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Panama Papers: Retrato de una práctica generalizada

Panama Papers: Retrato de una práctica generalizada
junio 01
2016

La mala fama de estas cuentas obedece a que se han convertido en un mecanismo para realizar y ocultar operaciones de dudosa legalidad, y que cada país deberá investigar. En México, el SAT tiene esa atribución.

Por razones hasta ahora desconocidas, un personaje anónimo se puso en contacto con un destacado  periodista alemán para entregarle más de 11 millones de archivos sobre las operaciones off shore que realiza para su clientela el despacho panameño de abogados Mossack-Fonseca. Con los archivos en mano, una amplia red internacional de periodistas se dio a la tarea de revisar el material para hacerlo público. En atención al volumen de la información dada a conocer, se trata de la mayor revelación registrada: 2 mil 600 GB, que superan con amplitud cualquier filtración previa.

La revelación da cuenta de millonarias inversiones off shore realizadas por una amplia gama de personajes entre los que se incluyen empresarios, políticos y celebridades del espectáculo y del deporte. Desde luego, no todos los personajes incluidos en los Panama Papers pueden ser acusados de acciones ilegales. Pero, por lo pronto, dada la imposibilidad de que una investigación periodística pueda determinar qué operaciones son legítimas y cuáles no, la filtración pegó parejo y metió en un mismo saco, probablemente sin razón, a Mario Vargas Llosa y a los amigos del presidente Vladímir Putin.

En términos escuetos, una inversión off shore es una cuenta financiera o fondo creado fuera del país de residencia de una persona. Como ya se apuntó, estas cuentas pueden ser utilizadas y, de hecho lo son, para financiar las actividades de grupos terroristas y criminales, aunque también son usadas para lavar dinero y muy frecuentemente para evadir el pago de impuestos. Pero hay también razones legítimas para abrir una inversión de esta naturaleza. Por ejemplo, un residente de un determinado país con familia en otro puede abrir una cuenta de este tipo para facilitar la transferencia de fondos a sus familiares o para administrar negocios y propiedades en su país de origen; de igual manera, una persona que reside largas temporadas en otro país puede requerir una cuenta ahí para hacer más fácil su vida cotidiana y sus negocios.

Sin embargo, es igualmente cierto que la mala fama de estas operaciones obedece a la manera en que se han convertido en un mecanismo muy eficaz para realizar y ocultar operaciones de dudosa legalidad. En tal virtud, la relevancia de este tipo de filtraciones está fuera de duda. Se trata de una práctica generalizada que ha sido objeto de la atención puntual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se ha empeñado en promover acuerdos y protocolos para transparentar la información y para limitar el papel de estas inversiones como fuente de financiamiento y escudo de operaciones ilegales. Tan solo en materia de evasión de impuestos, el organismo multilateral estima en 200 mil millones de dólares el costo que para las haciendas públicas tiene la evasión fiscal facilitada por estas operaciones.

Habida cuenta de las dificultades técnicas para comprobar actos ilegales y por tanto para proceder penalmente, una pregunta de fondo se refiere a las consecuencias de la investigación periodística dada a conocer. Ante todo, el principal efecto es en términos de pérdida de prestigio, en el caso de las figuras públicas, y los costos que en términos de carrera política muchos altos funcionarios gubernamentales deben pagar. Con todo, debe hacerse notar que la imposición de estos costos depende, sobre todo, de la calidad de la ciudadanía. Una ciudadanía tolerante con las prácticas corruptas, poco informada y no participativa difícilmente impondrá costos a quienes incurren en estas prácticas. A este respecto, es ilustrativo el contraste entre las dificultades del Primer Ministro de Islandia o el del Reino Unido (cuyo padre aparece en la lista) y la manera en que el escándalo ha sido procesado en países como Rusia y Ucrania.

En el caso de México, los Panama Papers son un nuevo evento que se acumula a la ya larga cadena de escándalos de corrupción que han golpeado sistemáticamente al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Y si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado que realizará las investigaciones pertinentes, lo cierto es que superar el reto de la credibilidad se antoja cuesta arriba.

En teoría, el SAT tiene las atribuciones legales para determinar si las fortunas identificadas en cuentas off  shore tienen un origen legítimo y si pagaron los respectivos impuestos. Sin embargo, igualmente puede, según sus atribuciones, llegar a acuerdos con los involucrados, que van desde el retorno de los capitales hasta el pago de impuestos no declarados. Y todo ello se puede realizar en el marco de la más absoluta secrecía, ya que, de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el SAT está obligado “a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes […], así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”.

Sería de interés público conocer los resultados de esta investigación. Sin embargo, todo indica que la sociedad mexicana se quedará sin conocer la verdad acerca de estas inversiones.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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