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Nicolás Maduro y su apuesta autoritaria

Nicolás Maduro y su apuesta autoritaria
agosto 22
16:37 2017

Al parecer, la crisis política en Venezuela ha llegado a un punto de no retorno. No se vislumbra en el horizonte ninguna posibilidad para que, a partir del diálogo, se puedan construir los consensos mínimos que permitan recuperar la paz y consensuar estrategias efectivas para sortear las distintas aristas de la crisis y reestablecer el orden democrático. La polarización es extrema y la reconciliación, condición indispensable para superar la crisis, se antoja lejana.

Las causas de la crisis se remontan más allá de los eventos recientes. En realidad, son el resultado lógico de la imposición de un proyecto de nación (el socialismo de siglo XXI) carente de viabilidad, pero que logró seducir a amplios sectores de la sociedad. Con base en una narrativa populista y nacionalista, Hugo Chávez conectó con las emociones de una sociedad cansada de la corrupción de la clase política entonces dominante. En paralelo, los cuantiosos ingresos petroleros alimentaron una estrategia de corte clientelar que brindó apoyo popular a la revolución bolivariana. No se puede olvidar que, a pesar de su intento fallido de golpe de Estado (1992), desde 1998 Chávez accedió y se mantuvo en el poder gracias a los votos.

La legitimidad obtenida a base de demagogia y del reparto clientelar de recursos confirió al régimen chavista los márgenes de maniobra necesarios para modificar la Constitución (1999) e iniciar una clara estrategia de concentración del poder cada vez más distante de los principios de la democracia liberal. Así, gracias al apoyo incondicional de aplastantes mayorías oficialistas, la división de poderes y el mecanismo de pesos y contrapesos fueron avasallados. El gobierno tomó, de hecho, el control del Congreso, del Poder Judicial y de la autoridad electoral, al tiempo que creó otras modalidades de poder (el poder comunal) que, por la vía del control corporativo y del anzuelo asistencial, fueron puestas al servicio del proyecto chavista. Adicionalmente, algunos derechos civiles básicos, como la libertad de expresión, fueron conculcados.

Pero el barco de la revolución bolivariana empezó a hacer agua. Los afanes estatistas y el voluntarismo con que se quiso manejar la economía se tradujeron en un progresivo deterioro de las capacidades productivas de Venezuela. Se hicieron visibles las primeras manifestaciones de quiebra económica, a su vez exacerbadas por el comportamiento poco favorable de los precios internacionales del petróleo.
En este contexto ocurrió la muerte de Hugo Chávez. Su reemplazo, quien nunca tuvo la capacidad política ni el carisma de su antecesor, heredó una situación explosiva. Venezuela ostenta la tasa de inflación más elevada del mundo, la escasez de productos de primera necesidad (incluso los materiales médicos más indispensables) golpea a una sociedad que, al mismo tiempo, es asolada por la inseguridad y la violencia. La pobreza y la corrupción se expanden, al tiempo que las libertades políticas y civiles se restringen.

El resultado fue el amplio triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015. El gobierno de Nicolás Maduro se vio ante el insólito escenario de un real contrapeso legislativo. Y este fue el hecho clave que desató el conflicto político que hoy padece Venezuela.

La construcción del socialismo del siglo XXI no podía seguir avanzando en tanto en el Parlamento hubiese una mayoría opositora con los suficientes votos como para revertir las más radicales iniciativas económicas y políticas; de ahí que la estrategia adoptada por el gobierno haya consistido en bloquear a través de diversos medios la acción del Parlamento. El conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo estalló. Los opositores respondieron promoviendo la revocación del mandato de Maduro, figura reconocida por la Constitución de 1999. Se cumplieron en tiempo y forma los requisitos establecidos por la ley para proceder a la votación, pero, echando mano de los argumentos más bizantinos, la autoridad electoral bloqueó la posibilidad de este recurso constitucional.

El siguiente paso fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin efecto las decisiones del Parlamento. Fue ésta la medida extrema que encendió el conflicto y obligó a muchos gobiernos a adoptar una postura crítica en relación con la problemática venezolana. La intención autoritaria de la medida fue tan evidente que Luisa Ortega, Fiscal General y chavista de larga data, rompió con el gobierno de Maduro y denunció la violación del orden constitucional.

En cierto sentido, el gobierno de Maduro se vio en un callejón sin aparente salida. Y la decisión que tomó fue seguir adelante: se recrudeció la represión y el control sobre la información, al tiempo que se convocó a una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución que, todo indica, no tendrá otro propósito más que consolidar el poder absoluto del líder de la revolución bolivariana y dotarlo de facultades legales para combatir con toda la fuerza el “terrorismo”, es decir, las manifestaciones de inconformidad. Asimismo, en el nivel social y económico, se pretende avanzar en la construcción de un régimen comunal que ponga los cimientos de un sistema socialista.

El proyecto de Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro fue rechazado por la oposición y por una amplia mayoría de la sociedad. De entrada, porque la convocatoria resulta inconstitucional, toda vez que la Carta Magna de Venezuela establece que para convocar una Asamblea Constituyente se requiere previamente someter a consulta si la ciudadanía está o no de acuerdo; dicha consulta no se llevó a cabo a sabiendas de que la propuesta gubernamental sería rechazada. Pero más importante aún, la razón principal del rechazo a nueva Constitución deriva de que ésta representa una clara amenaza a la economía de mercado y a los principios y procedimientos democráticos.

Sobre este telón de fondo, el conflicto político y la violencia están escalando. La presión internacional, acaso por tardía, no parece surtir ningún efecto. Pese a las solicitudes de no instalar la Asamblea (entre las que destaca la del Papa Francisco), el gobierno procedió a su instalación. Lejos de la reconciliación todo apunta a que el gobierno de Maduro apuesta por la aniquilación de sus adversarios.

Se puede pensar que la manera en que el gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido su postura es indicativa de que el régimen está viviendo sus últimos momentos y echando mano de recursos desesperados que sólo agravan la crisis. Es, por supuesto, una hipótesis que no se debe desechar. Con todo, no hay que perder de vista que en el marco de una sociedad tan polarizada el desenlace final aún está en el aire. El régimen chavista puede encontrar en la exacerbación de sus problemas, así como en el aislamiento internacional, la coartada idónea para culpar a las fuerzas del imperio por las consecuencias previsibles de un proyecto bolivariano carente de viabilidad. Cuba es un buen ejemplo de cómo el discurso de la victimización refuerza incluso al régimen más opresivo.

Lic. Pedro Javier González G.

Director de Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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