanda por gasolina sigue en aumento. En México, se estima que el consumo de gasolina crezca en promedio 2% durante los próximos 15 años, esto es un agregado aproximado de 30% (SE). Con esas expectativas de crecimiento del consumo interno y con los precios actuales de la gasolina, aunado a la producción de crudo, sin duda, Pemex puede convertirse una vez más en una fuente de ingresos notable para el Gobierno Federal.

Considero que, además de la ilegalidad propia del robo de combustible, el valor de mercado es tan relevante que hace que valga la pena emprender una lucha contra el crimen organizado en esta materia. Pero, con un mercado de ese tamaño, ¿hasta qué punto esa lucha puede dejar de producir impactos positivos y generar negativos?

Hemos visto cómo la estrategia del gobierno ha sido muy clara y frontal, a tal punto que la distribución de los combustibles se ha visto seriamente afectada. Si esta afectación se traslada al transporte público, a la recolección de basura, a la distribución de bienes perecederos, entre otros, entonces, los impactos negativos en la actividad económica y en el bienestar de los hogares podrían ser desastrosos.

Es muy importante rescatar el mercado del combustible, sin duda, pero no a costa del mercado de bienes y servicios, de la seguridad ni de la salud pública, y mucho menos a costa de la libertad económica de los agentes a decidir qué, cómo, cuándo y cuánto consumir de cada bien o servicio. El valor de esta libertad es mucho mayor que el de cualquier otro mercado.

Dr. Salvador Rivas-Aceves
Secretario académico y de Investigación
Universidad Panamericana, Campus México
srivasa@up.edu.mx


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