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Narcopolítica y seguridad social

Narcopolítica y seguridad social
mayo 02
11:34 2017

El pasado 29 de marzo, en el puente Tijuana-San Diego, la justicia norteamericana aprehendió a Edgar Veytia Cambero, Fiscal General de Nayarit. Se le imputan diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas. El hecho de que la máxima autoridad responsable de hacer valer la ley en un estado de la república aparezca como parte del entramado criminal que debía combatir es, desde luego, motivo de alerta. Y lo es más cuando se multiplican las evidencias de que el caso de Edgar Veytia no un hecho aislado, sino un ejemplo emblemático del fenómeno que subyace como principal factor explicativo de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país: la narcopolítica y la sistemática reticencia de la clase política para atacarlo de manera decidida.

Vale la pena recordar cómo en los años noventa, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el Gral. Gutiérrez Rebollo, entonces el zar antidrogas del país, terminó en la cárcel al descubrirse sus nexos con los cárteles. Más recientemente, han adquirido especial visibilidad casos que ilustran las relaciones de complicidad entre clase política y organizaciones criminales en Michoacán y Guerrero, al tiempo que en Chihuahua el asesinato de la periodista Miroslava Breach parece obedecer a su trabajo de documentación de las relaciones entre actores gubernamentales y cárteles de la droga. Pero más allá de estos casos, lo cierto es que la narcopolítica es una realidad presente en amplias zonas de la geografía nacional.

En este contexto, un hecho en apariencia paradójico consiste en que, en los años recientes, Nayarit parecía uno de los más sonados casos de éxito en materia de seguridad. Después de haber sufrido una ola de violencia producto de la disputa territorial entre el Cártel del Pacífico y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los índices delictivos, particularmente los homicidios dolosos, registraron una impresionante reducción. Para el gobernador de la entidad, ello era la muestra del eficaz trabajo del Fiscal General, hombre de todas sus confianzas. El problema es que la pacificación de la entidad no fue el resultado de un combate eficaz al crimen organizado sino de una auténtica pax narca. La disputa entre cárteles cesó debido al papel desempeñado por el Fiscal General para asegurar la hegemonía del CJNG en la entidad. Llaman también la atención los testimonios relativos a cómo en el “pacífico” Nayarit las carreteras y las calles de las ciudades eran patrulladas por policías con el rostro cubierto portando armas largas.

Ciertamente, el gobernador Roberto Sandoval se ha deslindado y ha declarado que desconocía los nexos del Fiscal con el crimen organizado. Sin embargo, lo que parece claro es que un solo hombre no pudo haber otorgado el control territorial de Nayarit al CJNG. De ahí la pertinencia de la pregunta a propósito de hasta dónde llegan las redes de complicidad tejidas por Veytia. A este respecto, resulta ilustrativo el sigilo con que actuaron las autoridades norteamericanas en este caso: el sigilo era indispensable para evitar la filtración  de información que hubiese puesto sobre aviso a Veytia.

La narcopolítica, como ya lo señalamos, está presente en amplias zonas del territorio nacional y es, en realidad, la principal variable explicativa del ascenso y fortalecimiento de los grupos criminales. Su combate, por consiguiente, es el prerrequisito indispensable para hacer de México un país seguro y libre de violencia. Sin el desmantelamiento de las redes de la narcopolítica ni la presencia de las fuerzas armadas ni las reformas legislativas en proceso darán los resultados esperados. El problema es que, ante las dimensiones del monstruo y la naturaleza de los intereses políticos y económicos implicados, falta la voluntad para construir los consensos y las bases de sustentación política que se requieren para dar viabilidad a una estrategia de erradicación de la narcopolítica. Entre muchos ejemplos posibles cabe citar los ridículos cargos contra Rodrigo Vallejo, quien conspiró con La Tuta respecto a quién debía ser el gobernador interino del estado, que ilustra con claridad meridiana la falta de voluntad política.

En este sentido, llama la atención que tras la detención mandos militares señalen lo que ahora es obvio: Nayarit había sido convertido en guarida del CJNG. Dicho en otros términos, la inteligencia castrense tenía indicios de los vínculos del Fiscal con el CJNG, pero por alguna razón no se actuó. Y, por supuesto, queda la duda de qué tanta información de inteligencia tiene el Estado mexicano acerca de las redes de la narcopolítica y que no quiere o no se atreve a utilizar.

Otro aspecto que merece la pena ser subrayado es la manera en que el debate entre los partidos políticos se ha centrado en la demanda de la oposición de renuncia del gobernador Sandoval y en el cierre de filas priista en torno al gobernador. Lo lamentable es la ausencia de exigencias de combate y desmantelamiento de las redes de complicidad de la narcopolítica. Mientras no exista un consenso que vaya más allá de los colores partidarios la posibilidad de erradicar la narcopolítica seguirá siendo nula.

Finalmente, una dimensión particularmente grave de la colusión del Fiscal con el CJNG se relaciona con la seguridad nacional. En virtud de la naturaleza de su cargo, el Fiscal era parte del Consejo Nacional de Seguridad y miembro de todos los espacios institucionales que reúnen a procuradores y autoridades relacionadas con la seguridad. En dichos ámbitos se discuten estrategias y hay intercambio de información. ¿Cuánta inteligencia del CISEN o de las fuerzas armadas puso el Fiscal a disposición del CJNG? ¿Cuántos operativos fracasaron debido a las advertencias del Fiscal a sus socios?

Por desgracia, sería ingenuo suponer que, en el corto plazo (es decir, en lo que queda de este sexenio), se adoptará una estrategia encaminada a desmantelar las redes de complicidad de la narcopolítica. Con todo, cabría esperar que la oposición y la opinión pública insistan en la exigencia de investigar cómo está conformada y cómo opera la red de protección que Veytia construyó en torno al CJNG.

No se puede apostar al olvido y pretender que el caso Veytia es un desafortunado hecho aislado. Desde un punto de vista ético, no hay cálculo electoral que lo justifique. Sin embargo, la apuesta por el olvido puede funcionar, a menos que el caso Veytia se convierta en un factor clave en el resultado de las próximas elecciones.

Lic. Pedro Javier González G.

Director de Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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