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Reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)

Reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)
julio 27
10:25 2018

A finales del 2013 se dieron importantes modificaciones a distintos ordenamientos fiscales (Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, entre otros), las cuales fueron impulsadas con motivo de las reformas estructurales planteadas por el titular del Ejecutivo Federal.

Entre las modificaciones propuestas a las Cámaras del Congreso de la Unión, se encuentra la adición del artículo 69-B al CFF.

De la Exposición de Motivos se advierte que esta adición es consecuencia de los esquemas agresivos de evasión fiscal que estaban implementando algunos contribuyentes, a través de la adquisición de comprobantes fiscales.

En un principio, los contribuyentes usaban comprobantes fiscales apócrifos para generar un efecto fiscal, sin erogar las cantidades amparadas por esos documentos. Al percatarse las autoridades fiscales de esta situación, la solución fue implementar controles de seguridad y requisitos más rigurosos para contrarrestar la emisión de estos comprobantes falsos.

No obstante, los esquemas implementados por algunos contribuyentes superaron las barreras impuestas por la autoridad fiscal y evolucionaron los sistemas de evasión fiscal, al grado que se comenzó a introducir en el mercado comprobantes fiscales que cuentan con todos los elementos de seguridad y flujos de efectivo comprobables, que se comercializan mediante el pago de una comisión.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo Federal propuso la adición del artículo 69-B al CFF que consigna un procedimiento encaminado a detectar y sancionar tanto a los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales (EFOS) sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad material o se encuentran no localizados, como aquellos que reciben (EDOS) estos comprobantes para generar algún efecto fiscal.

El artículo en comento ha sufrido algunas modificaciones, pero para el presente boletín nos centraremos en la última reforma publicada el 25 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTICULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

En la iniciativa de reforma planteada por los diputados Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), y el diputado Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se propuso:

  • Otorgar a los contribuyentes sujetos al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes por la emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes, la posibilidad de que soliciten una prórroga de cinco días para aportar documentación e información que consideren necesaria en el ejercicio de su derecho de audiencia.
  • Modificar el procedimiento para conceder a la autoridad fiscal la facultad para requerir mayor información y documentación dentro del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes por la emisión se comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes.
  • Se definió el término con que cuentan las autoridades para valorar las pruebas, expedir y notificar al interesado la resolución definitiva que deriva del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, pues el texto del artículo antes de la reforma causaba confusiones que generaron distintas y contradictorias interpretaciones.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA AL ARTICULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Dentro de la Exposición de Motivos se manifiesta que los procedimientos contemplados en el artículo 69-B del CFF, han servido para contrarrestar las prácticas indebidas de los contribuyentes para erosionar su base tributaria, por lo que se estiman como un medio eficaz en el combate de esquemas indebidos de deducciones y acreditamiento de impuestos.

Sin embargo, también se señala que el artículo ha sido objeto de interpretaciones por los contribuyentes para no ubicarse en los supuestos de presunción de inexistencia de operaciones o alegar que el procedimiento seguido por la autoridad fiscal es ilegal.

En este sentido, se propone: Incorporar el derecho para que los contribuyentes, dentro del procedimiento de la presunción de inexistencia de operaciones, soliciten una prórroga de cinco días a la autoridad fiscal para proporcionar la documentación e información que consideren oportuna para acreditar la existencia y materialización de la operación o acto jurídico consignado en el comprobante fiscal.

Otra de las modificaciones que se formuló fue: Otorgar la facultad a la autoridad para requerir información adicional al contribuyente, estableciendo plazos para la entrega, valoración, emisión y notificación de la resolución definitiva, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.

Quizá la modificación de mayor trascendencia es que se señala, de manera expresa: El plazo con que cuenta la autoridad fiscal para valorar las pruebas aportadas por el contribuyente, expedir y notificar la resolución correspondiente, de cincuenta (50) días.

Ese plazo de 50 días se establece toda vez que la autoridad fiscal requiere un periodo considerable para llevar a cabo la valoración de los documentos aportados por el contribuyente, emitir y notificar su resolución por buzón tributario, con las particularidades a las que está afecto para su realización y surtimiento de efectos.

En mi opinión, las modificaciones al artículo son la consecuencia de una mala técnica legislativa de nuestros representantes en el Congreso de la Unión.

De una revisión al artículo previo a la reforma, podemos advertir que los legisladores no establecieron, de manera precisa, si el plazo de cinco días referido en el tercer párrafo comprendía, además de la valoración de pruebas, la emisión y notificación de la resolución definitiva, lo que constituía -a mi parecer- una violación al derecho de seguridad jurídica de los contribuyentes.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 3 votos a favor y 2 en contra, en la sentencia dictada en el amparo directo en revisión 3827/2017, cuyo ponente fue el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvió que esta cuestión no violaba el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, pues si bien el legislador omitió señalar si el plazo comprendía la valoración de la información y documentación proporcionada, así como la emisión y notificación de la resolución, no trasgredió derechos fundamentales de los contribuyentes ni perjudica su defensa.

El Ministro Pardo Rebolledo señaló en su sentencia, que los legisladores no se encuentran obligados a establecer todos los supuestos y consecuencias de la norma, pues estos pueden consignarse en distintos cuerpos normativos, y que el plazo para que la autoridad emita la resolución referida en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF, se suple con la aplicación del previsto para la caducidad (cinco o diez años, según corresponda) consignado en el artículo 67 del mismo ordenamiento, por tratarse de una facultad de comprobación.

Por otro lado, los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, entendieron, desde nuestra opinión, correctamente el tema a debate, al señalar, de manera contundente en un voto de minoría, que el hecho de que el artículo 69-B del CFF fuera omiso en establecer el plazo para que las autoridades fiscales emitieran y notificaran a los contribuyentes la resolución definitiva recaída al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, sí constituye una violación al principio de seguridad jurídica.

Lo anterior, afirman los Ministros minoritarios, porque el procedimiento para presumir operaciones inexistentes es un mecanismo importante de la autoridad fiscal para contrarrestar el fraude tributario y sus actuaciones deben ser ágiles, oportunas y efectivas en el combate a esos esquemas de simulación, por lo que no resulta lógico que esa omisión se subsane con el plazo de caducidad de facultades (cinco o diez años según, corresponda) previsto en el artículo 67 del CFF.

Corrobora lo anterior que en la Exposición de Motivos que dio origen a este artículo 69-B del CFF, se manifestó que las operaciones que simulan estas operaciones suelen ser por un periodo corto, lo que requiere de un procedimiento con una temporalidad breve, es por ello que resulta incongruente lo sostenido por la mayoría de Ministros de la Primera Sala de la SCJN, en el sentido de que el procedimiento de operaciones inexistentes, al no contar con un plazo específico para notificar a los contribuyentes la resolución definitiva, pueda extenderse hasta el término para la configuración de la caducidad de sus facultades de comprobación.

La interpretación que realizó la SCJN constituyó un revés para el contribuyente y su derecho a la seguridad jurídica, al dejar la puerta abierta a las autoridades fiscales hasta cinco o más años, para emitir y notificar una resolución de un procedimiento tan delicado como es la presunción de inexistencia de operaciones; a pesar de requerir acciones prontas y expeditas para cumplir con la “ratio legis” de la disposición que nos ocupa.

Derivado a todas estas consideraciones, en la reforma que nos ocupa se destacó, de manera expresa, un plazo para que las autoridades valoren los documentos e información proporcionados, emitan y notifiquen al interesado la resolución que derive de este procedimiento, de 50 días a partir de que transcurran los 15 días o, en su caso, 20 días cuando el contribuyente solicite prórroga, para aportar la documentación e información que desvirtúe la presunción de operaciones inexistentes.

Respecto a la adición de la prórroga para que los contribuyentes puedan proporcionar mayor información y documentación para demostrar la existencia y materialización de la operación o acto jurídico, considero que si bien da claridad a la norma no es tan relevante, pues al consignar que se entenderá concedida sin que medie pronunciamiento alguno de la autoridad fiscal, era suficiente para alcanzar el mismo objetivo modificar el plazo previsto de 15 a 20 días para proporcionar información.

En resumen, el procedimiento del artículo 69-B del CFF se puede esquematizar de la siguiente manera:

CONCLUSIÓN

Considero que la reforma al artículo 69-B del CFF da certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes respecto al procedimiento y plazos para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes y que, en todo caso, el señalamiento expreso del término y lo que comprende, resulta en beneficio de los particulares al corregir, en mi opinión, lo incorrectamente sostenido por la SCJN en el precedente al que se hizo mención en este documento, donde dejó abierta la facultad de la autoridad fiscal para emitir y notificar al gobernado la resolución derivada del procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, por 5 años o más en algunos casos.

LIC. Gil Alonso Zenteno García
Miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal “3”
Socio Basham, Ringe y Correa, S.C.
zenteno@basham.com.mx

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