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Participación ciudadana: el camino hacia la democracia

Participación ciudadana: el camino hacia la democracia
octubre 29
09:44 2013

Por Seminario Político

pj999glez@gmail.com

Para llegar al régimen democrático al que aspira México es clave que se complementen la gobernanza y la participación ciudadana y, sobre este último, se combata la deficiencia cultural e institucional.

Los ciudadanos son la razón de ser y, al mismo tiempo, el fundamento más sólido de la democracia. Más aún, la participación ciudadana es el factor clave del advenimiento del paradigma de la nueva gobernabilidad democrática o gobernanza. En el mundo de hoy resulta cada vez más claro que los gobiernos no cuentan con los recursos técnicos, humanos, financieros y simbólicos necesarios para resolver por sí solos los problemas que aquejan a las sociedades; se requiere la suma coordinada de recursos y voluntad política de los actores gubernamentales y los actores sociales.

En paralelo, las sociedades están dejando de ser una masa inerte susceptible de ser moldeada según la voluntad de los gobernantes; por el contrario, las distintas expresiones de la sociedad organizada (empresarios, trabajadores, académicos, líderes de opinión y, desde luego, organizaciones de la sociedad civil) son poseedoras de mayores capacidades de comprensión de su realidad, de formulación de propuestas técnicamente viables y de una cada vez más clara voluntad de incidir en la toma de decisiones.

El reto ya no solo consiste en dotar a las autoridades gubernamentales de mayores recursos fiscales, legales y técnicos para resolver problemas y abrir nuevos horizontes de futuro, también consiste en que, en adición a las mayores capacidades de los actores gubernamentales, los actores sociales sean parte corresponsable de la solución de los problemas y del trazado de caminos hacia el futuro.

Gobernanza y participación ciudadana son los términos que, indisolublemente ligados, resultan clave para fortalecer la estabilidad y la funcionalidad de los regímenes democráticos. El problema es que a la democracia mexicana le hace falta un mayor músculo ciudadano, deficiencia que, a grandes rasgos, obedece a dos razones principales: la cultural y la institucional.

Hay todavía importantes resabios de la vieja cultura autoritaria, forjada en el crisol del paradigma gobierno fuerte sociedad débil. Así, a pesar de que es posible constatar importantes cambios en materia de cultura política que perfilan una mayor voluntad ciudadana de participación, todavía no hay, en sentido estricto, una cultura de la participación enraizada en nuestro sistema de valores y actitudes frente a la cosa pública.

En adición a la dimensión cultural, resulta obvio que la participación democrática también requiere un marco legal e institucional que la haga posible y aun la fomente: reglas del juego, espacios de participación y oportunidades de incidencia realmente efectivas.

A este respecto, no se pretende desacreditar la idea de la democracia representativa, sino de combinar formas de representación y participación directa, pues queda claro que ambas constituyen una unidad indisoluble dentro del régimen democrático al que aspira México.

El ejercicio de la sola representación puede derivar en un gobierno rígido, alejado de las demandas sociales, lento en la toma de decisiones y con riesgo de incrementar su ineficacia y por tanto encarar mayores riesgos de ingobernabilidad.

Por el contrario, el predominio de la participación puede generar un gobierno sin condiciones de permanencia y estabilidad para llevar a cabo las decisiones respecto de las políticas públicas. Sin el equilibrio de la representación, se corre el riesgo de tener un gobierno desorganizado que no provee de certeza en sus acciones ni certidumbre en el alcance de sus decisiones. Y lograr dicho equilibrio entre ambas formas de participación ciudadana solo puede ser posible a partir de una reforma política que coloque al ciudadano en el centro.

Uno de los ejes articuladores de la reforma política debe ser el de las relaciones de los poderes públicos con la sociedad para, entre otras cosas, establecer mecanismos de participación de la ciudadanía que atañen al interés general.

El problema es que el entramado legal e institucional que da sustento a la conformación de la representación política en México no permite una participación ciudadana más activa y significativa. La limitación de dicha participación al derecho de sufragio implica que las decisiones gubernamentales que afectan a la ciudadanía sean ejecutadas unilateralmente por el aparato de la administración pública.

En México es un reto que los actores sociales sean corresponsables de la solución de los problemas y el trazado de caminos hacia el futuro.

Insistamos en este punto. Desde una perspectiva institucional, no hay, a nivel federal, un marco legal y un conjunto de prácticas sistemáticas y coherentes que sea idóneo y permita potenciar el papel del ciudadano en la construcción de las soluciones que el país demanda. La reforma política representó un avance en la medida que introdujo figuras de gran relevancia como la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes. No obstante, hay una gran cauda de asignaturas pendientes en materia de participación y que deberían ser objeto de una consideración a la vez crítica (ponderación de pros y contras) y detallada.

No debe, sin embargo, perderse de vista que, para que las formas de democracia participativa (por ejemplo, el plebiscito o la revocación del mandato) sean realmente funcionales y promuevan una participación efectiva y responsable, deben cumplir con ciertas condiciones entre las que destacan: el conocimiento público de la información estatal (a través de mecanismos de transparencia e información pública accesible) y la existencia de reglas que, a la vez, las dote de verdadera fuerza vinculante e inhiba los riesgos de manipulación.

Por tales razones, la interrogante que surge es a propósito de cuáles son sus ventajas y desventajas y bajo qué condiciones representan un factor de avance democrático y bajo qué condiciones pueden dar lugar a la legitimación de proyectos de corte autoritario; esta última observación es particularmente importante a propósito del plebiscito o la revocación del mandato.

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