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Obstáculos a la reforma educativa

Obstáculos a la reforma educativa
julio 19
12:34 2016

Las malas noticias no terminan para el presidente Peña Nieto. Después de los resultados adversos de los comicios del 5 de junio, el fantasma del movimiento magisterial irrumpe y pone al gobierno contra las cuerdas.

Ante todo, es preciso interrogarnos acerca de cómo fue que la CNTE “revivió”. En términos generales, la implementación de la reforma educativa avanzaba: se llevaban a cabo evaluaciones en prácticamente todo el territorio nacional, se aplicaban descuentos a los maestros que se ausentaban de manera injustificada del aula y aun se procedió a cesar a aquellos que incurrieron en las causales de despido estipuladas en la ley. El magisterio disidente había ya perdido todas las batallas legales e, incluso, la Suprema Corte había establecido con claridad la validez constitucional de la reforma. De igual manera, la decisión de arrebatar a la Sección 22 el control sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, recuperando para el Estado la rectoría sobre la política educativa, fue un golpe demoledor que la dejó sin acceso a los cuantiosos recursos financieros y administrativos que le habían permitido imponer un férreo control sobre los maestros oaxaqueños.

Los llamados al paro eran cada vez menos atendidos por los maestros y sus marchas lucían francamente desangeladas. Con todo, aunque debilitada, la Coordinadora no estaba liquidada y, sobre todo a raíz de la detención de sus líderes, reaccionó como era previsible: radicalizó su protesta y, para tal efecto, recurrió al apoyo de diversos movimientos sociales en extremo radicales que, incluso, mantienen claras relaciones orgánicas con la guerrilla.

Un primer anuncio visible de esta estrategia se vio en Chiapas, cuando los actos de vejación cometidos contra profesores que se rehusaron apoyar a la Coordinadora fueron realizados por miembros de grupos ligados al magisterio radical y con vínculos con el EZLN que, por cierto, había ya expresado su respaldo al movimiento magisterial.

En Oaxaca, según el gobernador Gabino Cué, los actos vandálicos y las acciones de bloqueo más radicales no han sido protagonizados por miembros de la CNTE, sino por diversas organizaciones hermanas entre las que destacan el Frente Amplio de Lucha Popular, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui y el Frente Popular Revolucionario. Cabe recordar que estos movimientos fueron parte de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) que en 2006 mantuvo una prolongada movilización que puso en jaque la vida económica y social de la entidad. Asimismo, estos grupos mantienen estrechas relaciones tanto con la Sección 22 como con el Ejército Popular Revolucionario y, desde un punto de vista ideológico, se autodefinen como movimientos de inspiración marxista que, a través de una estrategia de lucha prolongada, apuestan a la exacerbación de las contradicciones como paso previo para el despertar revolucionario del pueblo.

Ahora bien, este escenario no es sorprendente. Su desarrollo se ciñe al guion que cabía de antemano esperar y que, con toda seguridad, ya habría sido advertido por los órganos de inteligencia del propio Estado. La pregunta es por qué no se actuó proactivamente para desactivar oportunamente el conflicto. La pregunta, por el momento, carece de respuesta plausible.

De esta manera, el gobierno tuvo que ceder a la demanda de instalar una mesa de diálogo. Ciertamente, afirmó que ni la reforma educativa ni la aplicación de la ley serán objeto de negociación, pero entonces cuál es el objeto del diálogo, sobre todo cuando la propia CNTE, que en estos momentos tiene la iniciativa, ha reiterado que su demanda sigue siendo la reversión de la reforma.

En este marco, el sector institucional del magisterio, el SNTE, que también lamenta cómo la reforma educativa amenaza sus privilegios, ha visto en los hechos de Nochixtlán la oportunidad para ir más allá de su estrategia callada de resistencia a la reforma e irrumpe en manifestaciones en Monterrey y otros lugares de la república en apoyo a sus compañeros de Oaxaca, en condena a la represión y en rechazo a la reforma educativa.

Ahora el gobierno enfrenta un doble proceso de negociación. Por un lado, la SEP dialoga y negocia con el SNTE. Juan Díaz de la Torre se montó en el conflicto ante el hecho de que algunas secciones del sindicato, aun en regiones donde la presencia de la Coordinadora es nula, empezaron a cuestionar la reforma. Sobre esta base, Díaz de la Torre exige la revisión del modelo de evaluación. El gobierno, vía SEP, reconoce errores de implementación y acepta revisar la evaluación. La importancia política de esto consiste en que al SNTE, el titular del contrato colectivo, se le restituye su papel de interlocutor y, en ese sentido, funciona como un contrapeso a la CNTE. Se abre así una vía de negociación con un actor más institucional y que puede conducir a acuerdos que contribuyan a desmontar la narrativa anti reforma de la Coordinadora.

Por otro lado, en Gobernación la CNTE negocia en tres mesas: una política, una sobre temas educativos y otra sobre cuestiones sociales. Pero, en realidad, va por todo: por la abrogación de la reforma. El punto fino es si las adecuaciones a las evaluaciones, aunadas a la puesta a discusión de lo que debe ser el nuevo modelo educativo, le arrebatarán banderas a la Coordinadora y la evidenciarán como un grupo radical que sólo defiende privilegios.

Abrogar la reforma no es sencillo. Hay que reformar el artículo 3° de la Constitución. Y para ello se requieren dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como la aprobación de la mitad más uno de los congresos estatales. La contrarreforma sólo avanzaría si el gobierno es derrotado y termina cediendo y dando línea a los legisladores del PRI para que voten por la contrarreforma.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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