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Prevención de Lavado de Dinero. El Contador y su deber

Prevención de Lavado de Dinero. El Contador y su deber
enero 01
08:00 2017

El profesional de la Contaduría tiene dos deberes ineludibles: uno con la ley
y el otro con su cliente, de esta manera colabora en la preservación del Estado
de derecho y evita que sus clientes pongan en riesgo su patrimonio y libertad.

En el año 2004, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales de nuestro país, se creó en el sistema jurídico mexicano el régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). En ese año se reformaron las leyes que regulan a las instituciones financieras y se emitieron las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que se refieren dichas leyes. También se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficina encargada de recibir y analizar la información de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal (CPF) —lavado de dinero—.

En un principio, solo eran sujetos obligados del régimen de prevención las entidades del sistema financiero, lo que provocó que e l Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a México en una lista gris por solo cumplir parcialmente con los estándares internacionales para el combate del lavado de dinero. Para dar cumplimiento a las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, el gobierno mexicano se puso a trabajar en la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con el objeto de regular a diversas actividades y profesiones no financieras para que, al igual que el sector financiero, identifiquen y reporten actos u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del CPF.

Después de un proceso legislativo que duró dos años –el cual estuvo supervisado por el GAFI–, el 17 de julio de 2013 entró en vigor la LFPIORPI, en cuyo artículo 17, fracción XI, se establece que la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, se considera actividad vulnerable en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y representación de este, cualquiera de las operaciones que se señalan en los cinco incisos que contiene dicha fracción.

INCORPORACIÓN DE LOS CONTADORES

El precepto legal señalado incorpora a los contadores al régimen de prevención de lavado de d inero como sujetos obligados a cumplir con todo lo establecido en la LFPIORPI, en su reglamento y normativa secundaria, a fin de aportar a las autoridades información eficaz tendiente a detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cuando un contador prepara para su cliente la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; la administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias o cualquier otro activo de sus clientes; el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; la constitución de personas morales, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o la escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles, el profesionista debe contar con un Manual de lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos en materia de PLD; si el ejercicio de la profesión se desarrolla mediante una persona moral debe designar a un responsable encargado del cumplimiento; debe integrar expedientes de identificación de sus clientes basándose en una adecuada política de identificación; debe llevar registros y realizar un seguimiento de las operaciones que realizan sus clientes con un enfoque de riesgos basado en la política de conocimiento del cliente. En atención a la Recomendación 35 del GAFI, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones genera la imposición de multas en dos rangos, el primero es de 200 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y el segundo es de 10 mil a 65 mil veces la UMA.

Si además de preparar la operación, el contador lleva a cabo, en nombre y representación de su cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con dicha operación, entonces debe presentar un aviso para reportarla a la UIF. Se entiende que se realiza una operación financiera cuando se lleva a cabo un acto o conjunto de actos a través de una entidad financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, de manera directa o mediante la instrucción de su cliente.

En ejercicio de las facultades legales de interpretación que tiene la UIF, el pasado 21 de octubre de 2016, publicó el criterio consistente en que la prestación de servicios de subcontratación (outsourcing) encuadra en la actividad vulnerable prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 17 de la LFPIORPI.

Para dar debido cumplimiento a lo establecido en la LFPIORPI, su reglamento y normativa secundaria, el contador debe tener procedimientos en materia de PLD, los cuales deberán ser diseñados e implementados por un asesor profesional en la materia. Los asesores en materia de prevención de lavado de dinero se capacitan permanentemente, ya que es menester tener conocimientos acerca de las recomendaciones del GAFI, la Convención de las Naciones Unidas de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas de Viena, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, las leyes que regulan a las entidades del sistema financiero, las Disposiciones de Carácter General a que se refieren dichas leyes, la LFPIORPI, su reglamento, su normativa secundaria, y demás disposiciones legales aplicables, pues constantemente se está perfeccionando la reglamentación relativa al lavado de dinero y su prevención.

El objeto de la LFPIORPI es que las autoridades obtengan más información de la que ya tienen para detectar, investigar, denunciar, juzgar y sancionar las conductas que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita, esta Ley es solo una de las muchas herramientas que tiene la autoridad para lograr ese objetivo.

Es pertinente precisar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se comete cuando se utiliza dinero que no ha sido declarado o informado fiscalmente. El Poder Judicial Federal ha sostenido reiteradamente el criterio consistente en que el delito previsto en el artículo 400 bis del CPF se comete cuando se utiliza dinero del que la autoridad tiene indicios de su dudosa procedencia y la persona acusada no puede demostrar su origen lícito (porque no lo declaró o informó fiscalmente), sin que sea necesario que se demuestre la existencia de un delito previo. Esto significa que no solo los narcotraficantes lavan dinero, también pueden estar realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita los servidores públicos, políticos, empresarios, comerciantes, profesionistas, amas de casa, etcétera. Incluso, en las recientes participaciones que los Administradores Generales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Jefe de la UIF han tenido en el Colegio de Contadores Públicos de México, han señalado claramente que el dinero que no se declara fiscalmente, se considera que es de procedencia ilícita.

Abundando en lo señalado, cualquier persona pudiera estar incurriendo en las conductas del lavado de dinero cuando: 1) Declara ingresos o valor de actos o actividades menores a los que realmente obtiene, y con esos recursos no declarados realiza gastos, adquiere bienes, 2) Vende o compra “estrategias” para pagar menos impuestos (CFDIs de operaciones inexistentes), 3) Tiene cuentas bancarias “personales” en las que deposita dinero que no declara, por lo que no puede acreditar su legítima procedencia, 4) Paga sus tarjetas de crédito con dinero en efectivo, del que no puede acreditar la legítima procedencia al no provenir de la cuenta bancaria en la que depositan los recursos que se declaran fiscalmente, 5) Realiza erogaciones superiores a los ingresos que declara, 6) Los recursos que no declara son manejados por sus familiares, aun cuando no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Toda vez que hay posibilidades de que los clientes de los contadores utilicen dinero que no declaran fiscalmente, de acuerdo con las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, dichos profesionistas deben emprender medidas de debida diligencia de sus clientes, mantener registros sobre sus transacciones, tomar medidas para determinar si un cliente es persona políticamente expuesta, etcétera. Es por esto que en la LFPIORPI se cataloga como actividad vulnerable la prestación de los servicios profesionales que hemos señalado en párrafos anteriores.

El objetivo de la ley antilavado es que las autoridades obtengan más información para detectar, investigar, denunciar, juzgar y sancionar.”

Hay que precisar que los avisos que el contador debe presentar a la UIF no son de operaciones sospechosas o inusuales, sino que el contador debe informar todas aquellas operaciones señaladas en la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI cuando lleva a cabo, en nombre y representación de su cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con dichas operaciones. Parafraseando lo que dijo recientemente el titular de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia, el presentar avisos no debe verse como una carga legal, sino como un salvavidas, ya que si la autoridad se percata de que un particular realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, al primero que va a llamar es al Contador, si este presentó el aviso correspondiente, no habrá problema, pero si el profesionista lo omitió, entonces podría ser investigado por encubrimiento. En nuestra legislación, el encubrimiento es un delito relacionado con el lavado de dinero.

El contador tiene dos deberes: el primero con la ley, cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para advertir a la autoridad aquellas operaciones de sus clientes y que la autoridad pueda investigar si los recursos usados son de procedencia lícita y, en caso de no serlo, se denuncie, juzgue y sancione tal conducta. En segundo lugar con su c liente, advertirle que en todas sus operaciones debe utilizar d inero que h a s ido d eclarado fiscalmente, pues si no lo hace así estará incurriendo en conductas delictivas que se sancionan con prisión, multa y decomiso, conductas que son fácilmente detectables por la autoridad gracias a toda la información que obtiene por diversos conductos. El contador que cumple con ambos deberes, colabora en la preservación del estado de derecho y evita que sus clientes pongan en riesgo su patrimonio y libertad

Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Integrante de la Comisión de PLD del IMCP
alejandro@actividadesvulnerables.com

C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero
Integrante de la Comisión de PLD del IMCP
avp@vallejorico.com.mx

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