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Medios y fiscalización: Los desafíos de un año electoral

Medios y fiscalización: Los desafíos de un año electoral
febrero 01
00:08 2015

Las elecciones intermedias de este 2015 serán la prueba de fuego para la reforma política de 2013 y para el recién creado Instituto Nacional Electoral.

Además de la elección para renovar la Cámara de Diputados Federal en 2015, en 2017 habrá elecciones para cambiar congresos locales, alcaldías y nueve gubernaturas. Más allá de la complejidad del contexto en que los comicios se habrán de desarrollar, otro aspecto a considerar consiste en que en estas elecciones intermedias se pondrán en juego por primera vez las nuevas reglas emanadas de la reforma política aprobada en 2013.

Esta reforma se ocupa de una amplísima gama de temas: el voto de los mexicanos en el exterior, las candidaturas comunes (no reconocidas a nivel federal, pero que cada entidad podrá o no aprobar), las candidaturas independientes, la equidad de género en las nominaciones, los sistemas de fiscalización de ingresos y egresos de los partidos, el prorrateo de los gastos de campaña, las sanciones a los actos de compra y de coacción del voto, los casos de nulidad en los procesos y de pérdida de registro de los partidos, las reglas para la constitución de los partidos y los derechos y las obligaciones de los militantes, entre muchos otros.

Sin embargo, hay dos temas que merecen al menos un breve comentario en lo particular: Los criterios aplicables para promover la equidad en materia de cobertura mediática y los referentes a la fiscalización.

Con el mismo espíritu que inspiró la reforma de 2007, los legisladores dieron un paso adicional en busca de la equidad en los medios. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, será causal de anulación de las elecciones la cobertura informativa indebida, entendida como un delito consistente en que, en un determinado espacio noticioso, “sea evidente que, por su carácter reiterativo y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio informativo”.

Más adelante se aclara que “no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”. Por un lado, se penaliza lo que, a juicio de la autoridad, se considere un manejo informativo orientado a influir; por otro lado, se refrenda el principio de la libertad de expresión. La ambigüedad es evidente.

Pero en adición a los temas de fondo relacionados con la libertad de expresión y la capacidad de decisión de los ciudadanos, en un nivel operativo, los retos son enormes. No solo por la abrumadora cantidad de spots y contenidos de medios que la autoridad electoral deberá monitorear; también será complejo el manejo de temas tan específicos como los bloqueos por estación.

Aunque técnicamente es posible, lo cierto es que para los concesionarios es sumamente difícil y costoso impedir que, por ejemplo, los spots de los candidatos de un municipio no puedan ser captados en municipios contiguos. Por tal motivo, a pesar de la inconformidad de los representantes partidarios, en el Acuerdo del 24 de noviembre, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) expidió el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se aprobó, por mayoría de 10 votos contra uno, no exigir a los concesionarios de radio y televisión, la realización de bloqueos por estación.

En relación con la fiscalización, el desafío es igualmente enorme. El INE recibió de la nueva normatividad el mandato de fiscalizar todas las campañas, locales y federales, lo que significa la presentación de 76 mil informes de partidos.

Las nuevas disposiciones del Instituto Nacional Electoral establecen que rebasar el tope de gastos por campaña es una causal de nulidad de la elección

Esto multiplica 13 veces la cantidad de informes que se presentaban en el pasado con el agravante de reducir los plazos de revisión a una tercera parte del tiempo antes considerado. Sin embargo, el cumplimiento cabal del cometido es vital, ya que la función primordial de una fiscalización eficiente es impedir o, al menos, reducir a su mínima expresión, las posibilidades de financiamiento ilegal, sobre todo el proveniente del crimen organizado.

En las nuevas disposiciones se establece que rebasar el tope por gastos de campaña es una causal de nulidad de la elección que se trate. Si un candidato excede 5% el monto total autorizado, se anulará su triunfo y no podrá competir en la elección siguiente. De igual manera se aplicará la nulidad cuando reciban o hagan uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Debido a lo anterior, y de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General, se establecerá un sistema de Contabilidad en línea que permitirá revisiones en tiempo real; también se limitará el uso de monederos electrónicos y se impedirá que partidos políticos, candidatos y precandidatos “acomoden” sus gastos con el objetivo de engañar a la autoridad.

Asimismo, en el Reglamento se incluyen mecanismos para valorar de manera objetiva los precios reportados por los partidos y múltiples disposiciones para desincentivar los gastos no reportados; para tal efecto, se crea el Registro Nacional de Proveedores, que permitirá verificar con qué sujetos se celebran contratos para evitar recursos ilícitos procedentes de la delincuencia organizada.

El éxito del modelo de fiscalización de los gastos electorales es un requisito indispensable en la recuperación de la confianza en el sistema de partidos. El escepticismo y el resentimiento que se ha apoderado de muchos ciudadanos solo pueden afrontarse con elecciones ejemplares durante 2015, que reflejen que la clase política ha entendido el mensaje y busca la reconciliación con los electores.

Sin embargo, el problema práctico es que, en virtud de una tendencia perversa a incrementar los gastos de campaña, los topes de gastos aprobados por el INE (1’209,528 pesos para candidatos a diputados federales) ya provocaron la crítica de los partidos, pues los consideran insuficientes para una campaña de 90 días.

Se perfila así el escenario altamente probable de candidatos que buscarán rebasar dicho límite, hecho que, a su vez, planteará al INE el enorme reto de anular el resultado de la elección con todos los costos políticos que ello implica.

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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