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Paquetes de impunidad. Las consecuencias de la falta de contrapesos

Paquetes de impunidad. Las consecuencias de la falta de contrapesos
septiembre 01
2016

Lo que ha permitido actos de corrupción en los gobiernos estatales es la impunidad: no hay una instancia con la suficiente autonomía para que, por lo menos, denuncie irregularidades.

Las acciones emprendidas por los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua adquirieron notoriedad por su relación con uno de los temas centrales de la agenda nacional: la corrupción. Se ha apuntado que una de las razones principales que condujeron a la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dichas entidades fue la corrupción que caracterizó a los gobiernos de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Más aún, la promesa de investigación y sanción que hicieran los hoy gobernadores electos pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de los mandatarios salientes.

Ante el escenario de una posible acción penal, los tres gobernadores echaron mano del amplio grado de control que aún tienen sobre la política local y, en particular, sobre sus respectivos congresos para confeccionar un paquete de medidas para blindarlos ante cualquier acción de la justicia. La oposición los bautizó como paquetes de impunidad. Con el pretexto de avanzar en la conformación de instituciones dirigidas a combatir la corrupción, lo que los tres gobernadores en realidad hicieron fue asegurar que sus supuestos actos corruptos queden impunes. Así, el común denominador de las medidas legislativas impulsadas en el último tramo de sus administraciones consistió en el nombramiento de funcionarios a modo, encargados de investigar y combatir la corrupción, desde quienes deberán fiscalizar la cuenta pública hasta de quienes serán los titulares de los órganos locales de combate a la corrupción.

Los nombramientos por periodos que les permitan tranquilidad en tanto los probables delitos prescriben, tienen como objetivo principal atar de manos a los nuevos titulares de los ejecutivos locales para investigar y, en su caso, sancionar.

En medio del escándalo, tanto en el gobierno como en el PRI, empiezan poco a poco a asimilar que los inusitados bajos niveles de aprobación de la gestión presidencial y los resultados electorales adversos están directamente relacionados con el desempeño de los gobernadores y, sobre todo, con la corrupción prevaleciente.

En tal virtud, fue necesario tomar distancia y descalificar dichos intentos. En el frente partidario, en su momento Carolina Monroy cuestionó la ética de estos intentos de blindaje, en tanto que en su discurso de toma de posesión el nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, lanzó duras críticas a las prácticas corruptas de los gobernadores. En Los Pinos, por su parte, el Presidente instruyó a la Procuraduría General dela República (PGR) para que presentara un recurso de inconstitucionalidad en contra de los paquetes de impunidad. El argumento esgrimido consiste en que los paquetes de impunidad se basan en la adopción de medidas a modo en materia de combate a la corrupción que resultan inconstitucionales en tanto aún no entran en vigor las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción y que representan el marco dentro del cual se deben diseñar las reglas estatales en la materia.

Pero, al margen de cuál sea el desenlace de este escándalo, conviene indagar qué factores han permitido a los gobernadores actuar del modo en que lo hicieron.

Aun a riesgo de simplificar el diagnóstico,se puede afirmar que la causasubyacente se encuentra en el clarocontraste entre una lógica democrática que, con todas las dificultades del caso,se abre paso a nivel federal, y lo queo curre en el plano de la política estatal, donde el viejo modelo de la presidencia imperial halló refugio y se reprodujo consus principales vicios. En efecto, a nivelestatal, el gobernador tiene un grado decontrol sobre la política local semejante al que tuvieron los presidentes durante la época dorada del autoritarismo presidencialista: controlan a la mayor parte de los factores de poder (empresarios,sindicatos, medios de comunicación), subordinana los otros poderes (legislativo,judicial y órganos autónomos), así como a la mayor parte de los alcaldes; tienen acceso a cuantiosos recursos sin tener que rendir realmente cuentas de su uso.

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El resultado es a todas luces conocido. No solo en el sentido de la corrupción rampante, sino también en términos de la falta de transparencia, de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas estatales y en la acumulación de endeudamiento. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el nivel federal, no hay una instancia con la suficiente autonomía (ya sea el Congreso o los órganos encargados de la fiscalización de la cuenta pública) para que, al menos, denuncie las irregularidades. Así, se contrata deuda o se maneja de manera arbitraria el presupuesto con la confianza de que no habrá consecuencias.

En realidad, la ausencia de auténticos contrapesos (pues los gobernadores cuentan con mayorías cómodas en sus respectivos congresos) converge con el hecho de que la opacidad y la falta de rendición de cuentas es también una nota característica del funcionamiento de los legislativos locales. De acuerdo con un reporte reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad, solo 31% de los congresos cumple con sus obligaciones en materia de transparencia. Disponen también de generosos presupuestos que en los casos de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sonora y Jalisco son, incluso, mayores que el presupuesto de la Cámara de Diputados federal y, para rematar, solo sesionan un promedio de 70 días al año. La falta de contrapesos se traduce en una subordinación que, dicho sea de paso, también ofrece ventajas y prebendas a los miembros de los legislativos locales, ya se trate de las mayorías abrumadoras del partido en el gobierno o de las debilitadas oposiciones que se han acomodado a este esquema.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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