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Panorama. Marco legal para la cibercriminalidad

Panorama. Marco legal para la cibercriminalidad
septiembre 01
2019

En el naciente entorno legal para los activos virtuales en México y la conformación de instrumentos para la regulación administrativa, se debe contar con el marco normativo que proteja el bien jurídico, ya que la utilización indebida de estas figuras puede producir conductas delictivas.

En el presente se busca sensibilizar sobre la regulación y el castigo de conductas que comienzan a relacionarse con el uso de activos virtuales para comportamientos lesivos contra la libertad, intimidad, integridad sexual y seguridad patrimonial o personal, ya que la función del Estado es intervenir en este ecosistema de conductas que aprovechan la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de particulares en su relación con el sistema bancario, financiero y comercial, pues dichos organismos basan su actuar en almacenar, tratar y transmitir datos.

El tema de la ciberseguridad tiene su punta de lanza en los activos virtuales y en la protección de información. Para establecer un marco legal contra la cibercriminalidad, primero se deben plantear las características de la criminalidad por sí misma. Al respecto, los ciberdelitos tienen como denominador común que las conductas criminales son actos de manipulación de datos y sistemas informáticos, así como el uso de las lagunas existentes, por eso la autoría o participación de sujetos se restringe a la manipulación de datos o conocimiento de las facilidades otorgadas por protocolos de riesgos. En un segundo punto, la globalización informática en la configuración del derecho penal tiene diversas aristas que parten del aspecto social, la interacción entre personas y las negociaciones, por ejemplo. A continuación, algunos de los aspectos que se deben atender en la configuración de los delitos:

Anonimato. La tipificación del crimen debe ser apoyada por un debido marco de identificación y conocimiento de clientes, ya que la posibilidad de conocer con exactitud la identidad de los usuarios en las redes o programas de comunicación y venta requiere una debida diligencia.
Bajo costo. Este punto atañe a la generación de ataques a sistemas informáticos, ya que para dañar los programas de seguridad basta con tener conectividad y equipo de cómputo. Las bajas consecuencias administrativas y penales de estas conductas incentivan su realización.
Vulnerabilidad. La creciente dependencia a las redes y los sistemas informáticos de procesos y el tratamiento de datos o información, sumada al uso de múltiples redes públicas y privadas, genera un factor de riesgo para el robo de información.
Integridad, funcionalidad y confidencialidad de sistemas informáticos como bienes jurídicos. En este punto se requiere la unificación internacional de la tipificación de delitos cibernéticos con determinados referentes, como accesos ilegales, intromisiones no autorizadas en los sistemas y datos, el sabotaje o daño informático y las tentativas de comisión de delitos, pero en todo caso se consideran los mismos dentro de un marco de asociación criminal y el perjuicio patrimonial como actos agravantes.

Delitos a distancia y conflictos jurisdiccionales. El problema por vencer es la jurisdicción aplicable, en especial porque no todos los ordenamientos jurídicos y penales regulan los delitos aparejados a la cibercriminalidad al tener como punto a vencer la soberanía que pudiese lastimarse en su persecución. Es por eso que los delitos cibernéticos, al igual que otros crímenes (narcotráfico, lavado de dinero y corrupción), deben ser considerados bajo un principio de territorialidad, en el que las leyes penales constituyan una premisa necesaria y autosuficiente. Además, se considera que las personas con esta conducta criminal se encuentran en distintas jurisdicciones, pero pueden concurrir en la pretensión punitiva del delito, por eso, cada comportamiento deberá ser entendido como trasnacional y aparejarse con otras conductas criminales.

CONCLUSIONES

Se puede referir que el derecho penal informático debe abarcar todos los cibercrímenes, es decir, debe concentrar la tutela en la integridad de los sistemas, al incluir desde los dispositivos personales hasta la propia red de comunicación, su administrador y el grado de responsabilidad que conforme a los programas de cumplimiento normativo tengan.

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías
Comisión de PLD del Colegio
carlos.perez@cydconsultores.mx

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