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Planeaciones fiscales, la responsabilidad social en la fiscalización

Planeaciones fiscales, la responsabilidad social en la fiscalización
agosto 01
07:00 2017

Es un deber como ciudadanos aportar al bienestar social. Esto incluye que tanto los CPI como los contribuyentes transparenten sus transacciones y aporten información durante los procesos de fiscalización.

CONCEPTO CASO 1  CASO 2
   ANTES  DESPUÉS DE LA ESCISIÓN   ANTES DESPUÉS DE LA ESCISIÓN
     ESCINDENTE  ESCINDIDA(S)     ESCINDENTE ESCINDIDA(S)
 Activos  $40,000  $30,000  $10,000  $8,000  $3,000  $5,000
Pasivos  $32,000 $14,000 $18,000  $6,000 $6,000  $0
 Capital contable  $8,000  $16,000 -$8,000  $2,000  -$3,000  $5,000

 

 
CONCEPTO CASO 1  CASO 2
   ANTES  DESPUÉS DE LA ESCISIÓN   ANTES DESPUÉS DE LA ESCISIÓN
     ESCINDENTE  ESCINDIDA(S)     ESCINDENTE ESCINDIDA(S)
 Activos  $40,000  $30,000  $10,000  $8,000  $3,000  $5,000
Pasivos  $32,000 $14,000 $18,000  $6,000 $6,000  $0
 Capital contable  $8,000  $16,000 -$8,000  $2,000  -$3,000  $5,000

Hablar de responsabilidad social en las planeaciones fiscales es ciertamente complicado en la visión de una funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuya labor primaria es fiscalizar; sin embargo, comparto con el lector ciertos casos que tienen un matiz importante de responsabilidad social.

La responsabilidad social es el compromiso que tenemos todos los ciudadanos, las instituciones –públicas o privadas– y las organizaciones sociales, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad; no hay duda de que en la relación entre los Contadores Públicos Independientes (CPI), contribuyentes y las áreas fiscalizadoras de los grandes contribuyentes debe imperar este fin.

Lo anterior constituye un reto profesional para que, por una parte los CPI y contribuyentes transparenten sus transacciones y se interesen genuinamente en aportar toda la información y documentación durante los procesos de fiscalización y, por otra, las áreas fiscalizadoras hagan eficientes las revisiones, privilegien la sustancia económica de las operaciones, sean oportunos en las observaciones y ante facilitadores en las autocorrecciones de los contribuyentes.

Para ello, es fundamental comprender los modelos de negocio, transacciones o eventos económicos de las entidades y las normas de información financiera aplicables a los casos específicos; los CPI como coadyuvantes son un agente indispensable.

En los últimos años, las áreas fiscalizadoras de grandes contribuyentes han identificado planeaciones fiscales donde se utilizan inadecuadamente a figuras jurídicas como el contrato de arrendamiento financiero, la escisión de sociedades y el usufructo.

Para las áreas fiscalizadoras “lidiar” con este tipo de transacciones no es un asunto sencillo porque en la mayoría de los casos ni los CPI ni los contribuyentes transparentan cómo hacen sus operaciones, y se tienen, entre otros, las siguientes limitaciones:

 

Se ha observado que enlas empresas de mediana magnitud, la adopción de mejores prácticas corporativas.

-Los CPI justifican la ausencia de cierta información dentro de sus papeles de trabajo por asuntos de confidencialidad o que por políticas internas de los contribuyentes no tienen acceso a ella.

-Cuando se cuestiona a los CPI sobre la razón de negocios de las transacciones generalmente su respuesta se limita a que se hizo porque es parte del objeto social de la empresa.

-Cuando se pregunta a los CPI sobre la Norma de Información Financiera (NIF) aplicable al caso particular, la refieren en forma general, sin especificar los párrafos aplicables al caso particular o explicaciones detalladas de la transacción o evento que se está revisando.

-Tanto los CPI como los contribuyentes no proporcionan toda la información y documentación que se solicita, incluso aunque las áreas fiscalizadoras son claras en los requerimientos.

-Los contribuyentes entregan volúmenes considerables de información y documentación que por sí sola no explica “nada” y ello confunde al auditor.

-La vaguedad en las respuestas es una constante.

-En general no se entregan los anexos a los contratos o convenios que sustentan las transacciones o eventos económicos, aprovechándose de la falta de seguimiento por parte del auditor fiscal.

-Se entrega la información o documentación que se pide a la “letra”, sin que haya el valor agregado de aportar la que realmente se requiere para que el auditor entienda la transacción o evento revisado.

-Los papeles de trabajo se entregan sin que exista una explicación clara.

Lo anterior origina que los procesos de fiscalización sean ineficientes e ineficaces, aunado al hecho de que la aplicación de las disposiciones fiscales por los contribuyentes no atiende a su significado latu sensu; es decir, se desconoce su sentido lógico, sistemático e histórico.

En un ejercicio de transparencia se relatan en forma general algunos ejemplos de las planeaciones fiscales, que se han utilizado por los contribuyentes.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

En 1963 se le conocía como la “deducción acelerada de los activos fijos” porque el arrendador adquiría bienes con las características que expresamente le señalaba el arrendatario y el plazo del arrendamiento se negociaba a dos o tres años, de tal forma que el arrendatario a través de la renta que le pagaba al arrendador deducía en forma anticipada los bienes, aun cuando se tratara de activos fijos de larga duración mayor a la convenida en el plazo del contrato de arrendamiento financiero. Después de varios años de ajustes al tratamiento fiscal del arrendamiento financiero, para evitar la planeación fiscal de anticipar la deducción de los activos fijos, en el Código Fiscal de la Federación (CFF) de 1982 se incorporó al concepto de enajenación de bienes y se estableció su definición y, por otra parte en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se previeron las reglas de acumulación del ingreso y la deducción prácticamente iguales a las que subsisten en la Ley en 2017.

Así, desde 1982, la proporcionalidad de la deducción con el ingreso se previó en la LISR; es decir, que si el arrendador acumulaba en su totalidad el ingreso de la contraprestación pactada proveniente de los contratos de arrendamiento financiero, procedía la deducción del costo de los bienes y en el caso de que él ejerciera la opción de únicamente gravar parte de la contraprestación exigible en el ejercicio, en esa proporción se deducía el costo.

Para el caso del arrendatario, respecto de los bienes del contrato de arrendamiento financiero se ejerce su depreciación o deducción anual en función de los porcientos señalados en el Título II del Capítulo II de la Sección II De las Inversiones; es decir, dependiendo de la duración del activo fijo de que se trate.

Ahora se interpreta que esta proporcionalidad entre el ingreso y la deducción no existe al pretender deducir en forma anticipada el costo de los bienes y diferir la acumulación del ingreso.

No tan solo se hace esa interpretación, sino se “tergiversa” el concepto mercantil del contrato de arrendamiento financiero, donde bienes que se utilizaban como activos fijos se dan en arrendamiento financiero, se siguen utilizando como tales y se deduce fiscalmente el saldo pendiente de deducir, ya que se concluye erróneamente que al tratarse de una enajenación de bienes le corresponde la mecánica establecida en el artículo 31, sexto párrafo de la LISR omitiendo la aplicación obligatoria del artículo 40 de la misma ley.

Lo más grave con esta planeación fiscal es que para efectos contables no se modificó en “nada” la esencia económica del bien objeto del arrendamiento financiero al no haberse modificado la situación patrimonial de los mismos.

Planeaciones fiscales, la responsabilidad social en la fiscalización 2

ESCISIONES “SUCIAS”

La escisión ha sido una de las alternativas legales más comunes en la reorganización de las empresas y como regularmente pasa se abusa de estas figuras para tomar beneficios fiscales indebidos. La escisión es la división parcial o total de los activos, pasivos y capital de una sociedad escindente a otra llamada escindida o escindidas, pudiendo subsistir la primera o desaparecer.

En el CFF se establece su definición y los requisitos que deben de cumplirse para no considerarse enajenación.

La dinámica y necesidad de los negocios obliga a que únicamente se transmita a la sociedad escindida o escindidas, activo y capital y no necesariamente pasivos por no estar vinculados al activo que se divide; sin embargo, se ha observado que se traspasan pasivos que no son proporcionales o no están ni siquiera vinculados a los activos que se transmiten o en otros casos, el activo que se divide no generó las utilidades o pérdidas que se encuentran reflejadas en el capital contable de la sociedad escindente previo a la escisión.

Estas circunstancias han originado ajustes o efectos de la escisión que surgen como consecuencia de la misma y que tienen como único objetivo que la cifra del capital contable coincida o que “cuadre”, ya sea con la suma de los activos o, con la suma de los activos menos los pasivos transmitidos que se reflejan en los estados de posición financiera posteriores a la escisión, ya sea de la sociedad escindente o de la escindida o escindidas.

El cuestionamiento en estas escisiones es cómo económicamente se explica en el Caso 1 de la tabla que una empresa que tenía un capital contable por $8,000, después de la división, la sociedad escindente lo haya incrementado en $ 16,000 y por el lado de la sociedad escindida o escindidas sea negativo en $ -8,000; la respuesta es que a la sociedad escindida se le traspasaron deudas proporcionalmente mayores al activo y además ilógicamente se deja en un estado inminente de disolución a la sociedad escindida o escindidas al ser su capital contable negativo.

En el Caso 2, es a la inversa, la sociedad escindente se queda con un capital contable negativo de $ -3,000 y también en estado inminente de disolución, mientras que la escindida o escindidas reconocen un capital contable superior, incluso al que se mostraba en la sociedad escindente previo a la escisión.

Es evidente en ambos casos que los activos no son proporcionales económicamente a las deudas o al capital contable transmitidos y se crea un ajuste aritmético que permite que “cuadren” los balances generales después de la escisión.USUFRUCTO

De acuerdo con el Código de Civil Federal el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Ha sido una práctica generalizada el uso de esta figura jurídica para transmitir los beneficios de inmuebles y el adquiriente de tal derecho ejerce su deducción fiscal como un gasto diferido y anualmente los amortiza con 15% de conformidad con el Título II del Capítulo II de la Sección II De las Inversiones de la LISR; de esta forma, se desnaturaliza el bien objeto del usufructo para tomar una ventaja fiscal del tratamiento que otorga la LISR a los gastos diferidos.

En otras palabras, al desmembrar uno de los atributos de la propiedad se pretende sostener que, aun cuando se trate de los frutos o beneficios provenientes de terrenos, construcciones o edificios, se puede ejercer su deducción fiscal como gasto diferido; no obstante, que en el caso de terrenos ni siquiera se pueden deducir dentro de la Sección II De las Inversiones y en el caso de construcciones únicamente se puede aplicar una deducción anual máxima de 5 por ciento.

Los anteriores casos son una muestra de que las planeaciones fiscales no atienden al marco jurídico vigente. Además, en la generalidad de los casos, las razones de negocios de las transacciones descritas no van más allá de la obtención directa de beneficios fiscales.

Los contribuyentes seguirán identificando formas de reducir su carga tributaria; sin embargo, todos, como responsables socialmente, debemos coadyuvar a que esta relación interminable se traduzca en auditorías eficientes y eficaces. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es un agente fundamental para que esta relación tenga límites y se vaya mejorando.

Lic. Georgina Arias Ramírez
Administradora Central de Fiscalización a Grupo de Sociedades
de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT
georgina.arias@sat.gob.mx

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