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Outsourcing vs. corrupción

Outsourcing vs. corrupción
febrero 01
2020

Se presentan los aspectos que se deben tener en cuenta para el tema de subcontratación, con un enfoque de prevención de lavado de dinero y honestidad.

En materia de prevención de lavado de dinero para 2020, se presentan algunos aspectos a revisar e instrumentar a la brevedad para la toma de decisiones en materia de subcontratación y en general, servicios de personal.

Toda vez que la autoridad fiscal ha detectado abusos en el esquema de outsourcing que, en algunos casos, se ha identificado con prácticas nocivas como la facturación de operaciones indebidas o la falta de entero de retenciones o pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suscribió con el IMSS en agosto de 2019 un convenio para el intercambio de información, cuyo propósito es hacer más eficientes las labores de fiscalización y combate a la corrupción, y dado que para 2020 los servicios de personal recibidos estarán sujetos a una retención de 6% del impuesto al valor agregado (IVA) en términos de la fracción IV del artículo 1-A de la ley de la materia, pero no aquellos servicios distintos a los de personal, es muy probable que algunas empresas de outsourcing –como ha ocurrido en el pasado– pretendan prestar servicios distintos a los de personal y con ello se alejen, ya sea de manera ficticia o en el papel, de todas las obligaciones laborales y fiscales de la subcontratación.

Será conveniente revisar cada caso y partir de una premisa: lo que es para fines laborales, deberá permear para todos los demás efectos, es decir, si se está en presencia de prestación de servicios de personal, habrá que reconocerlo también para efectos fiscales y, desde luego, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como “ley antilavado”.

Es importante a este último respecto, recordar que la UIF del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en octubre de 2016 y enero de 2017 (por medio de su sitio web) su interpretación y criterio en el que indica que “los servicios de outsourcing” vía subcontratación actualizan la hipótesis contenida en la ley, señalando esta actividad como vulnerable y sujeta a todas las obligaciones establecidas en la misma, en particular en los artículos 17, 18, 20, 32 y demás aplicables (conforme a su reglamento y reglas de carácter general) y sujetas a enormes sanciones administrativas.

Buenas prácticas en subcontratación

Para quienes tuvieron operaciones de outsourcing de 2013 en adelante o piensen llevarlas a cabo a partir de 2020, en calidad de contratista –prestador de estos servicios– vale la pena asesorarse, pues las multas por incumplimiento en cinco años pueden exceder a los 50 millones de pesos, y la prescripción y caducidad, la posibilidad de que lo revisen para efectos de esta ley, es de 10 años.

Es conveniente establecer una mesa en la que se coordinen los asesores en materia laboral, de seguridad social e impuestos locales, fiscales y desde luego los asesores en prevención de lavado de dinero. En compañías medianas y grandes debe implementarse esta coordinación en el compliance de la empresa (véase artículos 421 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales), tendiente a evitar la responsabilidad penal de las personas morales.

Por otro lado, si la prestadora de servicios de personal es externa (no es una empresa del grupo), vale la pena que la reunión incluya a los asesores de la misma y se pongan de acuerdo para evitar o minimizar las contingencias. Aspectos como el tipo, contenido y alcance del contrato –no sólo su denominación–, el concepto de la facturación, las cuentas en que cada entidad –la receptora y la prestadora de los servicios– registra el trabajo y el cumplimiento de los diversos ordenamientos deben estar alineados.

Esta nota se escribió a finales de diciembre 2019, por lo que no incluye las posibles reformas a revisarse por legisladores en febrero 2020.

L.C.C., M.I. y M.A. Eduardo López Lozano
De la comisión PLD/FT del Colegio, de la CROSS del IMCP y asesor de la
CROSS IMCP Centro
gruporeingenieriafiscal2019@gmail.com

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