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Propuestas: Ley orgánica, Fiscalía General de la República

Propuestas: Ley orgánica, Fiscalía General de la República
noviembre 01
08:00 2018

¿Cuáles serán las facultades de este nuevo organismo encargado de la procuración de justicia? Estas son las posturas de las diferentes facciones políticas.

Dadas las deficiencias que acusa el sistema de justicia, uno de los temas centrales incluidos en la reforma político-electoral de 2014 fue la sustitución de la actual Procuraduría General de la República por una nueva Fiscalía General de la República. Más allá del cambio de nombre, la idea central era transitar a un modelo en el que la procuración de justicia estuviese regida por criterios jurídicos y no por consideraciones políticas; de ahí el papel crucial de garantizar la autonomía de la Fiscalía y el Fiscal respecto a los deseos o necesidades del Jefe del Ejecutivo.

El proceso legislativo requerido para echar a andar la nueva institución ha sido en extremo tortuoso. En lo esencial, los desacuerdos políticos se han relacionado con la cuestión de la autonomía y con la correlación de fuerzas prevalecientes en el Congreso. Para simplificar, cabe sostener que mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la principal fuerza en el Congreso, los obstáculos para allanar el camino de la Fiscalía fueron precisamente los vinculados con esfuerzos del gobierno y su partido para asegurar que el primer Fiscal fuese nombrado de acuerdo con el criterio del Presidente Enrique Peña Nieto. La disposición relativa al pase automático del procurador en funciones a Fiscal era el factor clave. En tal virtud, la oposición y numerosas organizaciones de la sociedad civil enarbolaron el rechazo a lo que se denominó Fiscal carnal. Finalmente, Peña Nieto dio marcha atrás y envió una iniciativa de reforma que elimina el llamado pase automático.

Pero ahora la situación es distinta debido al nuevo mapa político surgido de los comicios del pasado 1.º de julio. El enorme peso adquirido por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha puesto en sus manos la oportunidad para delinear un modelo de procuración de justicia acorde con los imperativos de la cuarta transformación. Mientras fueron parte de la oposición, los legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador apoyaron esta propuesta de blindar la autonomía de la Fiscalía. La paradoja es que, dada su nueva condición de fuerza dominante, los mismos legisladores se han visto reacios a adoptar reglas que impidan la injerencia presidencial en la procuración de justicia. Por su parte, el PRI es partidario de garantizar la autonomía.

En este contexto, las respectivas fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado decidieron presentar sus propias propuestas de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Hay algunas similitudes entre las tres propuestas, aunque con matices importantes. Por ejemplo, Morena considera la creación de un consejo técnico integrado por ciudadanos expertos, quienes podrán hacer toda suerte de recomendaciones al Fiscal en varios temas (corrupción, delincuencia organizada, delitos electorales). Por su parte, la propuesta del PAN plantea conformar un consejo consultivo integrado por cinco ciudadanos, elegidos por el Senado, que podrán proponer las políticas de profesionalización y de evaluación que la institución debería implementar.

El PRD propone un consejo de gobierno a cargo del Fiscal General, que a su vez estará integrado por ocho fiscales especializados, así como un defensor de derechos humanos y un representante del consejo ciudadano y un visitador general. No queda del todo claro cuál sería el mecanismo para el nombramiento de los integrantes de estos consejos. Solo el PAN estipula que el Senado sería el encargado de nombrar a los cinco ciudadanos miembros del consejo. Por otro lado, Morena y el PAN explícitamente mencionan la presencia de ciudadanos en los consejos propuestos, en tanto el PRD parece que dejará esta decisión en manos del Fiscal.

Otro aspecto de indudable relevancia se refiere a los mecanismos para la designación y la eventual remoción del Fiscal General. La iniciativa de Morena concede al presidente amplias facultades. En su iniciativa, se retoma el mecanismo ya establecido de que sea el titular del Ejecutivo, quien determine la terna final de candidatos que será sometida al Senado.

A esta disposición cabe añadir que también contará con la facultad para remover al Fiscal en caso de que, a su juicio, este tome decisiones contrarias al régimen democrático y de que sea omiso en materia de defensa de los derechos humanos. En otros términos, por su papel en su nombramiento y en su eventual remoción, el presidente asegura un grado importante de injerencia sobre la actuación del Fiscal.

El PAN propone que la designación y la remoción del titular de la Fiscalía General sea facultad del Senado de la República, previa solicitud del Ejecutivo, con mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes. A su vez, la propuesta del PRD plantea que, si el Fiscal incurre en delito, el consejo de gobierno propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que designe a un Fiscal independiente. Este último investigaría los probables delitos que podrían llevar a la remoción del Fiscal, en cuyo caso se repondría el proceso para que fuese el Senado de la República el responsable de nombrar al nuevo Fiscal.

El enorme peso adquirido por Morena ha puesto en sus manos la oportunidad de delinear un modelo para la procuración de justicia acorde con su transformación.

Las tres iniciativas señalan la necesidad de avanzar en la profesionalización de los encargados de la procuración de justicia. La diferencia más significativa es que Morena no define ningún mecanismo específico, en tanto PAN y PRD ponen especial énfasis en el fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera. En relación con el combate a la corrupción y a la ineficiencia, rasgos distintivos de la actual Procuraduría General de la República (PGR), destaca la propuesta de Morena de crear una Fiscalía de Asuntos Internos.

Con todo, la diferencia medular entre la propuesta de Morena y la de los partidos de oposición se refiere a la reforma del artículo 102 orientada a fortalecer la autonomía del Fiscal y evitar la politización de la procuración de justicia. Este propósito está presente en el proyecto del PRD que busca limitar la facultad del presidente para definir la terna que debe someterse a la consideración del Senado.

En el caso del PAN, además de la reforma del artículo 102, se incluyen medidas dirigidas a asegurar que quien ocupe la Fiscalía no haya tenido ningún cargo político o de dirección o representación de algún partido político en los años previos.

La mayoría de los contenidos de las tres propuestas de Ley Orgánica pueden ser objeto de negociación. En las tres hay elementos positivos que deberían ser rescatados. El punto conflictivo se refiere a la negativa de Morena a blindar la autonomía de la Fiscalía y a limitar el papel del presidente en la designación y en la remoción del Fiscal.

Se trata de ofrecer al presidente electo la posibilidad de influir en favor de un Fiscal leal a su proyecto político y que, por tanto, asegure el alineamiento de la procuración de justicia con sus fines políticos.

Lic. Pedro Javier González
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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