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Radiografía de la 4a. ronda de evaluaciones mutuas del GAFI

Radiografía de la 4a. ronda de evaluaciones mutuas del GAFI
octubre 01
2019

El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental creado en 1989 con la finalidad de emitir estándares internacionales que los países miembros deben observar, cuyo cumplimiento se asegura a través de estas valoraciones.

Los estándares, también conocidos como Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde 2012 unifican 40 grandes sugerencias para los ejes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), contra el Financiamiento al Terrorismo (FT) y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PDAM). La mejor herramienta con la que cuenta el organismo para asegurar que los países cumplan con las recomendaciones es un mecanismo llamado evaluaciones mutuas. Estas verificaciones son ejecutadas entre los países miembros, apoyados de organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2013, el GAFI anunció que la metodología para esta 4.ª Ronda de evaluaciones consideraría cambios en la mecánica de medición, pues más que calcular el cumplimiento técnico de cada recomendación buscaría evaluar la efectividad de las cuantificaciones que los países han adoptado para cumplir.

Para lograr esta valoración, el GAFI diseñó los 11 resultados inmediatos que a su vez se dividen en tres intermedios al integrar las 40 recomendaciones, como puede verse en la tabla 1.

De esta manera, el GAFI utiliza una escala de cuatro niveles para evaluar cada resultado inmediato. Se califican en la siguiente escala, según la efectividad:

1. Alta.

2. Sustancial.

3. Moderada.

4. No efectiva.

En agosto, el GAFI presentaba la información de 81 países analizados en un consolidado que permite ver el panorama general de la situación y sin duda esta información muestra que, si bien cuentan con medidas para prevenir el LD/FT y PDAM, no son efectivas.

Como se puede ver en la gráfica 1, los tres países con el mayor número de objetivos marcados con efectividad alta son el Reino Unido (UK, por sus siglas en inglés), los Estados Unidos de América (EUA) e Israel, mientras que los cinco que tienen los 11 objetivos marcados como no efectivos son: Cabo Verde, Haití, Mauritania, Uganda y Vanuatu.

Por otro lado, el top tres de los países con efectividad sustancial lo ocupan Italia, España y Suiza, y las naciones con efectividad moderada son Lituania, Eslovenia, Noruega, Kirguistán y Zambia.

El promedio de la efectividad de los objetivos en los países evaluados es de cero objetivos con efectividad alta, dos con efectividad sustancial, cinco con objetividad moderada y cuatro no efectivos, lo que sin duda, se convierte en algo preocupante y de atención inmediata.


El análisis de los 81 países evaluados muestra grandes deficiencias en los esquemas preventivos alrededor del mundo en esta época tecnológica”. 

Para el caso de México, la gráfica 2 muestra que sigue un comportamiento muy parecido al del promedio antes descrito. No es de extrañar, si se considera que, aunque el sistema preventivo se ha robustecido a través de los años y con las múltiples reformas, existe una brecha grande referente a la efectividad de la persecución y castigo al LD.

Respecto a los resultados inmediatos, el análisis general muestra que las medidas más deficientes se encuentran en el resultado inmediato 11, relacionado con la aplicación de sanciones financieras a las personas y entidades involucradas en la PDAM, donde 43 países obtienen una calificación no efectiva.

El segundo lugar de fallas lo ocupa el resultado inmediato siete, relacionado con la persecución y sanción del delito de lavado de dinero, con 39 países calificados con efectividad baja, mientras que un lugar después, con 37 países en la misma categoría, se ubica el resultado inmediato cinco, relacionado con la prevención del mal uso de personas morales y estructuras jurídicas y, por último, el resultado inmediato ocho se relaciona con la confiscación de los activos con 31 países no efectivos.

Si bien es cierto que los países y las entidades deben desarrollar y fortalecer los mecanismos para cumplir el régimen de sanciones establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los resultados más preocupantes son los que siguen de ese resultado inmediato.

Resulta imperante que los países fortalezcan la persecución y sanción del delito de LD, así como la confiscación de los bienes objeto de delito y los niveles de impunidad que son generalmente altos en los países y generan un clima proclive para que el delito no sea castigado.

Particularmente, 21 de estas 39 naciones se encuentran debajo del promedio del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparency International, con una calificación igual o menor a 43 puntos.

En relación a las personas y estructuras jurídicas, durante los últimos años, la comunidad internacional ha atestiguado cómo los esquemas de delitos financieros son cada vez más complejos e involucran una mayor cantidad de empresas nacionales y trasnacionales, tal como sucedió con los famosos Papeles Panamá, el Caso Odebrecht o la Operación Lavado de Autos, y a nivel nacional, con la Estafa Maestra. 45% de los países evaluados fallan en prevenir que las personas morales puedan ser utilizadas de esta manera.

Una de las principales razones, se vincula a la falta de transparencia en los registros públicos y que los países no mantienen esquemas que permitan la consulta en tiempo real de los propietarios finales y dueños de las compañías, así como las deficientes medidas para la identificación del beneficiario real por parte de los sujetos obligados y el mal entendimiento de los riesgos de corrupción asociados a estas figuras jurídicas.

Finalmente, la confiscación, cuyos resultados también reflejan una mala estrategia de las autoridades de aplicación de la ley, al no confiscar efectivamente las ganancias y propiedades producto del delito. México aparece con esta recomendación no efectiva al lado de otros países, entre los que se encuentran Arabia Saudita, Armenia, Bahamas, Etiopía y Haití, etc.

Objetivos clave como el 4, relacionado con la aplicación de medidas preventivas por parte de los sujetos obligados, fallan drásticamente al tener tan sólo dos países con calificación sustancial, 53 moderada y 26 no efectiva, cuando debería de ser un objetivo que la mayoría tenga que estar cumpliendo.

En comparación, México queda un poco arriba de la moda respecto de la efectividad en los resultados inmediatos, tal y como se muestra en la tabla 2.

CONCLUSIONES 

El análisis de los 81 países evaluados a la fecha muestra grandes deficiencias en los esquemas preventivos alrededor del mundo. En una época como la actual, donde la tecnología evoluciona y facilita los movimientos de dinero, no se puede bajar la guardia. Se deben buscar esquemas que permitan aprovechar las tecnologías disruptivas para incrementar la eficiencia de los controles. Aún queda mucho por explotar e innovar.

Todos los países necesitan cambiar el enfoque de la estrategia y buscar la efectividad de las medidas y como consecuencia, el cumplimiento; de lo contrario, la lucha en contra de estos ilícitos seguirá con grandes áreas de oportunidad y los criminales las aprovecharán.

L.F.B. Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS
Vicepresidente de la comisión de PLD e integrante
de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio
Gerente de la práctica forense de KPMG México
dortizdemontellano@kpmg.com.mx

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