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Reflexiones sobre la ética y la integridad en las acciones del Gobierno en México

Reflexiones sobre la ética y la integridad en las acciones del Gobierno en México
agosto 17
07:18 2017

I. INTRODUCCIÓN

Al estudiar la conducta de las personas en los países desarrollados se descubre que la mayor parte de su población se conduce con apego a las siguientes premisas:

  • La moral como principio básico.
  • El orden y la limpieza.
  • La honradez.
  • La puntualidad.
  • La responsabilidad.
  • El respeto a los derechos de sus semejantes, a la ley y a las demás disposiciones reglamentarias.
  • El amor al trabajo (lo que apasiona al trabador, no por lo que se le paga).
  • El deseo de superación.
  • El afán por el ahorro y la inversión.

Cualquier organización que actúe con apego a esas premisas requiere implementar normas que rijan tal conducta. Contrariamente, desde hace 35 años, la corrupción se ha incrementado y ha permeado los tres órdenes de Gobierno en México, afectando la confianza de los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones gubernamentales.

Para combatir la corrupción, en 1982 se emprendió una cruzada nacional que se denominó “Renovación Moral de la Sociedad” y por iniciativa del entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF),  en 1994 cambió su nombre a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y desde el 2003, se denomina Secretaría de la Función Pública (SFP).

Actualmente, se aprecia que la SFP no ha realizado mayor aportación al propósito que originó su creación. Lo que verdaderamente hace falta es que los funcionarios gubernamentales de cualquier nivel, en lo individual y en su conjunto, convencidos de la dignidad e importancia de sus respectivas tareas, sean conscientes de los beneficios que resultan al ejercerlas con verdadera cultura ética y de servicio, asumiendo de manera responsable las consecuencias de sus actos u omisiones.

Actualmente, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son, respectivamente, los órganos de control interno y externo de la Administración Pública Federal (APF) e integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo es prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) de conformidad con su Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio del 2016, en la que se establece que el SNA lo conformarán un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana (CPC), un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), y los Comités de los Sistemas Locales Anticorrupción. Asimismo, se precisan las políticas y acciones a observar en la aplicación de recursos federales y se estipula que el ejercicio de tales recursos estará sujeto, en su caso, a las intervenciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La presidencia del Comité Coordinador del SNA se otorga a un representante del CPC; esto significa en un caso específico, que la sociedad civil podría tomar alguna decisión gubernamental trascendente.

II. ALGUNOS PENSAMIENTOS Y COMENTARIOS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD

El Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), comenta, refiriéndose al SNA:

El Comité Coordinador del SNA se compondrá por el Presidente de dicho Comité, y seis funcionarios más que participan en representación de:

  1. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI),
  2. La ASF,
  3. La SFP, para prevenir, investigar y detectar posibles delitos,
  4. El TFJA, para llevar a buen puerto la sanción procedente (desde el punto de vista del derecho),
  5. La Fiscalía Anticorrupción (FA), para asegurar la sanción (desde el punto de vista penal), y
  6. El Consejo de la Judicatura Federal.

Toda sanción aplicada debe accionar un mensaje que cause la sensación de que ser corrupto es de alto riesgo y es castigado de manera enérgica.[1]

Fernando Savater, en su libro Ética para Amador recomienda sujetar las conveniencias personales a las costumbres, a las órdenes recibidas y a los principios morales que se adoptan por considerarse válidos y a las disposiciones legales y reglamentarias a las que se esté sujeto.

El humanista Ikram Antaki, profesional del pensamiento, en su obra Hacia una Ética Ciudadana habla de la artificialidad del Estado, la cual impone exigencias intransigentes y violentas a los ciudadanos. Para solucionar tal problema, propone buscar un comportamiento ideal factible, sin dejar de lado la realidad que vivimos.

La C.P.FI. y M.D.F. Ana Beatriz de Jesús Vargas Loaiza, Socia Cofundadora y Directora del Despacho Hernández Vargas, en su artículo publicado en la revista Contaduría Pública de abril de 2016 considera que: “el estudio de la moral y de la ética de la acción humana […] establece lo permitido […] de una acción y lo que no lo es (lo que no está permitido).

Es un grave error considerar que por medio de trampas (se puede) lograr crecimiento […] [se ha de] tener claro que los valores (honestidad, respeto, solidaridad, cooperación, responsabilidad y conocimiento) no cambian ni se adecuan […] estos [valores] se han de vivir […] para […] sentirse satisfechos.

El Papa Francisco en Amoris Laetitia, traducido como Sobre el amor en la familia sugiere (se presenta sólo la siguiente síntesis, ajustada al tema y universo tratado en este estudio) que es importante:

  • Reeducarse integralmente y demostrar estar debidamente capacitados para las funciones a desempeñar.
  • Adquirir el hábito de no volverse esclavos de inclinaciones antisociales.
  • Sensibilizarse acerca de que en algún momento se deberá reparar cualquier daño causado (por dolo u omisión).
  • Aprender a posponer alguna(s) pretensión(es), entendiendo que su postergación no implica anularla(s), sino diferir su realización.

En las relaciones económicas, políticas, jurídicas, ambientales y culturales a nivel mundial, también se adoptan conductas y decisiones que no se ajustan estrictamente a principios éticos ni a valores morales. Por ejemplo, en la revista Contaduría Pública de septiembre de 2015, bajo el título “Economía Mexicana y la Globalización”, se publicó un artículo donde se aprecian decisiones que a nivel mundial desequilibran la distribución de la riqueza generada por la producción en empresas que conforman grandes grupos multinacionales.  Esto debido al precio de los bienes o servicios que se transfieren entre ellas, pretendiendo que mediante este mecanismo, la mayor proporción de la utilidad total del grupo se declare fiscalmente en el país con menor tasa aplicable, lo cual daña el crecimiento económico de los países que sólo aportan mano de obra (con salarios bajos).

Otro ejemplo lo conforman las reformas constitucionales y las reformas a la Ley de Inversión Extranjera (LIE), recién aprobadas por el Gobierno federal mexicano, mediante las cuales se permite a la iniciativa privada nacional invertir en actividades económicas consideradas estratégicas y, por lo mismo, reservadas al Estado; también se permite a la inversión extranjera directa participar hasta en un 7%, en tales “actividades estratégicas”, lo cual ha conducido a que la estructura económica del país, casi en su totalidad, se oriente a la producción y exportación de bienes semielaborados (con bajo valor agregado) y de bienes primarios (principalmente petróleo crudo), dejando en un segundo plano la satisfacción de la demanda nacional de otros bienes  y servicios, al grado de depender cada vez más de la oferta externa de esos productos, con su consecuente encarecimiento de manera persistente.

Además, por las políticas neoliberales aplicadas a partir del gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se ha incrementado el índice del desempleo y el desequilibrio en la distribución del ingreso nacional, al grado en que el salario mínimo ha perdido más del 80% del poder adquisitivo que tenía en 1946, generando aproximadamente 20 millones de mexicanos más en situación de pobreza o indigencia.

III. ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA CONDUCTA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción III, establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por sus desviaciones a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que deban desempeñar sus empleos, cargos o comisiones.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), obliga a éstos y a otras personas que aplican recursos del Gobierno federal e indica las sanciones procedentes. Cabe comentar que de no establecerse sanciones o de no aplicarlas, se multiplicarían y generalizarían las infracciones.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013 precisa que es necesario fortalecer las instituciones mediante el combate a la corrupción.

La Declaración de Posibles Conflictos de Interés, establecida en función de los Lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), obliga a los servidores públicos a informar respecto de los inmuebles de su propiedad:

  • El nombre o razón social del vendedor y su relación con el declarante, cónyuge, concubina o concubinario, u otros dependientes económicos.
  • La descripción de los puestos, cargos, comisiones y poderes desempeñados en organizaciones con fines de lucro o en otras asociaciones, antes o durante el servicio público.

El 3 de febrero de 2015, el Presidente de la República instruyó al titular de la SFP a emitir reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, ampliando y profundizando el Código de Ética de los Servidores Públicos (CESP). Con fundamento en los artículos 1o., 26 y 37, fracción XVIII bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), el Secretario de la Función Pública dictó:

-(DOF20/08/2015) el Acuerdo mediante el cual se emiten:

  • El CESP del Gobierno federal.
  • Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública (RIEFP).
  • Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético (Lineamientos éticos), mediante los Comités de ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).

-(DOF 03/11/2016) el Acuerdo mediante el cual se establecen:

  • Las Disposiciones (DMCI) y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGMCI), que las dependencias y entidades de la APF, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República (PGR), así como las instituciones gubernamentales del ámbito estatal y municipal deberán observar, como modelo general sujeto a las adaptaciones procedentes, para el establecimiento, supervisión, evaluación y mejora continua, de su Sistema de Control Interno (SCI).

El CESP reitera la obligatoriedad de los principios constitucionales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) y de los valores (interés público, respeto a los derechos humanos y a las personas en general, igualdad y no discriminación, equidad de género, cuidado del entorno cultural y del ecológico, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas) que todo servidor público debe observar y anteponer a cualquier otro interés en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.

Por su parte, las RIEFP reglamentan, de manera enunciativa y no limitativa, las acciones de los servidores públicos que hacen posible propiciar un servicio público íntegro, entre otras:

  • Actuación pública: se conduce con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público.
  • Información pública: resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
  • Contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permiso y concesiones:sujeta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, procurando a la vez las mejores condiciones para el Estado.
  • Programas gubernamentales: procura que los correspondientes beneficios se otorguen sin discriminación alguna.
  • Trámites y servicios: atiende (su función) de forma responsable, respetuosa, eficiente, oportuna e imparcial.
  • Recursos humanos: participa en la administración y utilización de estos recursos con apego a la legalidad y a la eficiencia.
  • Administración de bienes muebles e inmuebles: participa en esta función con eficiencia y honradez.
  • Procesos de evaluación: actúa siempre con imparcialidad.
  • Control Interno (CI): al participar en los procesos de dicho control, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad.
  • Procedimiento administrativo: se sujeta a las formalidades esenciales de este procedimiento, respetando la garantía de audiencia.
  • Desempeño permanente con integridad: se conduce en todo momento con certeza y

Después de descritas y explicadas las RIEFP, deseamos hacer referencia (de manera enunciativa y no limitativa) a las 115 conductas que las vulneran. Una de las conductas que vulneran las RIEFP sería: abstenerse de ejercer las facultades y atribuciones que le impone su cargo, o ejercerlas de manera abusiva, lesionando en ambas situaciones el interés de la comunidad.

Los Lineamientos éticos tienen por objeto establecer las bases para la integración, organización y funcionamiento de los CEPCI:

Bases de integración:

  • Cada Comité estará conformado por once miembros propietarios con voz y voto (uno permanente: el Oficial Mayor o su equivalente del nivel jerárquico siguiente y diez temporales: un Titular de U., un Director General., un Director General adjunto, un Diector de Área, un Subdirector de Área, un Jefe de Departamento, un enlace, y tres operativos).
  • Su elección en cada dependencia se hará por votación. Por cada uno de los temporales se elegirá un suplente. En este mismo apartado, se señalan las etapas y periodicidad del proceso de elección, la duración de los cargos y los requisitos de elegibilidad a cumplir, indicando los principios y criterios en que se sustentan, y asimismo, acorde con lo establecido en el CESP y en las RIEFP, el Código de Conducta propuesto, precisando los posibles riesgos de corrupción.
  • Se convocará nuevamente a elección cuando quienes resulten electos decidan declinar y cuando un miembro de carácter temporal deje su cargo. Quienes incumplan sus obligaciones podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa.

Base de organización:

  • El Comité podrá establecer Subcomités o Comisiones permanentes o temporales, según lo estime necesario, y dará vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de las conductas de los servidores públicos, que constituyan responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable.

Bases de funcionamiento:

  • Presencia institucional: la vinculación y coordinación de los Comités, compete a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la SFP.
  • Se reglamenta: el cuórum de las sesiones, las convocatorias respectivas, el orden del día y su desarrollo, las suplencias, las votaciones y la elaboración, presentación y aprobación del programa anual de trabajo del Comité.
  • Se emitirán reportes e información, como en su caso lo requiera la Unidad.
  • Se asegurará la difusión de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
  • Cualquier persona puede acudir ante el Comité para denunciar presuntos incumplimientos del CESP, de las RIEFP o del Código de Conducta.

Del artículo tercero al quinto transitorios de este Acuerdo, se indica que a partir de su entrada en vigor:

  • En un plazo de noventa días hábiles los CEPCI deberán estar constituidos.
  • En un plazo de treinta días hábiles la SFP publicará en su página la relación de dependencias y entidades que cuentan con CEPCI.
  • En tanto entran en vigor las disposiciones jurídicas y reglamentarias que se confieren a la UEEPCI, sus funciones se entenderán referidas a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI).

Las DMCI emitidas por Acuerdo del Secretario de la Función Pública (DOF 03/11/2016) se presentan agrupadas bajo cuatro títulos con sus respectivos capítulos y secciones:

  • Título primero: Disposiciones Generales (DGMCI).
  • Título segundo: Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
  • Título tercero: Metodología de Administración de Riesgos (MAR).
  • Título cuarto: Comité de Control y Desempeño Institucional (CCDI).

El Título primero (DGMCI) expone 56 “Definiciones” referidas a los términos, conceptos, acciones, siglas, instituciones y sistemas considerados en este Título, y precisa para cada una de las siguientes categorías (operación, información, cumplimiento y salvaguarda):

  • Su objeto: establecer y mantener la operatividad del SCI tomando como referencia el Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SNF.
  • Su ámbito (la institución respectiva).
  • Los responsables (los titulares y, en su caso, los integrantes del Órgano de Gobierno, y los demás servidores públicos de la institución).
  • Las tecnologías de información y comunicación concernientes.

En cuanto al Título segundo (MECI):

  • Su Capítulo I requiere a la administración de la institución (en todos sus niveles) respaldo y compromiso para las normas de conducta y valores éticos establecidos, dando ejemplo con su actuación, asegurando la supervisión y evaluación continuas del SCI y atendiendo oportunamente cualquier desviación identificada al determinar las tolerancias y las correspondientes acciones correctivas, así como los plazos para cumplirlas.
  • Su Capítulo II señala las responsabilidades y funciones genéricas del Titular de la Administración, del Coordinador del CI, del Órgano Fiscalizador, del Comité de Control y Desempeño Institucional, y de los Enlaces en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

En el Título tercero (MAR):

  • El Capítulo I pide iniciar los procesos de la MAR a más tardar en el último trimestre de cada año, con la conformación de un grupo en el que participen los Titulares de todas las Unidades Administrativas de la Institución, el Titular del Órgano de Fiscalización, el Coordinador de Cl y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones, las actividades, los responsables y las fechas de entrega de los respectivos productos. Este capítulo también presenta los diversos factores de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.
  • El Capítulo II (Seguimiento de la Administración de Riesgos), pide establecer el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) indicando: los riesgos y sus factores, las estrategias para administrarlos y las correspondientes acciones, que identifiquen: la unidad administrativa responsable de su implementación, sus fechas de inicio y de término, y los medios para su verificación.

En el Título cuarto (CCDI):

  • El Capítulo I precisa los objetivos del CCDI.
  • El Capítulo II indica quiénes integrarán el CCDI y el Órgano de Vigilancia de la institución.
  • El Capítulo III señala las atribuciones del Comité y del Órgano de Vigilancia y las funciones de sus miembros.
  • El Capítulo IV especifica en su sección I el tipo y periodicidad de sus sesiones; en su sección II, el orden del día de las sesiones (con los asuntos a cubrir, declaración de cuórum, ratificación del acta, seguimiento dado a los acuerdos de la sesión anterior, cédula de problemáticas, etc.); en su sección III, los requisitos a contemplar en los acuerdos que se tomen; en su sección IV, los requisitos que deben cubrir las actas respectivas y en su sección V, el plazo para integrar la carpeta electrónica de las sesiones y su contenido.

El MAAGMCI (establecido por Acuerdo del Secretario de la Función Pública para los tres órdenes de gobierno, se publicó en el DOF 03/11/2016), homologa la normatividad aplicable en esta materia; contiene el MICI para el sector público, basado en el Marco Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 y presentado en 2014 en la quinta reunión plenaria del SNF por la SFP del Poder Ejecutivo Federal y la ASF.

El MICI se estructuró con el fin de implementar un SCI efectivo que coadyuvara a conseguir los objetivos institucionales y a minimizar los riesgos; a prevenir y reducir la ocurrencia de fraudes y otros actos de corrupción; y a incorporar las tecnologías de información aplicables a los procesos institucionales para respaldar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos y para consolidar los procesos de rendición de cuentas y transparencia gubernamentales.

La estructura del MICI comprende cinco componentes con sus respectivos principios (se describen enseguida), los cuales precisan los deberes, las funciones, la disciplina, la identificación de riesgos, las respuestas de mitigación correspondientes, las políticas, la información, la comunicación, la vigilancia y la evaluación periódica de los mismos.

Ambiente de control (cinco principios):

  1. Actitud de respaldo y compromiso a la integridad
  2. Supervisión del funcionamiento
  3. Autorizaciones conforme disposiciones jurídicas
  4. Contratación, capacitación y retención de profesionales competentes
  5. Evaluación del desempeño en la responsabilidad de los servidores públicos

Administración de riesgos (cuatro principios):

  1. Formular el plan estratégico
  2. Identificar, analizar y responder a riesgos
  3. Dar respuesta a irregularidades, corrupción, etc.
  4. Identificar, analizar y responder a cambios significativos

Actividades de control (tres principios):

  1. Diseño, actualización y garantía de la suficiencia e idoneidad
  2. Diseño de sistemas de información institucional
  3. Implementación de políticas y procedimientos

Información y Comunicación (tres principios):

  1. Elaboración de información pertinente y de calidad
  2. Comunicación interna
  3. Comunicación externa

Supervisión (dos principios):

  1. Evaluación de resultados, auditorías y reporte al titular
  2. Corrección de deficiencias

La responsabilidad del CI corresponde al órgano de gobierno, al titular y a los demás funcionarios y servidores públicos de la institución. Sus objetivos se desglosan en las siguientes categorías:

  • De operación (eficacia, eficiencia y economía).
  • De información (confiabilidad de los informes internos y externos).
  • De cumplimiento (apego a las disposiciones jurídicas y normativas).

En el diseño e implementación del CI debe cuidarse que los controles propuestos guarden congruencia con los objetivos determinados conforme al mandato y circunstancias específicas de la institución y también con las respuestas a los riesgos identificados, proporcionando así una seguridad operativa razonable.

  1. CONCLUSIONES

Los actos corruptos de los integrantes de los sectores gubernamental y privado, en la operación del sistema económico de cualquier país, siempre benefician los intereses particulares de quienes se involucran en dichos actos y lastiman, en alguna forma, el interés del resto de la sociedad.

Por lo tanto, tienen su expresión más común en ofrecer y en recibir dádivas especiales o no, a cambio de: transferencias ilícitas de activos; adjudicaciones amañadas de contratos (algunos no estrictamente necesarios o procedentes); acceso a información privilegiada; distorsión de cuentas o de evidencias; encubrimientos; ineficiencias en la aplicación de disposiciones vigentes; manipulación de sentencias; improcedente orientación en la integración de leyes, reglamentos y otras disposiciones para privilegiar intereses particulares (generalmente de índole económica); lavado de dinero; y otras decisiones y acciones de naturaleza semejante.

Dichas actuaciones no éticas, no debieran ser adoptadas por quienes sucedan los puestos en el servicio público, pues se diferiría indefinidamente la erradicación de la corrupción y de la impunidad. Por ello, es recomendable que en cualquiera de los ámbitos en los que actúe el servidor público, siembre y fortalezca con su ejemplo la aplicación de los principios éticos y valores que exige la vida en sociedad.

En las decisiones que se toman respecto a las relaciones económicas, políticas, ambientales, culturales y jurídicas (a nivel mundial) y en las actuaciones consecuentes, también se requieren conductas apegadas a principios éticos y a valores morales.

Las leyes, disposiciones y sistemas vigentes, así como sus modificaciones en lo futuro, coadyuvan a una mejor vida en sociedad, por lo cual resulta conveniente que todo servidor público otorgue fianza de fidelidad respecto al servicio a ejercer y, convencidos de la dignidad e importancia de su tarea, sean conscientes de los beneficios que resultan de ejercerla con verdadera cultura ética y de servicio.

ANEXO 1

Referido a algunas reflexiones filosóficas, raíces etimológicas y definiciones respecto a los términos y conceptos contenidos en el presente estudio.

REFLEXIONES FILOSÓFICAS

Platón: ¿Cómo llevar las riendas de la conducta?

Aristóteles: Toda acción humana busca siempre un bien.

Kant: Refiere cómo se debe actuar y qué se tiene qué hacer para buscar el bien común.

René Descartes: Consideró que la Ética se divide en tres ramas: obedecer las leyes y costumbres, ser lo más firme posible y vencerse a sí mismo antes que a la fortuna.

José Ortega y Gasset: Influido por Kant, distingue entre moralidad y legalidad y recomienda no confundir el bien con el cumplimiento material de las normas legales.

RAÍCES ETIMOLÓGICAS Y DEFINICIONES[2]

Ético (ca). Del latín ethĭcus, y éste a su vez: del griego ἠθικός (éthos).

Adjetivo: Perteneciente o relativo a la ética.

Conjunto de normas morales que rigen las conductas de las personas en cualquier ámbito. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Las conductas éticas son consideradas ideales para la convivencia social, permiten orientar nuestra actividad hacia el bien, evitando destruirnos.

Integridad. Del latín integrĭtas, (-ātis).

  1. Estado de un ente que se mantiene intacto.
  2. Dicho de una persona: Recta, proba, intachable.

Corrupción. Del latín corruptio, esta palabra se compone de los siguientes elementos:

  1. Prefijo “con-”: sinónimo de “junto”.
  2. Verbo rumpere: traducido como “hacer pedazos”.
  3. Sufijo “tio”: equivalente a acción y efecto.

Acción y efecto de corromper, depravar, pervertir, dañar. Actúa en un contexto amplio […]; para contrarrestarla se requiere que la sociedad en general actúe conforme a derecho y que se promueva la integridad.

  1. Impune
  2. Circunstancia de no recibir castigo por un delito.

Código de Conducta:

Instrumento emitido por el Titular de la dependencia o de la entidad gubernamental a propuesta de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Comité de Control y Desempeño Institucional:

Institución a cargo de expedir el MAAGMCI y sus reformas.

Conflicto de intereses:

Situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones.

Dependencias:

Instituciones del sector central gubernamental (Secretarías de Estado, órganos reguladores coordinados, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Oficina de la Presidencia de la República y PGR, así como sus órganos administrativos desconcentrados).

Entidades:

Instituciones que de manera descentralizada ejercen funciones de gobierno, consideradas la LOAPF como entidades paraestatales.

ANEXO 2

Estudios emprendidos para abatir las problemáticas expuestas en el presente estudio y para fortalecer la integridad y la ética en el ejercicio de la administración pública:

La ASF ha trabajado desde 2013 con algunas dependencias y entidades del sector público federal (279 en total), para fortalecer sus SCI y algunas de sus prácticas administrativas, a fin de reducir las posibilidades de incurrir en actos corruptos.

Algunos de los resultados de estos trabajos (en más de 400 “reuniones de facilitación”), que la ASF sostuvo con dichas dependencias y entidades se muestran en los cuadros (1 y 2) siguientes:

Cuadro número 1. Muestra la situación que guardan las 279 instituciones de referencia, según el documento 1172 publicado como Estudio General sobre la Situación el SCI en el informe: Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

Cuadro 1. Resultados del Componente de Evaluación de Riesgos en las instituciones del Poder Ejecutivo Federal

Fuente: Elaborado por la ASF con información del Estudio 1172.

Cuadro 2. Estructura de los riesgos identificados:

Fuente: Elaborado por la ASF.

Además de determinarse así la situación que guarda la administración de riesgos en las 279 instituciones, se aportaron al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF):

  • La Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público (GARSP).
  • El Sistema Automatizado de Administración de Riesgos (SAAR).
  • La Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público (GAISP).

La GARSP aportada al SNF por la ASF tiene como propósito mitigar las amenazas que enfrentan algunas entidades del Gobierno, promoviendo la integridad y la honestidad de los servidores públicos y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos (evitando la discrecionalidad) y vigilando el estricto apego a la normatividad vigente aplicable.

Considera el marco normativo vigente y se apoya en las siguientes tres prácticas administrativas. Última Reforma DOF 10-02-2014 internacionales:

  1. Normas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, publicadas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés).
  2. Normas del Instituto Internacional de Auditores Internos (IIAI por sus siglas en inglés).
  3. Lineamientos establecidos en la materia por el Modelo COSO 2013 (este Modelo define al CI integrado por cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, que deben existir, funcionar e interactuar entre sí. Además, fue el referente de la Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público (emitida por INTOSAI), y para el Acuerdo por el que inician su vigencia las Disposiciones en Materia de CI, base (ambos documentos) del MAAGMCI (emitido por la SFP en 2010).

El componente (evaluación de riesgos), citado en el párrafo anterior, se estructura en cinco actividades: Contexto Estratégico, Identificación de Riesgos, Análisis y Evaluación de Riesgos, Política de Administración de Riesgos y Tolerancia al Riesgo, y se ayuda de algunas herramientas (talleres de autoevaluación, mapeo de procesos, análisis de entorno, lluvia de ideas, entrevistas, análisis de indicadores de gestión, de desempeño o de riesgos, cuestionarios, análisis comparativo, y registros de riesgos materializados).

El SAAR, que la ASF aporta como herramienta para la administración de riesgos, tiene el propósito de que las entidades del sector público identifiquen, analicen, evalúen, controlen, supervisen y comuniquen sus riesgos, así como de que determinen responsables y minimicen el impacto y probabilidades de ocurrencia ya que en caso de materializarse tales riesgos se provocarían efectos negativos en los objetivos y metas institucionales.

La GAISP, desarrollada por la ASF, utilizó metodología SAINT del gobierno de los Países Bajos, algunas directrices del IIAI y algunos lineamientos y criterios publicados por la Asociación Internacional de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), para:

  • Identificar, clasificar, analizar y evaluar los riesgos a la integridad.
  • Determinar políticas institucionales de tolerancia al riesgo.
  • Establecer estrategias de respuesta y mitigación de los riesgos.
  • Considerar los cambios en el entorno interno y externo que representen tales riesgos.
  1. FUENTES CONSULTADAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma, DOF 10/02/2014. México.

Diccionario de la lengua española, 23ª. Ed., Real Academia Española, Madrid, Espasa Libros, 2014. DOF 18/07/2016. México.

DOF del 03/11/2016.

DOF del 18/07/2016.

DOF del 20/08/2015.

 “Economía Mexicana y la Globalización” en Contaduría Pública, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, septiembre 2015. México.

Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio 2013-2018. DOF 20/05/2013.

“Sistema Nacional Anticorrupción. Unión y trabajo en conjunto”. Entrevista al Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado del TFJA en Veritas, Colegio de Contadores Públicos de México, núm. 1746, febrero de 2017, 7-8 pp.

Por el C.P. Rafael Uribe Melo y el C.P.C. Gil Ricardo Ruíz y Alvarado

Integrantes de la Comisión de Desarrollo Contabilidad y Auditoría Gubernamental Sur

[1] “Sistema Nacional Anticorrupción. Unión y trabajo en conjunto”. Entrevista al Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado del TFJA en Veritas, Colegio de Contadores Públicos de México, núm. 1746, febrero de 2017, 7-8 pp.

[2] Diccionario de la lengua española, 23ª. Ed., Real Academia Española, Madrid, Espasa Libros, 2014.

 

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2 Comments

  1. Abogado Penal Alicante
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