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Reflexiones sobre la ética; La corrupción en el sector público

Reflexiones sobre la ética; La corrupción en el sector público
marzo 01
00:17 2015

Uno de los grandes retos con la corrupción es tener al frente de la administración pública a personas de confianza y desempeño ético, que actúen en un régimen de inviolabilidad a las normas.

Hablar de la ética desde el punto de vista de la autoridad es un tema tan complejo como delicado, y que debemos abordar frontalmente. Es un tema complejo por la cantidad de principios éticos que debe reunir un servidor público para el debido cumplimiento de la norma y refrendar las garantías constitucionales previstas en diversos artículos de nuestra Carta Magna, tendiente a que a toda persona le sea administrada justicia expedita, completa e imparcial, a que los recursos sean empleados con eficiencia, eficacia y honradez, etcétera.

De ahí que es oportuno establecer principios rectores éticos que permitan el estricto cumplimiento de aquellos que ocupan un escalafón, cualquiera que sea el peldaño, en la administración pública. El vértice reside en que la función pública sea llevada a cabo por personas cuyo desempeño sea caracterizado por la confianza social y el desempeño ético de su función, fomentándose una política de cooperación y de responsabilidad solidaria y compartida entre todos los servidores públicos, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades y comportamientos, a fin de que repercutan positivamente en la sociedad. Se trata de alinear principios, objetivos, metas y esfuerzos.

EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN

En los últimos años la vida nacional se ha visto afectada por la presencia de la corrupción en sus diversas facetas y modalidades. Se trata de prácticas por todos conocidas, por ejemplo, tráfico de influencias, soborno, peculado y abuso de autoridad, entre otros.

El problema de la corrupción es tan amplio y está tan diversificado que lo peor que puede hacerse para explicarlo o concebirlo es intentar enfocarlo exclusivamente a una perspectiva (sea la del economista, la del politólogo, el abogado, el internacionalista, etcétera). Todas son desde luego relevantes; todas son audibles y dignas de ser tomadas en consideración. El problema siempre será ¿cuál debe ser más inmediata?, ¿cómo o por dónde comenzar?

Un enfoque abstracto o integral es preciso para conocer los diferentes lados a partir de los cuales puede vérsele e incluso para dilucidar a partir de dónde habrá de combatírsele.

México cuenta con un sólido marco legal contra la corrupción; el Código Penal Federal, que tipifica como delitos a las conductas más conocidas como el ejercicio indebido de servicio público, el abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, el cohecho, la extorsión, el peculado, el enriquecimiento ilícito. Es decir, hay los tipos penales suficientes para expresar el violentómetro que nuestra sociedad ha concebido. Estos preceptos, en muchos casos, son resultado de muchos años legislativos e incluso de mejores prácticas internacionales (como el caso del delito de enriquecimiento ilícito).

El Acuerdo Nacional para la Transparencia amplía medidas punitivas en casos de corrupción, con penas promedio de cinco a 10 años de prisión. En marzo de 2012, el Senado aprobó la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción para atacar la corrupción y el blanqueo de dinero. En 2012, aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero, la Ley Federal Anticorrupción, entre otros ordenamientos jurídicos.

Pero, ¿por qué no han bastado estos esfuerzos? La realidad es que a pesar de las acciones y esfuerzos emprendidos por el Gobierno Federal en el combate a la corrupción, este mal insidioso es consistente en todos los niveles jerárquicos de la administración pública federal, local y municipal. En otras palabras, pareciera que la corrupción, lejos de ser un mal congénito (como algunos han querido referirlo), ha sido un sistema paralelo de administración en México. Se trata de un marco operativo, al margen del permitido, que rinde toda clase de frutos (malos, malísimos, destructivos, pero no podemos dejar de reconocer que, entre ellos, algunos que deben advertir mejoras y beneficios que ni el legislador o el ejecutor de la norma supieron distinguir).

Pareciera que la corrupción, lejos de ser un mal congénito (como algunos refieren), ha sido un sistema paralelo de administración en México

Pensemos en un permiso cualquiera para que un par de padres autoricen la salida de su hijo menor al extranjero, o el ciudadano quiere obtener una licencia de construcción o la expedición de una concesión para explotar una mina. La idea es, sin duda, positiva. Regularlo es parte del orden que se requiere. El problema radica en qué y cómo le pediré al ciudadano como autoridad. Si me excedo propiciaré que el ciudadano busque medios alternos. La pregunta debe ser, ¿lo que le pido, es realmente lo que requiero?, ¿es viable?

ACTOS DISCRECIONALES

Jamás podrá afirmarse que la corrupción pueda ser positiva en ninguno de sus enfoques, nada más alejado de ello, pero si el lector brinda licencia a la idea, la corrupción en algunas ocasiones es un semáforo claro de una mala planeación, elaboración de normas, instrumentación de planes, prevención o identificación de elementos que, supuestamente, deberían evitarla. Pero aunque resulte paradójico, a algunos funcionarios públicos, para el cumplimiento de sus tareas cotidianas, también significa un reto el cumplimiento puntual —a veces reglamentarias o secundarias y de menor jerarquía— que, por cierto, podrían alejarse del sentido del espíritu del legislador.

Piense en la entrada al país de un animal que, por alguna razón, no trae consigo los papeles que debe acompañarse para su ingreso. El objetivo es proteger a los animales, pero por la falta del papeleo es muy probable que el animal corra el riesgo de morir. El agente aduanal hace pulcramente su trabajo. Nada habría de reprochable. Pero ¿fue eso lo que pretendía el legislador?, ¿a ese costo?

Esto nos lleva a diferenciar el acto administrativo discrecional del acto reglado, mientras este último se refiere a la simple ejecución de la ley, el primero alude a los casos en los que hay cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma.

La discrecionalidad es necesaria, por ejemplo, cuando la ley prevé dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se imponga con carácter obligatorio o cuando la legislación se limita a señalar fines sin especificar los medios necesarios para alcanzarlos. Cuando no está disociada del ejercicio de las facultades discrecionales de una autoridad constituida, la discrecionalidad puede ser lo contrario a la arbitrariedad.

Es importante enfatizar dos aspectos de la facultad discrecional: que su fundamento debe radicar en la misma legislación y que el rasgo diferenciador de un acto discrecional es la justificación de los motivos de la decisión.

El tema no es sencillo. He aquí apenas unos esbozos de ideas sueltas. La invitación es y debe ser constante: que nuestros funcionarios actúen en un régimen de inviolabilidad a las normas, en una cultura de cumplimiento, un esquema de integridad y transparencia; pero ello incluye también a aquellos que las planean, redactan, reglamentan, juzgan y cumplimentan.

Lic. Sandro García-Rojas Castillo

Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV

sgarciarojas@cnbv.gob.mx

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