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Políticas anticorrupción en México

Políticas anticorrupción en México
diciembre 01
08:00 2016

Las iniciativas para controlar el fenómeno de la corrupción en México tienen una larga historia y pudiera afirmarse que siempre han despertado grandes expectativas para disminuir los efectos nocivos en el aparato público, tanto a nivel federal como estatal y municipal.

La corrupción produce impactos negativos en la gobernabilidad, pues entre otros aspectos socava la credibilidad de las instituciones públicas y los valores de la democracia, además de afectar áreas tan sensibles como el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el Estado de derecho.

A nivel nacional, en 1982 se emprendió una cruzada nacional para combatir la corrupción que se denominó Renovación Moral de la Sociedad, a iniciativa del entonces Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, la cual dio lugar a la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), hoy convertida en la Secretaría de la Función Pública.

La SECOGEF tuvo la encomienda de articular las funciones de control y evaluación anteriormente dispersas en diferentes dependencias gubernamentales, así como diseñar y operar el sistema integrado de control y fiscalización, del cual formaban parte los Órganos Internos de Control, que empezaron a operar en esa época, en toda la Administración Pública, la Auditoría Gubernamental, la Auditoría Externa y el mecanismo de responsabilidades inherentes para sancionar el deficiente e ilegal desempeño de un cargo público.

El SNA tiene el propósito de mejorar la arquitectura institucional prevaleciente en los instrumentos de control y auditoría a nivel nacional.”

En 1994, esta dependencia se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y en 2003 Secretaría de la Función Pública, como se le conoce actualmente.

Un dato importante sobre el posterior desarrollo de esta Secretaría consiste en que forma parte, conjuntamente con Auditoría Superior de la Federación, los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, las Entidades de Fiscalización Superior en los Estados de la República y las Contralorías Estatales, en lo que se conoce como el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Este Sistema existe desde 2010 y constituye un acuerdo voluntario de articulación entre las instancias señaladas en el párrafo anterior, las cuales tienen la responsabilidad de ejercer las funciones de auditoría interna y externa en todos los niveles de gobierno del país.

La reflexión anterior viene a colación porque nos encontramos ante una nueva reforma, orientada a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que tiene sustento en el SNF y que persigue entre otros propósitos mejorar la arquitectura institucional prevaleciente en los instrumentos y mecanismos existentes de control y auditoría a nivel nacional, además de ser la instancia de coordinación privilegiada para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La Ley del SNA, que se publicó el 18 de julio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación establece, entre otras cuestiones, que estará conformado por a) Los integrantes del Comité Coordinador; b). El Comité de Participación Ciudadana; c) El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y d) Los Sistemas Locales, a través de sus representantes.

Cobra especial relevancia la integración del Comité Coordinador, donde se otorga la presidencia del mismo a un representante del Comité de Participación Ciudadana, junto con los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esto significa que se deja en manos de la sociedad civil la rectoría del Sistema, lo cual constituye un hecho sin precedentes, además de constituir una medida que se apega a las mejores prácticas internacionales en la materia.

C.P.C. y P.C.CA. José Carlos Cardoso Castellanos
Socio Director de MGI Bargalló Cardoso y Asociados, S.C.
jcardoso@bargallo.com.mx

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