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Mejores prácticas, la integridad también es negocio

Mejores prácticas, la integridad también es negocio
julio 01
2019

Para evitar operaciones simuladas, evasión de impuestos y otros fraudes, tanto gobierno como sector privado deben implementar medidas para definir los estándares éticos esperados y las acciones a seguir si no se cumplen

Jugar limpio no sólo genera satisfacciones, incluso produce dinero”.
Oloarte Atanasio, 2019

La corrupción es uno de los temas más preocupantes de nuestro tiempo. Aumenta la pobreza y la inestabilidad política, entorpece el crecimiento económico sostenible de los países y fomenta la competencia desleal en todos los sectores de la sociedad. Es preocupante la normalización de conductas (conscientes o inconscientes) de corrupción entre particulares o con el gobierno al hacer negocios, premiar y, en ocasiones, enaltecer las habilidades de los negociadores al conseguir un acuerdo a cambio de beneficios, que tarde o temprano dañarán a la sociedad en su conjunto.

Para contribuir a la solución de este flagelo y erradicar estas conductas, el mundo de los negocios ha asumido un papel esencial en el combate frontal de la corrupción; los gobiernos han modificado sus leyes en la materia para sancionar las conductas que la fomentan; las organizaciones empresariales han emitido códigos de buena gobernanza y conducta, y las organizaciones de la sociedad civil tienen cada día mayor participación activa. Por supuesto, los gremios de profesionales y profesionistas que dan servicios de asesoría o consultoría de negocios hacen lo propio. Dentro de estas acciones de regularización de conductas destaca el gobierno corporativo de las empresas, que garantiza la viabilidad y permanencia de éstas por generaciones; además, contribuye al cambio de mentalidad y conductas.

Uno de los pilares en los que sustenta esa profesionalización es el Código de Conducta, ahora conocido como Código de Integridad y Ética Empresarial.
Este Código establece la actitud, normas y riesgos que deben evitar las personas en los negocios. Un ejemplo es no permitir operaciones simuladas de negocios, cuyo propósito fundamental sea evadir el pago de impuestos, efectuar fraude a las finanzas públicas o transferir el costo a los consumidores mediante el incremento de los precios a sus productos o servicios por los montos que pagan por sobornos, tanto a particulares como a funcionarios de gobierno.

LA ACTUALIDAD

El gobierno mexicano ha legislado sobre las sanciones a las que se harán acreedores, quienes realicen actividades que fomenten o se beneficien de actos de corrupción, esto con el propósito de contribuir a generar un ambiente de negocios libre de corrupción e impunidad. En el caso de las personas morales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 421, establece la responsabilidad penal para estas personas, cuando se demuestre que han permitido, por acción u omisión, actividades delictivas por parte de sus integrantes.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas hace lo propio al sancionar la comisión de actos de corrupción en los que participen las empresas por acción u omisión. Se establece en ambos casos que las personas morales podrán demostrar que no son responsables de las conductas delictivas de sus integrantes (personas físicas) si demuestran que cuentan con un Programa de Integridad y Controles Anticorrupción. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha emitido e impulsado entre la comunidad de negocios del país la aplicación del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, así como el Código de Integridad y Ética Empresarial con el propósito de generar una cultura de profesionalización y legalidad en la actuación, dirección y control de las compañías.

Las grandes empresas (casi siempre transnacionales) han establecido como requisitos indispensables para efectuar negocios con otras Pequeñas y medianas empresas (Pymes), la adopción y aplicación de Códigos de Buena Gobernanza y de Integridad y Ética Empresarial, los cuales les dejan cumplir con su filosofía corporativa de responsabilidad social empresarial y generar con ello valor agregado para los consumidores finales de bienes y servicios en su cadena productiva. Los profesionales de la Contaduría Pública del país también han contribuido a estos esfuerzos al implementar la Norma de Control de Calidad, la cual les permite participar en la elaboración dela política de integridad y en la prevención de fraudes y lavado de dinero; además, pueden certificar a los profesionales en estas últimas actividades.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la intención de fortalecer sus controles y dar atención a las recomendaciones de los organismos internacionales que regulan estas actividades, ha creado la figura de oficial de cumplimiento para ese sector financiero. Recientemente, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) ha reconocido la figura del oficial de cumplimiento en materia aduanera, cuyo propósito principal es revisar que la normativa en materia de comercio exterior se cumpla.

Las grandes empresas cuentan con una persona (o varias) encargada de dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas de cada país y sector en el que participa su cadena productiva, a quien han denominado compliance officer u oficial de cumplimiento, quien depende o reporta directamente a uno de los comités, que para tal efecto ha establecido su consejo de administración. Es innegable que todos y cada uno de los esfuerzos por parte de los participantes mencionados tienen como propósito profesionalizar las actividades de dirección de negocios, generar ambientes limpios de corrupción y fomentar la cultura de la legalidad. Sin embargo, estos esfuerzos deben estar alineados y coordinados. Todos buscan el mismo fin, pero en la implementación de su objetivo se corre el riesgo de entorpecer la operación de los negocios, sobre todo en las Pymes.

Debe existir un área dentro de las empresas que lleve a cabo la prevención, detección o corrección de fallas de cumplimiento en las leyes que les apliquen, en las regulaciones especiales que tengan, en el sector al que pertenezcan, y en sus códigos de buenas prácticas corporativas, sin que se aleje de la estrategia del negocio y su actuar fortalezca la filosofía corporativa de la empresa y su compromiso con la responsabilidad social.

En las Pymes no es fácil implementar, estructurar ni consolidar gobiernos corporativos y políticas de integridad. La mayoría de los socios, dueños o directivos no se atreven a dar el paso a la transformación ni consolidación de su negocio. En especial, cuando su sistema personal de creencias (valores y principios) no son compatibles con las normas que regulan sus hábitos de trabajo, dentro y fuera de las organizaciones. Por último, y no menos relevante, los prestadores de servicios de asesoría o consultoría no viven, y mucho menos interiorizan su gobierno corporativo y política de integridad. En algunos casos (la mayoría) sus firmas de consultoría no cuentan con esas estructuras.

CONCLUSIONES

Cuando las mejores prácticas de gobernanza y la conducta de los integrantes formen parte de la estrategia de negocios en las empresas, se logrará combatir a la corrupción e impunidad y México logrará mayor competitividad traducida en un incremento de la economía por la adopción de esas normas. Mientras la estructura mental de los tomadores de decisiones en las Pymes no evolucione, seguirá siendo un factor determinante que impedirá la profesionalización de sus negocios.

Se debe tener cuidado especial al promover la figura del oficial de cumplimiento, bajo la premisa primordial de ser la persona que velará por los intereses patrimoniales de la empresa y del empresario al hacerse cargo del cumplimiento de normas que eviten la comisión de conductas delictivas por acción u omisión enfocadas a materias administrativas o penales. Es cierto que en esta persona, grupo de personas o área de la empresa —según el tamaño— recaerá esta responsabilidad; sin embargo, su efectividad y eficacia dependerá de la profesionalización e institucionalización de la empresa y de sus directivos. Un excelente inicio para este propósito es la implementación de la Política de Integridad que señala el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como Ley 3 de 3.

Gobierno corporativo e integridad empresarial implican vivirlo. No puede darse lo que no se tiene. La manera de hacer y administrar los negocios en el mundo se encuentra regulada por la integridad. Un mercado en el que los involucrados interactúen bajo estándares éticos, permitirá mayores oportunidades de negocios en beneficio del país y los consumidores. La integridad también es negocio.

C.P. José Antonio Oloarte Atanasio
Especialista en Gobierno Corporativo, Integridad Empresarial
y Empresas Familiares en Zepeda y Asociados, Contadores
oloarte.pp@gmail.com

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