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Migración, éxodo centroamericano: desafíos para México

Migración, éxodo centroamericano: desafíos para México
enero 29
2019

Estamos a la expectativa de conocer la postura y acciones del gobierno mexicano ante las caravanas migrantes. Hay dos caminos: cargar con el estigma de ser quien hace el trabajo sucio para el vecino del norte o plantear una política migratoria distinta.

Ante la llegada a territorio nacional de caravanas de migrantes centroamericanos que, huyendo de la miseria y la violencia, pretenden llegar a Estados Unidos de América (EUA) para solicitar asilo, México se encuentra entre la espada y la pared con un dilema difícil de resolver. La opción de hacer uso de la fuerza para impedir el ingreso de los inmigrantes implica asumir costos muy por encima de sus inciertos beneficios. Y es que no sólo se trata de no querer cargar con el estigma de hacer el trabajo sucio al gobierno norteamericano, sino de que tal alternativa sentaría un precedente que pondría en situación de debilidad al gobierno mexicano frente a su contraparte estadounidense.

Después de las malas notas acumuladas en materia de derechos humanos y con la mirada vigilante de Naciones Unidas (los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han estado presentes y acompañando el éxodo centroamericano) y de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales, era de esperarse que se adoptaran como criterio básico el respeto a los derechos humanos. Se evitó el uso de la fuerza y se ofrecieron opciones encaminadas a convencer a los integrantes de las caravanas de los beneficios que podrían lograr aceptando los programas de apoyo y las visas de trabajo del gobierno mexicano si regulaban su situación migratoria y renunciaban al objetivo de llegar a EUA. La idea era minimizar las posibles tensiones con el gobierno de Donald Trump. Pocos accedieron, las caravanas continuaron su marcha y un nutrido número de solicitantes de asilo hoy se encuentra en la fronteriza ciudad de Tijuana.

El gobierno mexicano deberá implementar en el corto plazo programas para los inmigrantes, incluidos campos de refugiados equipados con los servicios básicos”.

En paralelo, las caravanas dieron el motivo idóneo para que el presidente Trump siga teniendo vivo el políticamente rentable discurso antiinmigrante. La base dura que lo apoya está persuadida de que las caravanas representan una seria amenaza a la seguridad nacional y ven con beneplácito los desplantes retóricos del ocupante de la Casa Blanca. En este marco, el mandatario norteamericano intentó modificar la regla que permite a un inmigrante, independientemente de si entró de forma regular o irregular al país, solicitar asilo y esperar la resolución de la autoridad judicial en territorio estadounidense. Esta medida, sin embargo, ya fue revertida por un juez de distrito en San Francisco y, en tal virtud, Donald Trump ha decidido reforzar los obstáculos físicos para el ingreso ilegal de quienes buscan asilo: se reforzaron las vallas y se aumentó el número de efectivos apostados en la frontera. De hecho, el propio presidente, a través de sus acostumbrados tuits, señaló que ha autorizado el uso de la fuerza, incluso la letal, en caso de que sea necesaria para contener intentos masivos de ingreso. Cabe recordar que el ejército tiene la encomienda de auxiliar a los cuerpos convencionales encargados de la seguridad fronteriza (policía migratoria y personal de aduanas) en caso de que se vean rebasados.

Así, ante la imposibilidad física de ingresar a territorio de EUA, los integrantes de las caravanas deberán solicitar asilo desde México y permanecer en nuestro país el tiempo requerido para que una autoridad judicial resuelva si sus solicitudes proceden o no. Mas aún, el presidente Trump quiere imponer el criterio de que los solicitantes de asilo no sólo deben acreditar que corren peligro en su país de origen sino, inclusive, en territorio mexicano.

El nuevo gobierno de México enfrentará, desde un principio, un serio desafío que, todo indica, se convertiría en una importante fuente de tensión con el gobierno estadounidense”.

El reto que enfrenta México es claro y serio. Se perfila un escenario de acuerdo con el cual pueden llegar a juntarse varios miles de migrantes centroamericanos en la frontera que, desde territorio nacional, deban iniciar un trámite que, en promedio, demora un año y que, por regla general, se resuelve en contra (entre 2012 y 2017 fue negado el asilo a 78% de los solicitantes provenientes de Honduras). La estrategia del gobierno de Trump es disuasiva, en tanto las alternativas que se abren a los migrantes centroamericanos son permanecer en condiciones precarias en México durante un periodo indefinido, pero seguramente prolongado, regresar a sus países de origen o acogerse a los apoyos que el gobierno mexicano les pueda brindar, entre los que destacan las ofertas de trabajo anunciadas por el presidente López Obrador.

Mientras tanto, el gobierno mexicano deberá implementar en el corto plazo programas para estos inmigrantes, tales como crear campos de refugiados y proveerlos de servicios básicos en materia sanitaria, alimenticia y educativa; facilitar su inserción en el mercado laboral, principalmente en las ciudades del norte que, a menudo, enfrentan una oferta insuficiente de fuerza de trabajo. Asimismo, deberá desplegar una estrategia que, con base en la larga tradición tijuanense de hospitalidad, contrarreste las expresiones xenofóbicas que han hecho acto de presencia.

Es decir, México deberá pagar el costo so pena de que el presidente Trump afirme que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para manejar el asunto y decida, por tanto, hacer efectiva su amenaza de cerrar la frontera, frenando, incluso, el intercambio comercial.

A este respecto, durante las negociaciones del acuerdo comercial entre México, Canadá y EUA, el gobierno norteamericano intentó sin éxito presionar al gobierno mexicano para que aceptase el estatus de “tercera nación segura”. Esta figura implica que la tercera nación (en este caso México) sea considerada como un destino seguro para los solicitantes de asilo y que, por tanto, EUA contaría con la posibilidad de compartir o aun trasladar la responsabilidad para con los solicitantes de asilo a la tercera nación. México no lo aceptó. No obstante, de facto y debido a su estrategia de endurecimiento, Donald Trump estaría convirtiendo a nuestro país en esa tercera nación segura.

El problema que representa la presencia masiva de refugiados centroamericanos en territorio nacional está lejos de ser un asunto meramente coyuntural. Por el contrario, cabe prever que el nuevo gobierno enfrentará de entrada un serio desafío que, todo indica, se convertirá en una importante fuente de tensión con el gobierno estadounidense.
Más allá de la puesta en operación de programas efectivos para dar respuestas en el corto plazo a la problemática, lo cierto es que una de las prioridades en materia de política exterior consistirá en el diseño de una política migratoria consistente, sustentada en diagnósticos sólidos y que dé respuestas sostenibles en el largo plazo a tal situación.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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