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Nuevo gobierno, ¿hacia un proyecto centralizador?

Nuevo gobierno, ¿hacia un proyecto centralizador?
septiembre 01
08:00 2018

Los 32 coordinadores generales deberán convertirse en factores clave en cada entidad a partir del manejo de los programas y los recursos federales. Es por eso que necesitan un contrapeso efectivo.

Andrés Manuel López Obrador ha presentado distintos proyectos que, en principio, parecen encaminados a cumplir una de las propuestas centrales manejadas durante su campaña: la austeridad. Con el fin de hacer realidad esta promesa, ha planteado, entre otras cosas, reducir sueldos y recortar a la mayor parte de trabajadores de confianza, reubicar dependencias federales y sustituir delegaciones de las secretarías en los estados por un coordinador general para cada entidad.

Ante los cuestionamientos surgidos tras la presentación de estas propuestas se ha esgrimido un discurso justificatorio apoyado en hechos reales. Nadie puede negar que, en el caso de las delegaciones de las secretarías en los estados, hay dispendio de recursos y duplicidad de funciones, amén de corrupción. Sin embargo, cabe preguntar si la propuesta realmente significaría la erradicación de los vicios señalados y la reducción sensible del gasto.

La creación de coordinaciones generales encargadas del manejo de los recursos y los programas federales en cada entidad implica, de entrada, que dicha instancia deberá tener la capacidad para administrar, de manera simultánea, temas tan diversos como la salud y el desarrollo rural, los programas sociales y la construcción de infraestructura o el cuidado del medio ambiente y la competitividad. ¿Cómo podría una oficina de tamaño modesto cumplir a cabalidad con la encomienda? Las coordinaciones generales ¿no requerirían de una estructura con tantas áreas como conjunto de temas a atender?

Si esto es así, cabe entonces preguntar qué tanto ahorro se podría obtener si, para hacer funcional el modelo, habría que contar en cada estado de una súper coordinación general que absorbiera la mayor parte de las instancias operativas que actualmente están adscritas a las delegaciones estatales. A reserva de que en su momento el nuevo gobierno presente una estrategia viable de implementación de la propuesta, con los elementos de juicio ahora disponibles se puede inferir que el objetivo último de la medida es fundamentalmente político.

Más aún, el nombramiento de 32 coordinadores generales se inscribe en la lógica de una voluntad política empeñada en reproducir, vía el reforzamiento de las prácticas centralizadoras, el esquema del viejo presidencialismo autoritario. López Obrador nunca ha suscrito un proyecto de reforma del régimen político garante de la gobernabilidad en el marco del pluralismo; su objetivo siempre ha sido encabezar una presidencia poderosa y, en la medida de lo posible, sin verdaderos contrapesos. Ya cuenta con una mayoría dócil en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como en la mayor parte de los congresos locales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría durante la etapa de la presidencia imperial, no tiene bajo su control a 27 de los mandatarios estatales. En este marco, los coordinadores generales están llamados a convertirse en factores clave de poder en cada entidad a partir del manejo de los programas y, sobre todo, de los recursos federales. No se debe perder de vista que la principal fuente de recursos con la que operan los estados es la transferencia de fondos federales.

De ahí que no sea descabellada la metáfora de los 32 virreyes. Serán funcionarios designados por el presidente y en cuyo nombre concentrarán cuantiosos recursos financieros, administrativos y legales. Sobre todo, serán funcionarios con el poder suficiente para actuar como contrapeso real al poder de los gobernadores.

Ciertamente, puede haber suficientes razones para justificar una medida encaminada a ejercer un control estricto sobre los gobernadores. Como se ha señalado en numerosas ocasiones, estos se convirtieron en auténticos señores feudales que, en el ámbito de su territorio, reprodujeron muchos de los usos y costumbres del presidencialismo autoritario. Sin contrapesos efectivos en los congresos locales y con total opacidad manejaron las transferencias federales; los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos varios mandatarios estatales son muestra fehaciente de una de las más complejas asignaturas pendientes del proceso de transición democrática: la construcción de un federalismo funcional. Si bien la mayoría de los gobernadores se ha ganado a pulso su falta de credibilidad, no debe soslayarse que, a diferencia de los 32 coordinadores designados desde el centro, ellos poseen la legitimidad de haber sido electos. Es desde luego indispensable que los gobernadores tengan contrapesos efectivos, pero ello no implica que dicho contrapeso deba ser el poder presidencial, pues el precio a pagar será la restauración de un centralismo de facto que hace del federalismo una mera ficción jurídica.

No puede cuestionarse la necesidad de un contrapeso efectivo para los gobernadores. ¿Debería ser un presidente con concentración de poder?”.

Asimismo, otro aspecto de gran relevancia política se relaciona con el perfil de quienes han sido ya presentados como futuros coordinadores generales. En la mayor parte de los casos, se trata de verdaderos operadores políticos, hecho que refuerza la hipótesis de que su función primordial consistirá en avanzar en el proyecto del control central sobre los gobiernos locales; de hecho, se han nombrado a personajes como Delfina Gómez (Estado de México), Carlos Lomelí (Jalisco) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán) que perdieron la elección frente a los gobernadores con los que deberán interactuar.

Se puede, por tanto, concluir que se trata de personajes que, desde ahora, el partido Morena proyecta como posibles candidatos a la gubernatura. En su papel de virreyes, contarán con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, tendrán gran visibilidad mediática, amén de recursos financieros y políticos para tejer redes en las relaciones con los factores locales de poder, así como para construir sus respectivas bases de apoyo social. En suma, no puede cuestionarse la necesidad de que los gobernadores tengan contrapesos efectivos. Lo que se puede poner en tela juicio es si dicho contrapeso deba ser un presidente con clara voluntad de concentración del poder. Frente a esta situación, la respuesta democrática debe ser el impulso a un federalismo realmente funcional sustentado en una auténtica división de poderes en cada entidad.

 

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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